Las élites “extractivas” » Una teoría de la clase política española César Molinas
10 SEP 2012 - 01:34 CET1588
En este artículo propongo una teoría de la clase política española para
argumentar la necesidad imperiosa y urgente de cambiar nuestro sistema
electoral para adoptar un sistema mayoritario. La teoría se refiere al
comportamiento de un colectivo y, por tanto, no admite interpretaciones
en términos de comportamientos individuales. ¿Por qué una teoría? Por
dos razones. En primer lugar porque una teoría, si es buena, permite
conectar sucesos aparentemente inconexos y explicar sucesos
aparentemente inexplicables. Es decir, dar sentido a cosas que antes no
lo tenían. Y, en segundo lugar, porque de una buena teoría pueden
extraerse predicciones útiles sobre lo que ocurrirá en el futuro.
Empezando por lo primero, una buena teoría de la clase política española
debería explicar, por lo menos, los siguientes puntos:
1. ¿Cómo es posible que, tras cinco años de iniciada la crisis, ningún
partido político tenga un diagnóstico coherente de lo que le está
pasando a España?
2. ¿Cómo es posible que ningún partido político tenga una estrategia o
un plan a largo plazo creíble para sacar a España de la crisis? ¿Cómo es
posible que la clase política española parezca genéticamente incapaz de
planificar?
3. ¿Cómo es posible que la clase política española sea incapaz de ser
ejemplar? ¿Cómo es posible que nadie-salvo el Rey y por motivos propios-
haya pedido disculpas?
4. ¿Cómo es posible que la estrategia de futuro más obvia para España
-la mejora de la educación, el fomento de la innovación, el desarrollo y
el emprendimiento y el apoyo a la investigación- sea no ya ignorada,
sino masacrada con recortes por los partidos políticos mayoritarios?
En lo que sigue, argumento que la clase política española ha
desarrollado en las últimas décadas un interés particular, sostenido por
un sistema de captura de rentas, que se sitúa por encima del interés
general de la nación. En este sentido forma una élite extractiva, según
la terminología popularizada por Acemoglu y Robinson. Los políticos
españoles son los principales responsables de la burbuja inmobiliaria,
del colapso de las cajas de ahorro, de la burbuja de las energías
renovables y de la burbuja de las infraestructuras innecesarias. Estos
procesos han llevado a España a los rescates europeos, resistidos de
forma numantina por nuestra clase política porque obligan a hacer
reformas que erosionan su interés particular. Una reforma legal que
implantase un sistema electoral mayoritario provocaría que los cargos
electos fuesen responsables ante sus votantes en vez de serlo ante la
cúpula de su partido, daría un vuelco muy positivo a la democracia
española y facilitaría el proceso de reforma estructural. Empezaré
haciendo una breve historia de nuestra clase política. A continuación la
caracterizaré como una generadora compulsiva de burbujas. En tercer
lugar explicitaré una teoría de la clase política española. En cuarto
lugar usaré esta teoría para predecir que nuestros políticos pueden
preferir salir del euro antes que hacer las reformas necesarias para
permanecer en él. Por último propondré cambiar nuestro sistema electoral
proporcional por uno mayoritario, del tipo first-past-the-post, como
medio de cambiar nuestra clase política.
La historia Los políticos de la Transición tenían procedencias muy
diversas: unos venían del franquismo, otros del exilio y otros estaban
en la oposición ilegal del interior. No tenían ni espíritu de gremio ni
un interés particular como colectivo. Muchos de ellos no se veían a sí
mismos como políticos profesionales y, de hecho, muchos no lo fueron
nunca. Estos políticos tomaron dos decisiones trascendentales que dieron
forma a la clase política que les sucedió. La primera fue adoptar un
sistema electoral proporcional corregido, con listas electorales
cerradas y bloqueadas. El objetivo era consolidar el sistema de partidos
políticos fortaleciendo el poder interno de sus dirigentes, algo que
entonces, en el marco de una democracia incipiente y dubitativa, parecía
razonable.
La segunda decisión, cuyo éxito se condicionaba al de la primera, fue
descentralizar fuertemente el Estado, adoptando la versión café para
todos del Estado de las autonomías. Los peligros de una
descentralización excesiva, que eran evidentes, se debían conjurar a
partir del papel vertebrador que tendrían los grandes partidos políticos
nacionales, cohesionados por el fuerte poder de sus cúpulas. El plan,
por aquel entonces, parecía sensato.
Pero, tal y como le ocurrió al Dr. Frankenstein, lo que creó al monstruo
no fue el plan, que no era malo, sino su implementación. Por una serie
de infortunios, a la criatura de Frankenstein se le acabó implantando el
cerebro equivocado. Por una serie de imponderables, a la joven
democracia española se le acabó implantando una clase política
profesional que rápidamente devino disfuncional y monstruosa. Matt
Taibbi, en su célebre artículo de 2009 en Rolling Stone sobre Goldman
Sachs “La gran máquina americana de hacer burbujas” comparaba al banco
de inversión con un gran calamar vampiro abrazado a la cara de la
humanidad que va creando una burbuja tras otra para succionar de ellas
todo el dinero posible. Más adelante propondré un símil parecido para la
actual clase política española, pero antes conviene analizar cuáles han
sido los cuatro imponderables que han acabado generando a nuestro
monstruo.
En primer lugar, el sistema electoral proporcional, con listas cerradas y
bloqueadas, ha creado una clase política profesional muy distinta de la
que protagonizó la Transición. Desde hace ya tiempo, los cachorros de
las juventudes de los diversos partidos políticos acceden a las listas
electorales y a otras prebendas por el exclusivo mérito de fidelidad a
las cúpulas. Este sistema ha terminado por convertir a los partidos en
estancias cerradas llenas de gente en las que, a pesar de lo cargado de
la atmósfera, nadie se atreve a abrir las ventanas. No pasa el aire, no
fluyen las ideas, y casi nadie en la habitación tiene un conocimiento
personal directo de la sociedad civil o de la economía real. La política
y sus aledaños se han convertido en un modus vivendi que alterna cargos
oficiales con enchufes en empresas, fundaciones y organismos públicos
y, también, con canonjías en empresas privadas reguladas que dependen
del BOE para prosperar.
En segundo lugar, la descentralización del Estado, que comenzó a
principios de los 80, fue mucho más allá de lo que era imaginable cuando
se aprobó la Constitución. Como señala Enric Juliana en su reciente
libro Modesta España, el Estado de las autonomías inicialmente previsto,
que presumía una descentralización controlada de “arriba a abajo”, se
vio rápidamente desbordado por un movimiento de “abajo a arriba”
liderado por élites locales que, al grito de “¡no vamos a ser menos!”,
acabó imponiendo la versión de café para todos del Estado autonómico.
¿Quiénes eran y qué querían estas élites locales? A pesar de ser muy
lampedusiano, Juliana se limita a señalar a “un democratismo
pequeñoburgués que surge desde abajo”. Eso es, sin duda, verdad. Pero,
adicionalmente, es fácil imaginar que los beneficiarios de los sistemas
clientelares y caciquiles implantados en la España de provincias desde
1833, miraban al nuevo régimen democrático con preocupación e
incertidumbre, lo que les pudo llevar, en muchos casos, a apuntarse a
“cambiarlo todo para que todo siga igual” y a ponerse en cabeza de la
manifestación descentralizadora. Como resultante de estas fuerzas, se
produjo un crecimiento vertiginoso de las Administraciones Públicas: 17
administraciones y gobiernos autonómicos, 17 parlamentos y miles
-literalmente miles- de nuevas empresas y organismos públicos
territoriales cuyo objetivo último en muchos casos, era generar nóminas y
dietas. En ausencia de procedimientos establecidos para seleccionar
plantillas, los políticos colocaron en las nuevas administraciones y
organismos a deudos, familiares, nepotes y camaradas, lo que llevó a una
estructura clientelar y politizada de las administraciones
territoriales que era inimaginable cuando se diseñó la Constitución. A
partir de una Administración hipertrofiada, la nueva clase política se
había asegurado un sistema de captura de rentas -es decir un sistema que
no crea riqueza nueva, sino que se apodera de la ya creada por otros-
por cuyas alcantarillas circulaba la financiación de los partidos.
En tercer lugar, llegó la gran sorpresa. El poder dentro de los partidos
políticos se descentralizó a un ritmo todavía más rápido que las
Administraciones Públicas. La idea de que la España autonómica podía ser
vertebrada por los dos grandes partidos mayoritarios saltó hecha añicos
cuando los llamados barones territoriales adquirieron bases de poder de
“abajo a arriba” y se convirtieron, en la mejor tradición del conde de
Warwick, en los hacedores de reyes de sus respectivos partidos. En este
imprevisto contexto, se aceleró la descentralización del control y la
supervisión de las Cajas de Ahorro. Las comunidades autónomas se
apresuraron a aprobar sus propias leyes de Cajas y, una vez asegurado su
control, poblaron los consejos de administración y cargos directivos
con políticos, sindicalistas, amigos y compinches. Por si esto fuera
poco, las Cajas tuteladas por los gobiernos autonómicos hicieron
proliferar empresas, organismos y fundaciones filiales, en muchas
ocasiones sin objetivos claros aparte del de generar más dietas y más
nóminas.
Y en cuarto lugar, aunque la lista podría prolongarse, la clase política
española se ha dedicado a colonizar ámbitos que no son propios de la
política como, por ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivo, el Tribunal
Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de
España, la CNMV, los reguladores sectoriales de energía y
telecomunicaciones, la Comisión de la Competencia… El sistema
democrático y el Estado de derecho necesitan que estos organismos, que
son los encargados de aplicar la Ley, sean independientes. La
politización a la que han sido sometidos ha terminado con su
independencia, provocando una profunda deslegitimación de estas
instituciones y un severo deterioro de nuestro sistema político. Pero es
que hay más. Al tiempo que invadía ámbitos ajenos, la política española
abandonaba el ámbito que le es propio: el Parlamento.
El Congreso de los Diputados no es solo el lugar donde se elaboran las
leyes; es también la institución que debe exigir la rendición de
cuentas. Esta función del Parlamento, esencial en cualquier democracia,
ha desaparecido por completo de la vida política española desde hace
muchos años. La quiebra de Bankia, escenificada en la pantomima grotesca
de las comparecencias parlamentarias del pasado mes de julio, es sólo
el último de una larga serie de casos que el Congreso de los Diputados
ha decidido tratar como si fuesen catástrofes naturales, como un
terremoto, por ejemplo, en el que aunque haya víctimas no hay
responsables. No debería sorprender, desde esta perspectiva, que los
diputados no frecuenten la Carrera de San Jerónimo: hay allí muy poco
que hacer.
Las burbujas Los cuatro procesos descritos en los párrafos anteriores
han conformado un sistema político en el que las instituciones están, en
el mal sentido de la palabra, excesivamente politizadas y en el que
nadie acaba siendo responsable de sus actos porque nunca se exige en
serio rendición de cuentas. Nadie dentro del sistema pone en cuestión
los mecanismos de capturas de rentas que constituyen el interés
particular de la clase política española. Este es el contexto en el que
se desarrollaron no sólo la burbuja inmobiliaria y el saqueo y quiebra
de la gran mayoría de las Cajas de Ahorro, sino también otras
“catástrofes naturales”, otros “actos de Dios”, a cuya generación tan
adictos son nuestros políticos. Porque, como el gran calamar de Taibbi,
la clase política española genera burbujas de manera compulsiva. Y lo
hace no tanto por ignorancia o por incompetencia como porque en todas
ellas captura rentas. Hagamos, sin pretensión alguna de exhaustividad,
un brevísimo repaso de las principales tropelías impunes de las últimas
dos décadas: la burbuja inmobiliaria, las Cajas de Ahorro, las energías
renovables y las nuevas autopistas de peaje.
La burbuja inmobiliaria española fue, en términos relativos, la mayor de
las tres que estuvieron en el origen de la actual crisis global, siendo
las otras dos la estadounidense y la irlandesa. No hay duda de que,
como las demás, estuvo alimentada por los bajos tipos de interés y por
los desequilibrios macroeconómicos a escala mundial. Pero, dicho esto,
al contrario de lo que sucede en EE UU, las decisiones sobre qué se
construye y dónde se construye en España se toman en el ámbito político.
Aquí no se puede hablar de pecados por omisión, de olvido del principio
de que los gestores públicos deben gestionar como diligentes padres de
familia. No. En España la clase política ha inflado la burbuja
inmobiliaria por acción directa, no por omisión ni por olvido. Los
planes urbanísticos se fraguan en complejas y opacas negociaciones de
las que, además de nuevas construcciones, surgen la financiación de los
partidos políticos y numerosas fortunas personales, tanto entre los
recalificados como entre los recalificadores. Por si el poder de los
políticos –decidir el qué y el dónde- no fuese suficiente, la
transmisión del control de las Cajas de Ahorro a las comunidades
autónomas añadió a los dos anteriores el poder de decisión sobre el
quién, es decir, el poder de decisión sobre quién tenía financiación de
la Caja de turno para ponerse a construir.
Esto supuso un salto cualitativo en la capacidad de captura de rentas de
la clase política española, acercándola todavía más a la estrategia del
calamar vampiro de Taibbi. Primero se infla la burbuja, a continuación
se capturan todas las rentas posibles y, por último, a la que la burbuja
pincha… ¡ahí queda eso! El panorama, cinco años después del pinchazo de
la burbuja, no puede ser más desolador. La economía española no crecerá
durante muchos años más. Y las Cajas de Ahorro han desaparecido, la
gran mayoría por insolvencia o quiebra técnica. ¡Ahí queda eso!
Las otras dos burbujas que mencionaré son resultado de la peculiar
simbiosis de nuestra clase política con el “capitalismo castizo”, es
decir, con el capitalismo español que vive del favor del Boletín Oficial
del Estado. En una reunión reciente, un conocido inversor extranjero lo
llamó “relación incestuosa”; otro, nacional, habló de “colusión contra
consumidores y contribuyentes”. Sea lo que sea, recordemos en primer
lugar la burbuja de las energías renovables. España representa un 2% del
PIB mundial y está pagando el 15% del total global de las primas a las
energías renovables. Este dislate, presentado en su día como una apuesta
por situarse en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático,
es un sinsentido que España no se puede permitir. Pero estas primas
generan muchas rentas y prebendas capturadas por la clase política y,
también hay que decirlo, mucho fraude y mucha corrupción a todos los
niveles de la política y de la Administración. Para financiar las
primas, las empresas y familias españolas pagan la electricidad más cara
de Europa, lo que supone una grave merma de competitividad para nuestra
economía. A pesar de esos precios exagerados, y de que la generación
eléctrica tiene un exceso de capacidad de más del 30%, el sistema
eléctrico español ostenta un déficit tarifario de varios miles de
millones de euros al año y más de 24.000 millones de deuda acumulada que
nadie sabe cómo pagar. La burbuja de las renovables ha pinchado y… ¡ahí
queda eso!
La última burbuja que traeré a colación, aunque la lista es más larga
(fútbol, televisiones…), es la formada por las innumerables
infraestructuras innecesarias construidas en las últimas dos décadas a
costes astronómicos para beneficio de constructores y perjuicio de
contribuyentes.
Uno de los casos más chirriantes es el de las autopistas radiales de
Madrid, pero hay muchísimos más. Las radiales, que pretendían
descongestionar los accesos a Madrid, se diseñaron y construyeron
haciendo dejación de principios muy importantes de prudencia y buena
administración. Para empezar, se hicieron unas previsiones temerarias
del tráfico que dichas autopistas iban a tener. En la actualidad el
tráfico no supera el 30% de lo previsto. Y no es por la crisis: en los
años del boom tampoco había tráfico. A continuación
¿incomprensiblemente? el Gobierno permitió que los constructores y los
concesionarios fuesen, esencialmente, los mismos. Esto es un disparate,
porque al disfrazarse los constructores de concesionarios mediante unas
sociedades con muy poco capital y mucha deuda, se facilitaba que pasara
lo que acabó pasando: los constructores cobraron de las concesionarias
por construir las autopistas y, al constatarse que no había tráfico,
amenazaron con dejarlas quebrar. Los principales acreedores eran ¡oh
sorpresa! las Cajas de Ahorro. Los más de 3.000 millones de deuda nadie
sabe cómo pagarlos y acabarán recayendo sobre el contribuyente pero, en
cualquier caso, ¡ahí queda eso!
La teoría Termino aquí la parte descriptiva de este artículo en la que
he resumido unos pocos “hechos estilizados” que considero
representativos del comportamiento colectivo, no necesariamente
individual, y esto es importante recordarlo, de los políticos españoles.
Paso ahora a formular una teoría de la clase política española como
grupo de interés.
El enunciado de la teoría es muy simple. La clase política española no
sólo se ha constituido en un grupo de interés particular, como los
controladores aéreos, por poner un ejemplo, sino que ha dado un paso
más, consolidándose como una élite extractiva, en el sentido que dan a
este término Acemoglu y Robinson en su reciente y ya célebre libro Por
qué fracasan las naciones.
Una élite extractiva se caracteriza por: "Tener un sistema de captura de
rentas que permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la
mayoría de la población en beneficio propio".
"Tener el poder suficiente para impedir un sistema institucional
inclusivo, es decir, un sistema que distribuya el poder político y
económico de manera amplia, que respete el Estado de derecho y las
reglas del mercado libre. Dicho de otro modo, tener el poder suficiente
para condicionar el funcionamiento de una sociedad abierta -en el
sentido de Popper- u optimista -en el sentido de Deutsch".
"Abominar la 'destrucción creativa', que caracteriza al capitalismo más
dinámico. En palabras de Schumpeter "la destrucción creativa es la
revolución incesante de la estructura económica desde dentro,
continuamente destruyendo lo antiguo y creando lo nuevo". Este proceso
de destrucción creativa es el rasgo esencial del capitalismo.”Una élite
extractiva abomina, además, cualquier proceso innovador lo
suficientemente amplio como para acabar creando nuevos núcleos de poder
económico, social o político".
Con la navaja de Occam en la mano, si esta sencilla teoría tiene poder
explicativo, será imbatible. ¿Qué tiene que decir sobre las cuatro
preguntas que se le han planteado al principio del artículo? Veamos:
La clase política española, como élite extractiva, no puede tener un
diagnóstico razonable de la crisis. Han sido sus mecanismos de captura
de rentas los que la han provocado y eso, claro está, no lo pueden
decir. Cierto, hay una crisis económica y financiera global, pero eso no
explica seis millones de parados, un sistema financiero parcialmente
quebrado y un sector público que no puede hacer frente a sus compromisos
de pago. La clase política española tiene que defender, como está
haciendo de manera unánime, que la crisis es un acto de Dios, algo que
viene de fuera, imprevisible por naturaleza y ante lo cual sólo cabe la
resignación.
La clase política española, como élite extractiva, no puede tener otra
estrategia de salida de la crisis distinta a la de esperar que escampe
la tormenta. Cualquier plan a largo plazo, para ser creíble, tiene que
incluir el desmantelamiento, por lo menos en parte, de los mecanismos de
captura de rentas de los que se beneficia. Y eso, por supuesto, no se
plantea.
¿Pidieron perdón los controladores aéreos por sus desmanes? No, porque
consideran que defendían su interés particular. ¿Alguien ha oído alguna
disculpa de algún político por la situación en la que está España? No,
ni la oirá, por la misma razón que los controladores. ¿Cómo es que, como
medida ejemplarizante, no se ha planteado en serio la abolición del
Senado, de las diputaciones, la reducción del número de ayuntamientos…?
Pues porque, caídas las Cajas de Ahorro -y ante las dificultades
presentes para generar nuevas burbujas- la defensa de las rentas
capturadas restantes se lleva a ultranza.
Tal y como establece la teoría de las élites extractivas, los partidos
políticos españoles comparten un gran desprecio por la educación, una
fuerte animadversión por la innovación y el emprendimiento y una
hostilidad total hacia la ciencia y la investigación. De la educación
sólo parece interesarles el adoctrinamiento: las estridentes peleas
sobre la Educación para la Ciudadanía contrastan con el silencio espeso
que envuelve las cuestiones verdaderamente relevantes como, por ejemplo,
el elevadísimo fracaso escolar o los lamentables resultados en los
informes PISA.
La innovación y el emprendimiento languidecen en el marco de
regulaciones disuasorias y fiscalidades punitivas sin que ningún partido
se tome en serio la necesidad de cambiarlas. Y el gasto en
investigación científica, concebido como suntuario de manera casi
unánime, se ha recortado con especial saña sin que ni un solo político
relevante haya protestado por un disparate que compromete más que ningún
otro el futuro de los españoles.
La teoría de las élites extractivas, por lo visto hasta aquí, parece dar
sentido a bastantes rasgos llamativos del comportamiento de la clase
política española. Veamos qué nos dice sobre el futuro.
La predicción La crisis ha acentuado el conflicto entre el interés
particular de la clase política española y el interés general de España.
Las reformas necesarias para permanecer en el euro chocan frontalmente
con los mecanismos de captura de rentas que sostienen dicho interés
particular. Por una parte, la estabilidad presupuestaria va a requerir
una reducción estructural del gasto de las Administraciones públicas
superior a los 50 millardos de euros, un 5% del PIB. Esto no puede
conseguirse con más recortes coyunturales: hacen falta reformas en
profundidad que, de momento, están inéditas. Se tiene que reducir
drásticamente el sector público empresarial, esa zona gris entre la
Administración y el sector privado, que, con sus muchos miles de
empresas, organismos y fundaciones, constituye una de las principales
fuentes de rentas capturadas por la clase política. Por otra parte, para
volver a crecer, la economía española tiene que ganar competitividad.
Para eso hacen falta muchas más reformas para abrir más sectores a la
competencia, especialmente en el mencionado sector público empresarial y
en sectores regulados. Esto debería hacer más difícil seguir creando
burbujas en la economía española.
La infinita desgana con la que nuestra clase política está abordando el
proceso reformista ilustra bien que, colectivamente al menos, barrunta
las consecuencias que las reformas pueden tener sobre su interés
particular. La única reforma llevada a término por iniciativa propia, la
del mercado de trabajo, no afecta directamente a los mecanismos de
captura de rentas. Las que sí lo hacen, exigidas por la UE como, por
ejemplo, la consolidación fiscal, no se han aplicado. Deliberadamente,
el Gobierno confunde reformas con recortes y subidas de impuestos y
ofrece los segundos en vez de las primeras, con la esperanza de que la
tempestad amaine por sí misma y, al final, no haya que cambiar nada
esencial. Como eso no va a ocurrir, en algún momento la clase política
española se tendrá que plantear el dilema de aplicar las reformas en
serio o abandonar el euro. Y esto, creo yo, ocurrirá más pronto que
tarde.
La teoría de las élites extractivas predice que el interés particular
tenderá a prevalecer sobre el interés general. Yo veo probable que en
los dos partidos mayoritarios españoles crezca muy deprisa el
sentimiento “pro peseta”.
De hecho, ya hay en ambos partidos cabezas de fila visibles de esta
corriente. La confusión inducida entre recortes y reformas tiene la
consecuencia perversa de que la población no percibe las ventajas a
largo plazo de las reformas y sí experimenta el dolor a corto plazo de
los recortes que, invariablemente, se presentan como una imposición
extranjera. De este modo se crea el caldo de cultivo necesario para,
cuando las circunstancias sean propicias, presentar una salida del euro
como una defensa de la soberanía nacional ante la agresión exterior que
impone recortes insufribles al Estado de bienestar. También, por poner
un ejemplo, los controladores aéreos presentaban la defensa de su
interés particular como una defensa de la seguridad del tráfico aéreo.
La situación actual recuerda mucho a lo ocurrido hace casi dos siglos
cuando, en 1814, Fernando VII – El Deseado- aplastó la posibilidad de
modernización de España surgida de la Constitución de 1812 mientras el
pueblo español le jaleaba al grito de ¡vivan las “caenas”! Por supuesto
que al Deseado actual –llámese Mariano, Alfredo u otra cosa- habría que
jalearle incorporando la vigente sensibilidad autonómica, utilizando
gritos del tipo ¡viva Gürtel! ¡vivan los ERE de Andalucía! ¡visca el
Palau de la Música Catalana! Pero, en cualquier caso, las diferencias
serían más de forma que de fondo.
Una salida del euro, tanto si es por iniciativa propia como si es porque
los países del norte se hartan de convivir con los del sur, sería
desastrosa para España. Implicaría, como acertadamente señalaron Jesús
Fernández-Villaverde, Luis Garicano y Tano Santos en EL PAÍS el pasado
mes de junio, no sólo una vuelta a la España de los 50 en lo económico,
sino un retorno al caciquismo y a la corrupción en lo político y en lo
social que llevaría a fechas muy anteriores y que superaría con mucho a
la situación actual, que ya es muy mala. El calamar vampiro, reducido a
chipirón, sería cabeza de ratón en vez de cola de león, pero eso nuestra
clase política lo ve como un mal menor frente a la alternativa del
harakiri que suponen las reformas. Los liberales, como en 1814, serían
masacrados –de hecho, en los dos partidos mayoritarios, ya se observan
movimientos en esa dirección.
El peligro de que todo esto acabe ocurriendo en un plazo relativamente
corto es, en mi opinión, muy significativo. ¿Se puede hacer algo por
evitarlo? Lamentablemente, no mucho, aparte de seguir publicando
artículos como éste.
Como muestran todos los sondeos, el desprestigio de la clase política
española es inmenso, pero no tiene alternativa a corto plazo. A más
largo plazo, como explico a continuación, sí la tiene.
Cambiar el sistema electoral La clase política española, como hemos
visto en este artículo, es producto de varios factores entre los que
destaca el sistema electoral proporcional, con listas cerradas y
bloqueadas confeccionadas por las cúpulas de los partidos políticos.
Este sistema da un poder inmenso a los dirigentes de los partidos y ha
acabado produciendo una clase política disfuncional. No existe un
sistema electoral perfecto -todos tienen ventajas e inconvenientes-
pero, por todo lo expuesto hasta aquí, en España se tendría que cambiar
de sistema con el objetivo de conseguir una clase política más
funcional. Los sistemas mayoritarios producen cargos electos que
responden ante sus electores, en vez de hacerlo de manera exclusiva ante
sus dirigentes partidarios. Como consecuencia, las cúpulas de los
partidos tienen menos poder que las que surgen de un sistema
proporcional y la representatividad que dan de las urnas está menos
mediatizada. Hasta aquí todo son ventajas. También hay inconvenientes.
Un sistema proporcional acaba dando escaños a partidos minoritarios que
podrían no obtener ninguno con un sistema mayoritario. Esto perjudicaría
a partidos minoritarios de base estatal, pero beneficiaría a partidos
minoritarios de base regional. En cualquier caso, el rasgo relevante de
un sistema mayoritario es que el electorado tiene poder de decisión no
solo sobre los partidos sino también sobre las personas que salen
elegidas y eso, en España, es ahora una necesidad perentoria que
compensa con creces los inconvenientes que el sistema pueda tener.
Un sistema mayoritario no es bálsamo de Fierabrás que cure al instante
cualquier herida. Pero es muy probable que generase una clase política
diferente, más adecuada a las necesidades de España. En Italia es
inminente una propuesta de ley para cambiar el actual sistema
proporcional por uno mayoritario corregido: dos tercios de los escaños
se votarían en colegios uninominales y el tercio restante en listas
cerradas en las que los escaños se distribuirían proporcionalmente a los
votos obtenidos.
Parece ser que el Gobierno “técnico” de Monti ha llegado a conclusiones
similares a las que defiendo yo aquí: sin cambiar a una clase política
disfuncional no puede abordarse un programa reformista ambicioso. Y es
que, como le oí decir una vez a Carlos Solchaga, un “técnico” es un
político que, además, sabe de algo. ¿Para cuándo una reforma electoral
en España? ¿Habrá que esperar a que lleguen los “técnicos”?
César Molinas publicará en 2013 un libro titulado “¿Qué hacer con España?”.
Este artículo corresponde a uno de sus capítulos.
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