O haces lo que te digo o te vas a la puta calle”. Esta era la frase más utilizada por Ángel de Cabo a sus trabajadores para que no preguntaran por sus negocios y por sus idas y venidas de papeles. Eso cuenta su secretaria, Susana Mora. Ella fue una de las personas que más le sufrió y imputada junto a él, Gerardo Díaz Ferrán y otras seis personas más por simular la quiebra de Viajes Marsans y quedarse con el dinero, dejando una deuda de 45 millones de euros a los acreedores.
Susana Mora ha sido la imputada a quien menos fianza se le ha impuesto: 3.000 euros que pagó en el mismo momento de su fijación. Esta cantidad llama la atención si se compara con los 50 millones de euros fijados a su jefe, los 30 millones de Díaz Ferrán y del administrador de Marsans, Iván Losada, o los 500.000 euros a cuatro testaferros de De Cabo.
La secretaria, siempre según su declaración, hacía todo lo que De Cabo le ordenaba. La amenaza con el despido era suficiente para mantener la política de oír, ver y callar. Veía los tejemanejes de su jefe pero no preguntaba. “Tú haz esto y te callas”, le ordenaba, según le dijo al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Los investigadores también califican al empresario, conocido por comprar empresas en quiebra, como una persona autoritaria y chulesca con sus empleados.
En el auto de prisión, el instructor encargado del caso sostiene que Mora era una de las más estrechas colaboradoras de De Cabo, únicamente superada por Iván Losada. El empresario incluso llegó a nombrarla propietaria de una de las empresas de su emporio y, en el momento de su detención el pasado lunes, se le incautó un millón de euros en su domicilio.
Sin embargo, al juez le convenció su versión de los hechos. Ella dijo que no sabía qué tipo de documentos guardaba en su domicilio por petición de De Cabo. Según declaró en el Juzgado, nunca sabía lo que tenía. Mora, si ha participado en la trama de una forma no especialmente consciente e intencional y actuó en todo momento por órdenes de su jefe, según fuentes jurídicas.
Lo que sí reconoció ante el juez es que el expropietario de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, acudía con cierta asiduidad al despacho del actual dueño de la compañía, desmintiendo así la versión del expresidente de la CEOE, quien aseguró durante su interrogatorio que su relación con De Cabo fue única y exclusivamente para la venta de la empresa.
Dentro de la estrategia de los dos principales imputados no está todavía culparse mutuamente de la estafa. Díaz Ferrán ha optado por cargar toda la responsabilidad en su socio, Gonzalo Pascual, fallecido el pasado mes de junio. Sin embargo, fuentes de la investigación sostienen que es un error por parte del empresario porque su versión no es de nada convincente. En esta causa, no se investiga sólo la venta de Marsans sino la adquisición de prácticamente todos los activos de Díaz Ferrán por parte de De Cabo, en los que Pascual no tuvo nada que ver, como por ejemplo, la venta de su yate o de sus casas.
Díaz Ferrán intenta exculparse de todos los hechos en vez de reconocer que, en parte, Ángel de Cabo le engañó, como ya lo hizo con Gonzalo Pascual, a quien nunca llegó a pagar ni un solo euro de los ocho millones acordados, bajo manga, por la venta de Marsans cuando la compañía legalmente estaba en quiebra.
Las dos personas que tienen muchas claves de todo los sucedido son los dos hijos de Díaz Ferrán y Pascual, a quienes no se descarta citar a declarar en calidad de imputados para que puedan disponer de toda la seguridad jurídica, a tenor de toda la información que tienen en su poder. Por ahora, toda la documentación incautada en los registros se encuentra en cajas precintadas y fuentes de la investigación sospechan que podría salir a relucir nuevos hechos delictivos.
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