De Cabo controla desde prisión 21 empresas del grupo Díaz Ferrán
Angel de Cabo sigue dirigiendo desde la cárcel su organización
criminal, y controla actualmente 21 sociedades a través de testaferros
para ocultar el patrimonio del expresidente de la patronal Gerardo Díaz
Ferrán. La finalidad: seguir exprimiendo en beneficio propio el
patrimonio del exjefe de la CEOE, e impedir que pague los cientos
millones de euros que debe a sus múltiples acreedores.
Así
lo han investigado y descubierto los abogados de Meliá, Viajes Iberojet y
AC Hoteles, autores de la denuncia inicial contra De Cabo y Díaz Ferrán
que les ha llevado a la cárcel por delitos de alzamiento de bienes y
blanqueo de capitales.
En una ampliación de denuncia, presentada el pasado 25 de enero al juez
de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, reclaman al instructor que
intervenga esa veintena de empresas mediante una administración judicial
para impedir que DQe Cabo y Díaz Ferrán prosigan con su actividad
delictiva de alzamiento de bienes, así como el embargo de cuatro locales
comerciales, dos garajes y un edifício de servicios en la localidad
madrileña de Fuenlabrada.
Acusan con documentos a Gerardo Díaz hijo de ocultar el patrimonio de su padre y el suyo propio
En el escrito de 15 páginas entregado al juez , implican además en la
trama a Gerardo Díaz Santamaría, hijo del exjefe de la patronal, a quien
acusan de participar en la ocultación de sus propios bienes y los de su
padre, en colaboración con Angel de Cabo, dando detalles de varias
operaciones presuntamemte delictivas.
De momento, el juez ha dado traslado de esta ampliación de denuncia al
fiscal, a quien pide un informe al respecto antes de decidir sobre la
imputación de Gerardo Díaz junior y la intervención de empresas y
embargo de locales, que solicitan los denunciantes.
El abogado Daniel Jiménez, del despacho Ashurst, es firmante de esta
denuncia (apoyada en 17 documentos anexos, muchos de ellos con
información registral de las empresas), que se ha conocido al levantarse
el secreto de sumario.
Los denunciantes señalan que Gerardo Díaz Santamaría, hijo de Díaz
Ferrán --en la cárcel desde el pasado 5 de diciembre-- "ha participado
de manera activa en la perpetración de los hechos delictivos"
consistentes en "alzarse con sus propios bienes y con los del señor Díaz
Ferrán, o bien distraer otros que detenta ilegalmente la propia
organización criminal del detenido Angel de Cabo, en perjuicio de los
acreedores afectados".
El escrito sostiene que De Cabo continúa desplegando su actividad
delictiva mediante testaferros y compañías todavía existentes y
operativas, como las filiales de Trapsa --vaciada patrimonialmente por
la trama en 2010 y 2011.
El testaferro García Téllez controla Concesiones Prosport, que gestiona piscinas municipales y gimnasios
Actualmente existen Trapsatur, Trapsayates o la Concesiones Prosport
(anteriormente denominada Fitness Naranjo). Sobre esta última, las
acusaciones destacan que está controlada actualmente por Jorge García
Téllez, que fue testaferro de confianza de De Cabo, y pertenece a
Autopullman Jucan, otra de las sociedades del complicado emporio de De
Cabo. Dichos datos están avalados por la información registral que
incorporan a su denuncia.
Prosport controla la totalidad de las concesiones de explotación de
instalaciones deportivas que detentaba Trapsa. En concreto, once centros
deportivos, como piscinas, pistas de padle, gimnasios o centros
multiusos, en las provincias de Salamanca, Huelva, Cádiz, Toledo o
Madrid.
Cada uno de esos centros deportivos está gestionado por una sociedad
limitada unipersonal creada ad hoc para ello, pero que "cuelga" de
Concesiones Prosport, propietaria de esas sociedades. Además, a través
de su antigua denominación, Fitness Naranjo, tienen cuatro locales
comerciales, dos garajes y un edificio de servicios en Fuenlabrada, que
los acreedoers de Díaz Ferrán exigen que sean embargadas.
Iván Losada, en la cárcel, sigue siendo administrador de una de las empresas de la trama
Trapsayates, otra de las filiales de de Trapsa, y dedicada a la gestión y
explotación de puertos deportivos y puntos de amarre, fue en 2010
administrada por De Cabo a través de Possibilitum. Pues bien, hoy, de
acuerdo al registro, está en manos de una sociedad administrada por la
mano derecha de De Cabo, Iván Losada --también en la cárcel--), y entre
sus apoderados figuran el propio Losada y otro testaferro habitual del
'liquidador', José Miguel García Lombardía.
Además, García Téllez es representante de Marina Mahón, que heredó de
Trapsayates la explotación de la concesión de puntos de amarre en el
puerto de la capital menorquina, y que está gestionada por otro
testaferro, Fernando Martín Palomino, según la denuncia.
Añade
la acusación que, a través de Marina Mahón, De Cabo sigue vaciando lo
que pueda quedar de Trapsayates, mediante la explotación de nada menos
que 37.000 metros cuadrados de superfície que reportan importantes
beneficios para la organización criminal, por el alquiler de numerosos
puntos de amarre (plazas de estacionamiento de los barcos en el puerto).
La
denuncia se detiene también especialmente en Trapsatur, la filial
histórica de Trapsa dedicada a las agencias de viajes, y que ahora se
denomina Latin Tour Integral, desde la cual siguen procediendo al
habitual vaciamiento patrimonial, hasta el punto de que ésta última se
encuentra a su vez en proceso de liquidación en favor de Jucan Bus, cuyo
socio y administrador único es Autopullman Jucan, también de la
organización, y cuyo representante en Jucan Bus es María del Carmen Juan
Cantos, otra supuesta testaferro.
Ante ese contínuo proceso de "despatrimonialización" de sociedades, en
beneficio de las arcas de los imputados y en detrimento de los
acreedores, es por lo que éstos reclaman la administración judicial de
las 21 compañías afectadas, y que se encargue a los administradores
concursales que ya se ocupan de la sociedades de Díaz Ferrán y el
fallecido Gonzalo Pascual.
Díaz hijo fue administrador de Trapsa desde 2006, una de las empresas vaciadas patrimonialmente
En cuanto a Gerardo Díaz Santamaría, piden su imputación en el caso
fundamentalmente por dos asuntos. El vaciamiento patrimonial de Trapsa,
de la que fue gerente y apoderado desde 2006, donde entiende que actuó
como testaferro destacado de De Cabo, para salvaguardar los bienes de su
padre de los acreedores. Trapsa es administrada hoy por sociedades del
testaferro Felipe López García, relacionado a su vez con Jorge García
Téllez.
Díaz Santamaría constituyó además una sociedad, Fitness La Alameda, que
suscribió contrato con Trapsa dentro de la estrategia habitual de
vaciamiento de activos. Añaden que el hijo del expresidente de la
patronal se encargada personalmente de las gestiones ante las
administraciones públicas para conseguir autorizaciones para dotar de
aparente legalidad a la cadena de concesiones.
Asimismo, la denuncia recuerda que Díaz Santamaría es administrador de
Air Comet, por lo que se acordó el embargo de sus bienes en agosto de
2010. Las acusaciones señalan que, apoyándose en De Cabo, urdió una
estrategia consistente en hipotecar cuatro viviendas y un barco,
valorados en 11,3 millones de euros, evitando así el embargo en
perjuicio, nuevamente de los acreedores.
En el caso de Aircomet, los administradores concursales presentaron el
pasado 19 de diciembre ante el Juzgado de lo Mercantil una petición para
que se condene al pago de 89,9 millones de euros a Díaz Ferrán, su hijo
Gerardo y los herederos de Gonzalo Pascual.
En el escrito de denuncia aparece citado varias veces el testaferro
Jorge García Téllez, que no está imputado en la causa, y cuyo testimonio
ante la Policía y el juez resultó decisivo para estrechar el cerco
sobre la organización, de la que sostiene haberse desvinculado.
Según los documentos aportados por las acusaciones, García Téllez es
administrador de varias de las sociedades que continúan la actividad
delictiva de las antiguas empresas de De Cabo, como Marina Mahón o
Munari Negocios, esta última propietaria del yate "Leuqar III",
propiedad de Díaz Ferrán y embargado por el Juzgado.
En el sumario figura un escrito dirigido por García Téllez al Juzgado el
pasado 11 de enero, donde informaba que estaba usando un Mercedes R-320
que le entregó De Cabo para su uso personal, y que no fue intervenido
en la operación en la que fue detenido éste, el 3 de diciembre. El
extestaferro ponía el coche a disposición del Juzgado, e indicaba dónde
debía depositarlo.
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