El Sr Ignacio Diego, es presidente de Cantabria. Y era el alcalde cuando se llevó a cabo el "fraude tributario conscientemente realizado".. pero parece que no tiene ninguna responsabilidad en el asunto (más que cobrar sueldo + dietas).. así que el pueblo tendrá que pagar la deuda, la sanción, los honorarios del abogado del Estado, y las costas del proceso.. y ese es el problema: si no hay responsables, la justicia no funciona..
El Supremo condena a Astillero a pagar 600.000 euros a Hacienda. eldiariomontanes.es
La sentencia señala que el Ayuntamiento realizó un acto de «fraude tributario consciente» en 2003, con Ignacio Diego en la Alcaldía.
El Tribunal Supremo ha condenado al Ayuntamiento de El Astillero 600.000
euros a la Agencia Tributaria. ¿La razón? Que el Consistorio incurrió
en un «fraude tributario conscientemente realizado». Los hechos se
remontan al año 2003 cuando, tras vender unos terrenos a una empresa
privada, el Consistorio cobró el IVA de la transacción, que ascendía a
232.119 euros, pero no lo ingresó al Tesoro Público. El importe total al
que deberá hacer frente el Ayuntamiento se desglosa en: la deuda
tributaria de 2003 (245.075 euros, es decir el IVA más los intereses de
demora); una sanción equivalente al coste del impuesto; los honorarios
del abogado del Estado y las costas del proceso (unos 100.000 euros).
En la sentencia, los magistrados explican que «no se acredita la
diligencia debida por parte del Ayuntamiento en ingresar en el Tesoro
Público el importe del IVA repercutido y cobrado, sino que se confirma
que en este caso ha habido un fraude tributario conscientemente
realizado».
En 2003, el Ayuntamiento de El Astillero vendió a una empresa privada
una parcela municipal, de más de 19.000 metros cuadrados, clasificada
como suelo urbanizable en las normas subsidiarias del municipio. Esta
venta, cuyo precio ascendió a 1.679.867 euros, se publicó en el BOC. En
el anuncio, se especificaba que el IVA estaba «incluido». Dos años
después, se ve que «la operación no estaba registrada en los libros
registro del IVA, aportados por el Ayuntamiento; aunque sí fue incluida
en la declaración anual de ingresos y pagos de 2003», por lo que se
inició un expediente sancionador.
Carlos Cortina, alcalde de El Astillero, afirmó ayer que «lo que se ha
juzgado no ha sido una decisión política, sino técnica. Se sanciona una
acción administrativa». El primer edil explica que el proceso se resume
en «una operación de venta en la que los servicios técnicos del
Consistorio no liquidaron el IVA. Al cabo de dos años, Hacienda reclamó
ese dinero más otra cantidad por sanción y tanto tesorería como
intervención aconsejaron el recurso». Asimismo, asegura que se sentarán
con Hacienda a negociar porque cumplirán la sentencia, aunque no la
comparten.
El procedimiento que enfrentó al Ayuntamiento de El Astillero y Hacienda
comenzó hace nueve años cuando se descubrió «un hecho imponible
oculto». El entonces equipo de gobierno, con Ignacio Diego a la cabeza,
apeló al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Éste desestimó el
recurso, y el Consistorio elevó el procedimiento a la Audiencia
Nacional. Tras ser rechazados de nuevo, el equipo de gobierno decidió
quemar su último cartucho: interponer un recurso de casación al Tribunal
Supremo, que también ha sido desestimado.
Salomón Martín, portavoz del PSOE en El Astillero, afirma que «esta
resolución se veía venir». En su opinión, «los políticos tienen que
tener un comportamiento intachable y aquí nos encontramos con un fraude
ideado de forma premeditada, con ocultación y manipulación».
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