Suiza quiere que los defraudadores fiscales españoles con cuentas en su
país continúen operando en el anonimato. Para ello ha ofrecido a España
un pacto que consiste en garantizar esa privacidad a cambio de dinero.
La oferta fue trasladada por el jefe de la diplomacia helvética, Didier
Burkhalter al ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo,
durante la reunión que ambos mantuvieron en Madrid el pasado día 8.
Lo que Suiza propone a España es la firma de un Acuerdo Rubik a través
del cual el país alpino paga a las haciendas extranjeras los impuestos
derivados de las inversiones de sus ciudadanos en la banca helvética,
pero mantiene la confidencialidad de los nombres. El encuentro entre los
máximos representantes de la diplomacia de ambos paises no ha tenido
(hasta la fecha) ninguna repercusión en la prensa española pero sí ha
sido recogido por los diarios de aquel país.
En la nota de prensa del Ministerio sobre la reunión, no aparece ninguna referencia a asuntos fiscales.
Según la crónica del rotativo Le Matin, España estaría interesada en
firmar un Acuerdo Rubik al término del actual periodo de amnistía fiscal
a finales de noviembre. Según información de los medios suizos, aquel
país toma nota del interés español y de los plazos derivados de esa
amnistía fiscal en curso.
Dicho de otro modo, si España acepta firmar el Acuerdo Rubik estaría
subcontratando su política fiscal a la banca suiza. España cobraría un
dinero al que no consigue acceder por otras vías pero nunca podría saber
qué empresas o particulares están defraudando. Este tipo de acuerdos,
según la prensa local, cuentan con el respaldo de la Asociación Suiza de
Banqueros y la Asociación de Bancos Extranjeros en Suiza.
La banca suiza impulsa este tipo de acuerdos para evitar una fuga de
capitales si la crisis continúa invitando a los gobiernos a investigar a
los defraudadores con cuentas en sus bancos. De este modo, Suiza ofrece
una pequeña cantidad de dinero a cambio de silencio y tranquilidad para
sus clientes.
Austria, Reino Unido y Alemania ya han firmado acuerdos similares con el
país helvético, que ahora tiene entre sus prioridades extender estos
acuerdos a Italia, Grecia y España. En el caso alemán la contestación ha
sido muy fuerte y ha estado encabezada por socialdemócratas y verdes
que rechazan el acuerdo al considerar que constituye un premio a los
defraudadores.
El caso Falciani
Otro de los asuntos que estuvo sobre la mesa de trabajo de los ministros
de Exteriores español y suizo fue, según Le Matin, el caso Falciani.
Hervé Falciani es un extrabajador del HSBC que en 2006 se hizo con los
datos de 130.000 presuntos defraudadores. Gracias a la información
facilitada por Falciani a los distintos gobiernos, España pudo revisar
cerca de 3.000 cuentas, localizar a casi 700 defraudadores y recuperar
una cantidad que se acerca a los 6.000 millones de euros, según fuentes
de Hacienda.
Sin embargo, Falciani se encuentra en una cárcel española a la espera de
que la Audiencia Nacional y posteriormente el Consejo de Ministros
decidan sobre su extradición a Suiza, que le reclama por un delito de
vulneración del secreto bancario, un tipo penal que en nuestro país no
existe. Más bien al contrario, la legislación española obliga a
denunciar cualquier indicio de blanqueo.
Según la prensa suiza, Margallo se limitó a trasladarle a su homólogo
suizo que la situación de Falciani está en manos de la justicia y que
sobre ella no hay ningún tipo de consideraciones políticas. El ministro
español evitó un detalle: es el Gobierno de Rajoy quien tendrá la última
palabra sobre la extradición del informático al país de la banca opaca.
Falciani fue detenido en Barcelona en julio de este año. La policía
solicitó en un control rutinario la documentación de la tripulación de
un barco que, procedente de Francia, acababa de llegar al puerto de la
Ciudad Condal. Al comprobar la documentación del suizo saltaron las
alarmas ya que sobre él pesaba una orden de detención internacional
dictada por Suiza.
En la lista de nombres facilitados por Falciani figuran algunos tan
conocidos como los del banquero Emilio Botín o el de su hija Ana
Patricia. Ante el temor de que los delitos fiscales de Botín pudieran
prescribir en 2010, Anticorrupción denunció a Botín ante la Audiencia
Nacional por un presunto delito fiscal. El juez Fernando Andreu decidió
archivar la causa tras comprobar que el banquero había abonado lo que
debía, una vez que Falciani puso sus cuentas al descubierto. El
presidente del Banco Santander había regularizado su situación con un
ingreso de 200 millones de euros a la Hacienda española.
En la actualidad Falciani se encuentra recluido en prisión preventiva en
Valdemoro (Madrid) y a la espera de que la Audiencia Nacional decida
qué hacer con su solicitud de extradición. Cuando el tribunal tome una
decisión, la última palabra la tendrá el Consejo de Ministros.
Suiza ofrece a España alternativas para prorrogar la amnistía fiscal a los defraudadores
A ver, un momento... resulta que en hispanistán, si cometes un delito vas a
juicio. A no ser que te llames Botín. Entonces, si te das prisa y
devuelves algo de lo robado, no es que el juez te procese y tenga en
cuenta que has reparado daño etc... NO, DIRECTAMENTE EL DELITO DEJA DE
EXISTIR.
¿A que huele la justicia en hispanistán?
No hay comentarios:
Publicar un comentario