El castillo de naipes eléctrico se derrumba
La rocambolesca tramitación de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para
la sostenibilidad energética, la no aprobada orden de peajes para 2013 y
el Real Decreto Ley 29/2012, que aprovecha la regulación del régimen de
empleados de hogar para eliminar los límites al déficit de la tarifa
eléctrica para 2013, son la expresión de que España camina hacia una
crisis energética de efectos incalculables por la incompetencia de los
gestores políticos y la defensa a ultranza de un mercado energético sin
competencia, que opera como un cartel que impide la transparencia y
eficiencia que necesita una economía competitiva.
Culmina
una década que arrancó en 2002 con el acuerdo entre el ministro Rodrigo
Rato y las eléctricas, que dio origen al artificio contable del déficit
de tarifa, por el que el coste de la energía se convierte en decisión
política para no subir la luz y cargar la diferencia a los futuros
consumidores en los siguientes catorce años. La factura de la luz se
ha convertido en un ininteligible castillo de naipes a través de la
inseguridad jurídica que supone un cambio regulatorio permanente, a
decreto por semestre, y de la voluntad de cargar en la tarifa todos los
problemas del país. No contaron con la espectacular subida de los
precios de los hidrocarburos desde 2004 ni con la ruina de los bancos a
partir de 2008, que les dejó sin liquidez para adelantar el déficit a
las eléctricas. Los sucesivos Gobiernos miraron a otro lado y la
inestabilidad regulatoria ha convertido aquella contabilidad creativa en
una incontrolable bola de nieve.
En 2002 se tomó otra decisión trascendental al aprobarse la
planificación de infraestructuras gasistas, regasificadoras, gasoductos,
almacenamientos y centrales de gas en régimen liberalizado. Sin prever
los objetivos vinculantes de renovables para 2010 de la Ley 54/1997 ni
los aprobados para 2020 por el Consejo Europeo en 2007, las previsiones
de crecimiento de la demanda fueron tan incoherentes y erróneas que
cuando a partir de 2007 comienza a descender el consumo de electricidad
por efecto de la crisis se siguen ejecutando las inversiones gasistas
hasta su paralización por el RDL 13/2012. El desastre de la
planificación gasista se describe en el preámbulo de ese decreto y
expresa la incongruencia de cómo bajando la demanda de gas desde 2007 se
han incrementado las importaciones de gas. El resultado es una
sobrecapacidad del sistema y un constante incremento de los pagos por
capacidad y por restricciones técnicas para rentabilizar las
inversiones, como han denunciado REE y la Comisión Europea.
Se ha abortado el desarrollo de la industria renovable, factor de crecimiento y empleo
Los anuncios de reformas que se hicieron al principio de 2012 han
terminado con la solución más inverosímil: incrementar la recaudación
con una tasa a la generación eléctrica y trasladar a los presupuestos
del Estado el resto del déficit. Según el Gobierno, sobre unos
ingresos de 14.884 millones de euros, los costes del sistema eléctrico
para 2013 superan en 5.716 millones a los ingresos; pero la CNE, en su
informe sobre la propuesta de orden de peajes, añade 3.843 millones de
desviación de costes y señala que más del 28% de los ingresos previstos
se basan en normas que no existen. La eliminación del límite al
déficit tarifario ha puesto en evidencia no solo a los gestores
políticos, sino a un modelo energético que se ha convertido en un lastre
para nuestra competitividad y deberá ser cambiado desde la base para
superar la crisis económica.
En el fondo se ha tratado de no
tocar el sistema para proteger las operaciones corporativas y las
cotizaciones del sector energético, desvinculando la energía de la
economía productiva. Se ha preservado un modelo basado en incentivar
el mayor consumo de energía fósil importada, no tocar el método de
conformación de precios referenciado para todas las fuentes de energía
al precio de la energía más cara, como el gas y el carbón, impedir que
el ahorro de energía y las renovables quiten mercado a las fuentes
convencionales y mantener un mercado cautivo de millones de consumidores
sin competencia real. Sorprende leer en el preámbulo de la Ley de
Medidas Fiscales las exenciones de impuestos que han disfrutado durante
tanto tiempo los hidrocarburos o que se califique el riesgo nuclear como
“servidumbre” que ha de pagar toda la sociedad y no los propietarios de
las nucleares. El castillo de naipes de la regulación ha incentivado
así el modelo más caro, caracterizado por su elevada dependencia, la
mayor intensidad energética y las emisiones de CO2. Recaudar más para
consumir más es un despropósito en el actual escenario económico.
No es correcto culpabilizar a las renovables de los males del sistema,
simplemente porque estos tienen su origen en 2002, mucho antes del
notable desarrollo renovable en nuestro país; y porque lo que ya es una
realidad objetiva es que el mayor consumo de renovables hace descender
los precios del pool eléctrico y el mayor consumo de fuentes
convencionales lo incrementa. A todos los decretos que desde 2008 han
recortado e impedido con retroactividad los proyectos renovables han
seguido fuertes subidas de la luz causadas, según los informes de la
CNE, por el descenso del consumo, los costes extrapeninsulares, las
ayudas al carbón o las subastas inflacionistas que fijan el precio de la
luz. El gran error ha sido pensar que lo mejor era que todo siguiese
igual y no se han analizado los impactos de la crisis, como el descenso
de la demanda eléctrica desde 2007 y la crisis bancaria desde 2008. La
sostenibilidad económica del sistema depende mucho más de estos impactos
que del coste de las renovables. Es la crisis la que está arruinando al
sistema eléctrico, y sin renovables los problemas serían aún mayores.
La inoperante política energética nos deja en manos de los
suministradores extranjeros que imponen el precio de nuestra dependencia
y nuestra pobreza energética
Las causas de la insostenibilidad del sistema hay que buscarlas en la
falta de una estrategia energética a largo plazo que ha conducido a
políticas de corto plazo que respondían a cada problema con un parche
regulatorio y en la falta de competencia que, como ha denunciado la
Comisión Europea, ha impedido que el consumidor acceda a las ofertas más
baratas. Las consecuencias han sido paradójicas: con crecimiento
negativo del PIB ha crecido nuestra dependencia, nuestra intensidad
energética y las emisiones de CO2, perjudicando la competitividad de
nuestra economía. Se desprecia el ahorro de energía y se vota contra la
nueva Directiva de Eficiencia Energética argumentando que el ahorro
penaliza a España, impidiendo que el consumidor participe activamente en
la gestión de la demanda a través del autoconsumo y eliminando
compromisos de ahorro a las distribuidoras. Se ha abortado el desarrollo
de la industria renovable nacional y de un sector que es factor de
crecimiento económico y empleo. El actual modelo energético no favorece
la salida de la crisis económica; por el contrario, la realimenta.
La Fundación Renovables (Fundación Renovables |)
ha presentado sus propuestas para la transición hacia otro modelo
energético que pasan por una planificación energética consensuada a
largo plazo basada en el cierre ordenado de centrales térmicas y una
apuesta decidida por la generación distribuida, el ahorro de energía y
el cumplimiento de las directivas europeas de renovables, eficiencia
energética y reducción de emisiones. Pero cualquier cambio debe partir
de un objetivo claro, que la salida de la crisis necesita un nuevo
modelo energético y que si las decisiones racionales en una economía
moderna pasan por apoyar sus recursos propios frente a los ajenos, se
debe dejar de incentivar el consumo de la energía que no tenemos y
eliminar las barreras que impiden el mayor consumo de las únicas fuentes
de energía de que disponemos a coste cero: el ahorro de energía y las
fuentes renovables.
La estrategia energética de la Unión Europea tiene como prioridades la
reducción de las importaciones energéticas y la eliminación de las
emisiones de CO2 con mayores objetivos de eficiencia energética y de
consumo de renovables, porque se consideran un factor de reactivación
económica. La tendencia mundial es que el incremento de la demanda de
renovables las hace más competitivas frente al gas y el carbón y los
incalculables costes de la energía nuclear. La inoperante política
energética nos deja al margen de esa tendencia y en manos de los
suministradores extranjeros que imponen el precio de nuestra dependencia
y nuestra pobreza energética. Si lo que necesita la economía española
son políticas de crecimiento y empleo, el cambio de modelo energético es
una oportunidad de oro.
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