A la espera del auditor de Bankia | Economía | EL PAÍS
La clave está en el informe de auditoría. El juez Fernando Andreu, que
instruye el caso Bankia, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación (UPyD
y 15M) esperan con especial interés la declaración del socio de
Deloitte, Francisco Celma, responsable de analizar y validar los
balances del grupo financiero. Confían en que aclare por qué las cuentas de 2011 pasaron de arrojar un beneficio de 305 millones a unas pérdidas de 2.979 millones en unos pocos días. Y, sobre todo, por qué se retrasó el informe hasta superar el plazo legal, lo que forzó que la entidad fuera nacionalizada.
Varios de los consejeros imputados en el caso culpan al auditor de ocultar el desfase en las cuentas. Según
declaró el pasado lunes ante el juez, Araceli Mora, consejera
independiente y miembro de la comisión de auditoría de la entidad,
Francisco Celma justificó el aplazamiento del informe porque el
expresidente de Bankia Rodrigo Rato estaba en “negociaciones” sobre el
futuro del banco. Mora, catedrática de Economía de la Universidad de
Valencia, aseguró que comenzó a sospechar de que algo extraño ocurría
con las cuentas el 25 de abril cuando telefoneó varias veces al auditor
sin obtener respuesta alguna.
Una semana después, el 3 de mayo, el consejo de administración de
Bankia, que presidía Rato, aprobó las cuentas con un beneficio de 305
millones. Pero los estados financieros no iban
acompañados por el pertinente informe de auditoría. Tampoco se presentó
al día siguiente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
como es obligatorio. Mora llamó al auditor para pedirle explicaciones.
“Tú sabrás, que estáis en negociaciones”, contó la consejera que
le respondió el socio auditor. El juez se propone conocer el contenido
de esas negociaciones. Por eso, fuentes de la Audiencia califican la
declaración de esta consejera independiente como clave en la
investigación.
Unas 24 horas después Rato presentó la dimisión. Y dos semanas más
tarde, el nuevo presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri,
reformuló las cuentas de 2011: que pasaron a arrojar pérdidas por 2.979
millones, lo que obligó a Bankia a pedir ayudas públicas por 19.000
millones. Mora considera que esta modificación no debería justificarse
por la nueva reforma del sector financiero del Gobierno, que obligaba a
realizar nuevas provisiones. “No puede aplicarse con carácter
retroactivo”, indicó la consejera. Mora dimitió el 25 de mayo para no
aprobar las nuevas cuentas reformuladas ese mismo día.
Los discusiones entre Deloitte y Rato se centraron en dos grandes
problemas: el Banco Financiero y de Ahorro (BFA), la matriz de Bankia,
tenía valorada su filial en 12.000 millones cuando en Bolsa valía 2.000
millones. El auditor sostenía que era una valoración irreal y reclamó
que se ajustara, al menos, hasta los 8.500 millones. Es decir, había que
reducir el beneficio o los recursos propios en 3.500 millones. Por otro
lado, BFA se había anotado créditos fiscales (consiste en contabilizar
beneficios por impuestos que prevé ahorrarse en el futuro) por 2.500
millones. Deloitte sostenía que era casi imposible pensar que BFA podría
obtener esos beneficios en los próximos años.
Desde el primer trimestre del año hubo dudas sobre cómo iba a cerrar
BFA-Bankia sus resultados. Sin reconocer los problemas con claridad, la
entidad sostenía que si se le daba tiempo y un poco de ayuda, podría
salir adelante. No obstante, Rato no consultó habitualmente los
problemas más graves con el consejo, donde, por otra parte, se sentaban
muchas personas que han admitido no entender un balance bancario, lo que
les restaba posibilidades de comprender los problemas a los que se
enfrentaba Bankia. Así, algunos de los imputados en el caso justificaron
que aprobaron esos nuevos balances por “responsabilidad”. El juez trata
de dilucidar qué hay detrás de ese argumento.
Rato echó la culpa al Gobierno de Zapatero y al de Rajoy
Rodrigo Rato compareció el pasado jueves ante el juez y justificó que
Deloitte no había alertado sobre salvedades antes de la aprobación de
las cuentas. El ex vicepresidente del Gobierno de Aznar aseguró que
Celma le garantizó que le entregaría el informe a tiempo para aprobar
sus cuentas. "Aunque tenga que trabajar toda la noche", le dijo Celma,
según manifestó Rato ante el juez. Pero el visto bueno del auditor nunca
llegó. Rato no supo explicar el jueves a qué se debió el retraso, según
fuentes de la acusación.
Otros imputados también han señalado a Deloitte. El expresidente de la
Comisión de Auditoría de Bankia, Alberto Ibáñez, criticó la "pasividad"
de la firma. Y manifestó que el socio solo había presentado dos
objeciones a las cuentas antes de que el consejo aprobara las primeras
cuentas que arrojaron beneficios. Pese a ello, el auditor no entregó el
informe, dijo.
José Manuel Fernández Norniella, otro de los imputados, declaró que el
presidente de la entidad contrató a la misma firma en marzo, Deloitte,
para que elaborara un plan de capitalización y viabilidad que disipara
las dudas sobre la entidad. Este punto puede ser importante porque no es
fácil entender por qué se encargó este informe a Deloitte si había un
encontronazo entre Rato y la auditora. Norniella, mano derecha de Rato,
afirmó ante el magistrado que el Banco de España avaló dicho informe.
Pero el plan tuvo que ser modificado por las nuevas exigencias del
Gobierno para la banca. Finalmente, el ministerio de Economía rechazó el
proyecto lo que desencadenó la dimisión de Rato, según han declarado
varios de los consejeros ante el juez. Nadie duda de que Rato mantuvo
tensas conversaciones a tres bandas: Gobierno, Deloitte y Banco de
España para cerrar las cuentas. Al final, solo contó con el apoyo del
supervisor, y no fue suficiente.
Una consejera asegura que Deloitte frenó el informe
Otro de los que señaló a Deloitte fue el ex ministro popular, Ángel
Acebes, que dirigió la comisión de auditoría de la matriz BFA. El
exsecretario general del PP dimitió de su cargo y abandonó el banco dos
semanas antes de reformularse las cuentas. En su declaración ante el
juez Andreu aseguró que la auditora no le informó de los problemas
contables de la entidad y solo aludió a "unos temas pendientes de
análisis".
Tras escuchar los testimonios de los 33 imputados el magistrado solo ha
sacado una conclusión: ninguno de los miembros del consejo de
administración asume un ápice de culpas. La mayoría ha responsabilizado
de la debacle de la entidad a Deloitte, apuntan al ex gobernador del
Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al ministro de
Economía, Luis de Guindos e incluso a su predecesora Elena Salgado. Pero
ni rastro de arrepentimiento. En algunos casos ni de pudor: “Queríamos
quitárnoslas de encima. Si Deloitte dice que las cuentas están bien, no
me las voy a leer”, declaró al juez Arturo Fernández, presidente de la
patronal madrileña y exconsejero de Bankia. Cobraba cerca de 300.000
euros por su cargo. El Supremo ha dictado varias sentencias contra
consejeros de empresas con problemas que firmaban las cuentas sin
conocer la situación de la sociedad, por dejación de funciones.
Los testimonios de los imputados
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha escuchado el
testimonio de los 33 miembros del consejo de administración del grupo
BFA-Bankia. Estas son algunas de las declaraciones:
El expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, aseguró el pasado
miércoles que “el gobernador del banco de España tiene mucho poder”.
Trataba de justificar por qué accedió a la fusión de la caja valenciana
con Caja Madrid. “Me advirtieron de que tenían una inspección en
marcha”, añadió.
Rodrigo Rato, expresidente del grupo financiero, declaró: “Deloitte
habia dicho en la comisión de auditoría de Bankia que no había
salvedades. Había una opinión del auditor”.
Una de las comparecencias más controvertidas ha sido la del presidente
de la patronal madrileña y ex consejero de Bankia, Arturo Fernández,
quién manifestó: “Si Deloitte dice que están bien las cuentas, no me las
voy a leer”. Respecto a la reformulación de cuentas dijo: “Queríamos
quitarnolas de encima de la forma más rápida posible”.
En la Audiencia sorprendió el testimonio de Mercedes de la Merced, ex
consejera de BFA. Esta política vinculada al PP justificó la salida a
Bolsa del grupo en el verano de 2011 por “los brotes verdes” que había
divisado el anterior Gobierno socialista. Su partido, sin embargo, echó
por tierra las buenas perspectivas económicas que vendía el Ejecutivo
anterior. “Compré 80.000 euros en preferentes” porque consideraba que
eran un buen producto, agregó.
El exministro del PP, Ángel Acebes, también desfiló por los pasillos del
juzgado para explicar algunas de las actuaciones que provocaron la
caída de Bankia. Explicó que el auditor solo advirtió “unos temas
pendientes de análisis” sin importancia.
La mano derecha de Rodrigo Rato en la entidad, José Manuel Fernández
Norniella, justificó la estrategia final del banco. Destacó los
esfuerzos del banco para adaptarse a las exigencias de capital a las que
iba obligando el Gobierno. Norniella dijo que encargó un informe a
Deloitte que avaló el Banco de España. “Las palancas incluidas en el
plan deberían ser suficientes para el cumplimiento de los requerimientos
fijados”, dijo el supervisor, según el imputado.
El exsecretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada,
explicó al juez que “tan correcto son beneficios de 300 millones como
pérdidas de 3.000 millones”. Justificó la salida a Bolsa porque “era
bueno para España y para la sociedad”.
Otros imputados también insistieron en desconocer los detalles de las
cuentas. "Tan correctos son beneficios de 300 millones como pérdidas de
3.000 millones", señaló en el juzgado Ricardo Romero de Tejada, ex
consejero de la entidad [cargo por el que cobraba 270.000 euros] y ex
secretario general del PP de Madrid, quien aseguró desconocer que el
Banco de España había realizado una advertencia sobre la situación de la
entidad. Aún más clara fue la ex secretaria de Esperanza Aguirre,
Mercedes Rojo, que ocupó un cargo en la comisión de auditoria de Bankia.
Esta admitió ante el juez que carecía de "conocimientos financieros" y
por eso mostró "reticencias" a su ocupar su puesto por el que cobró
345.000 euros.
Algo parecido sostuvo Juan Manuel Suárez del Toro, presidente de Caja
Insular de Canarias, quien manifestó en su compareciencia en el tribunal
como imputado que ignoraba el agujero en las cuentas de la entidad:
"Nos enteramos de la situación cuando se propuso el nombramiento de
Goirigolzarri como presidente".
El magistrado está interesado en esclarecer los detalles sobre la salida
a Bolsa, la determinación de valor de la compañía y la inmediata
depreciación del valor de las acciones. Bankia se estrenó en el parqué
madrileño el 20 de julio de 2011. El precio de la acción se fijó en
3,75%, un 15% menos del anunciado en el folleto de emisión. Un año
después los títulos de Bankia habían perdido más del 80% de su valor. El
juez considera que los consejeros del grupo BFA-Bankia pudieron
distorsionar las cuentas "a fin de dar la impresión o crear la ficción
de que su situación patrimonial era mejor que la realmente existente, lo
que les sirvió para mejorar los distintos ratios de solvencia y ganarse
la cofianza de los inversores en su salida a Bolsa".
La semana pasada también declaró como imputado el expresidente de
Bancaja, José Luis Olivas, quien manifestó que el gobernador del Banco
de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, le amenazó con intervenir
Bancaja si no aceptaba la fusión con Caja Madrid. El ex presidente
interino de la Comunidad Valenciana por el PP explicó al magistrado que
trató de oponerse a la operación porque la situación de la caja
valenciana era buena. Y admitió que “en condiciones normales” no hubiera
accedido a la unión. El juez le preguntó que si estaba saneada la caja
qué es lo que temía del supervisor: “El gobernador del Banco de España
tiene mucho poder”, rspondió.
El consejero delegado del grupo BFA-Bankia, Francisco Verdú, que también
prestó declaración en calidad de imputado, admitió que desde su llegada
detectó “problemas de liquidez”. Verdú fue fichado por Rato en julio de
2011 para resolver los problemas de mora y para reforzar el capital e
implantar planes de ahorro, según relató en la vista. Verdú reveló las
dificultades de la entidad, que tenía deudas por 18.000 millones. Solo
en 2012 debía hacer frente a pagos por 3.000 millones. Este ejecutivo
cobró 1,7 millones por un año de trabajo.
Tras los imputados, ahora es el momento de los testigos. En esa lista
figuran el ex gobernador del Banco de España y el actual presidente de
Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. Las declaraciones de Ordóñez pueden
levantar la polémica porque ya se manifestó en el Congreso contra la
nacionalización de Bankia. Lo que nadie duda es que este es el gran
problema del sistema financiero que tendrá un elevado coste para el
contribuyente y sobre el que todavía hay demasiadas sombras.
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