La Junta de Andalucía no cumplió la ley en ninguna de las ayudas al empleo de 2009

La Junta de Andalucía no cumplió la ley en ninguna de las ayudas al empleo de 2009


La Cámara de Cuentas andaluza destapa que se gestionaron 420 millones sin publicidad, concurrencia ni igualdad. La misma cámara destapó también sobrecostes injustificados Escuela Andaluza de Salud Pública.

La consejería de Empleo andaluza -hoy fusionada con la de Economía en un macrodepartamento bajo la supervisión del consejero Antonio Ávila, uno de los hombres de confianza del presidente José Antonio Griñán- es uno de los mayores centros de corrupción de esta comunidad autónoma.

Tras el caso ERE, el siguiente aldabonazo ha sido el informe de la Cámara que analiza la gestión de las ayudas al empleo otorgadas por el SAE (el Inem andaluz) en el año 2009 y que se publicó hace dos semanas. Son fondos por valor de 420 millones de euros, distribuidos a través de 25.377 expedientes.

La Cámara señala, en primer lugar, que diez años después de su creación en 2002, el SAE no dispone de un plan de actuación global que contenga criterios, objetivos, indicadores de medición o previsión de recursos disponibles. Si este organismo se encuentra en esta precaria situación estratégica, cabe dudar de la eficacia de su gestión ante una tasa de paro del 35,4 por ciento a cierre de septiembre.

En segundo lugar, el ente fiscalizador destapa que el SAE se salta de forma sistemática la ley general de Subvenciones de 2003 ya que esos 420 millones, sin excepción, se concedieron sin competencia entre los solicitantes. Justo lo contrario de lo que dice la ley, que prescribe el procedimiento de concurrencia competitiva. Consecuencia: esos fondos se manejaron sin transparencia, ni objetividad, ni condiciones de igualdad. No llega el informe a decirlo así, pero la Junta ha concedido esos fondos al margen de ley por sistema.

En paralelo, y en relación por ejemplo al uso de fondos de Escuelas Taller y Casas de Oficios, "no existen criterios objetivos y baremados, aplicables en todas las direcciones provinciales, para realizar las propuestas de los proyectos incentivables y determinar el importe de la ayuda", dice literalmente la Cámara. Consecuencia: cada una de las ocho delegaciones provinciales de Empleo actúa por su cuenta.
Caos en la gestión

También se deduce del informe el caos de gestión que impera en la consejería de Empleo, donde a final de 2011 sólo se había culminado la tramitación del 7,5 por ciento de las subvenciones concedidas durante el ejercicio 2009.

De hecho, los auditores han constatado el retraso de más de dos años en la contestación por parte de la consejería a las solicitudes de ayudas en nueve de las diez líneas de trabajo abiertas, todas menos la de empleabilidad. El documento critica también que el SAE no ha implantado ninguna de las recomendaciones de mejora sobre las deficiencias detectadas en un informe sobre el año 2004.

"Adicionalmente, de la revisión de los expedientes que no habían finalizado su tramitación a la terminación de los trabajos de campo del informe anterior, se han puesto de manifiesto: incumplimientos de plazos de presentación de la justificación que alcanzan retrasos de más de cuatro años, gastos de periodos o naturaleza no elegibles, retrasos en el inicio de la actividad, ausencia de toda la documentación justificativa, errores y retrasos en la contabilización de las ayudas, y no constancia de los informes de inserción laboral en los proyectos".
Procedimientos habituales

Más allá de este informe concreto sobre la actividad del SAE en 2009, los documentos publicados por la Cámara de Cuentas en las últimas semanas contienen una serie de expresiones comunes, sea cual sea el organismo fiscalizado. Ausencia o desprecio absoluto de los procedimientos administrativos; abuso en el margen de discrecionalidad; inexistencia de fiscalización previa ni posterior del uso de fondos públicos; concesión de ayudas sin publicidad, ni criterios reglados, ni siquiera basada en la existencia de un expediente administrativo. Son algunas de ellas.

Expresiones que se encuentran profusamente en el informe especial de fiscalización realizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas sociolaborales y a empresas por 721 millones concedidas entre 2001 y 2010. El conocido como fondo de reptiles que está en el epicentro del macroescándalo de los ERE.

Pero este modo de funcionar al margen de la ley por parte de la propia Administración, que está siendo investigado por un juzgado de Sevilla, se ha convertido tristemente en el patrón que impera en toda la gestión ordinaria de los fondos públicos por parte de la Junta de Andalucía. Y, hasta ahora, sin que nadie haya asumido ninguna responsabilidad política por esta lamentable -cuando no delictiva- gestión de los recursos públicos.

Otro informe paradigmático de este año 2012 en lo que a corrupción y posible malversación de fondos públicos se refiere es el que fiscalizaba a la empresa pública Invercaria en el año 2009. Otro juez de Sevilla investiga ya las irregularidades detectadas en este informe y ha ampliado sus pesquisas a 34 ayudas a otras tantas empresas concedidas por Invercaria desde 2006. Invercaria dependía de la consejería de Innovación, hoy también integrada en Economía.

La absoluta arbitrariedad en el manejo de 61 millones de euros, que este diario describió en un extenso informe a inicios de mes, se ha visto acompañada del uso injustificado de la tarjeta de crédito del expresidente de la firma, Tomás Pérez Sauquillo, que gastó 25.000 euros en comidas sólo en 2009. De ellos, ha devuelto 1.900 indebidamente justificados, según asegura Economía. El PP ha pedido, sin éxito, conocer el resto de gastos en comidas de Pérez Sauquillo los años que estuvo al frente de Invercaria, así como identificar todas las tarjetas de crédito que hay en empresas públicas. La Junta ha hecho oídos sordos.

El último de los informes de fiscalización que pone de manifiesto el mal uso de fondos en el entramado público de la Junta se refiere a la Escuela Andaluza de Salud Pública, creada en 1985 y que no había sido auditada nunca hasta este año, cuando se analizó su funcionamiento en 2010. El informe señala por ejemplo, entre una larga lista de arbitrariedades e irregularidades, la falta de control en el cumplimiento de la jornada laboral respecto de sus casi 200 empleados. Además, no publicita los procesos de reclutamiento de personal.

El aspecto más sangrante es el sobrecoste de casi 200.000 euros en el que incurrió la empresa al renovar con alzas por encima del IPC entre 2001 y 2011 el contrato de servicios de seguridad. La Espa investiga este sobrecoste y podría solicitar reintegro de cantidades.

Junto a todo ello, la Cámara también critica que los proyectos que adjudica la Espa están gestionados de una manera deficiente, ya que no se especifican en los contratos las necesidades concretas y cómo se verán satisfechas. Tampoco tiene constancia la Cámara de que acudan tres empresas a los procedimientos negociados -aunque la empresa alega al informe que sí lo hace así y remite pruebas- ni de que existan criterios de baremación ni puntuación para las adjudicaciones.

Además, la mitad de los contratos adjudicados en 2010 (el 57 por ciento) no se publicaron públicamente. La empresa se compromete, en este último aspecto, a publicarlos todos, incluidos los adjudicados antes de ese año.