El Gobierno frena el crecimiento de las grandes petroleras durante cinco años

El Gobierno frena el crecimiento de las grandes petroleras durante cinco años

El Gobierno parece dispuesto a promover una mayor liberalización del sector de las gasolineras del país. Y pretende hacerlo facilitando la apertura de nuevas estaciones de servicio en destinos que hasta ahora sufrían mayores restricciones legales (singularmente centros comerciales y polígonos industriales) e impulsando la llegada de nuevos operadores que puedan plantar cara a las grandes petroleras que operan en el país y que tienen un control manifiesto del sector.

El Consejo de Ministros de la pasada semana aprobó una batería de iniciativas en este sentido, que recogían a grandes rasgos casi todas las recomendaciones que para el sector había realizado la Comisión Nacional de Competencia (CNC) en un reciente informe. Entre otras iniciativas, el Ministerio de Industria busca fomentar la entrada de nuevos competidores al sector de las estaciones de servicio al limitar temporalmente la apertura de nuevas instalaciones a los grupos con mayor peso en el mercado de cada provincia española.

En concreto, el Gobierno prohíbe sumar nuevas gasolineras, ya sean propias o abanderadas, a las petroleras que ya cuentan con más de un 30% de cuota de mercado en cada provincia. Esta suerte de moratoria, tal y como se recoge en el real decreto, tiene una duración de cinco años, aunque el Ejecutivo subraya que podría revisar los plazos de la prohibición impuesta en función de la evolución del sector.

Repsol, la más afectada por la prohibición 

En el mercado español hay algo más de 10.300 estaciones de servicio, según los registros de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) con datos al cierre de 2011. Repsol (con sus marcas Repsol, Campsa y Petronor) controla un 35% de los puntos de venta, con un total de 3.600 por toda España. Cepsa cuenta por su parte con casi 1.500 gasolineras, un 14% del total. Los otros rivales siguen a los dos grandes muy de lejos: BP, con más de 670 estaciones, controla el 6,5%; la portuguesa Galp tiene una red de 613 gasolineras; y Disa mantiene una cómoda posición en el mercado canario con más de 540 instalaciones.

Las cuotas de mercado de cada uno de los operadores por provincias no son públicas. E incluso la propia Comisión Nacional de la Energía se cuida de hacer públicos los datos de las cuotas desagregadas por compañías incluso a nivel estatal (el último informe de la CNE sobre el sector está lleno de blancos en sus gráficos y tablas, y repleto de apuntes de 'Confidencial' en el texto). Sin embargo, fuentes del mercado apuntan que la prohibición aprobada por el Gobierno impedirá a Repsol abrir nuevas gasolineras en la mayoría de las provincias españolas, al superar esa cota del 30% en buena parte de los mercados provinciales.

El grupo presidido por Antonio Brufau sería el más afectado por la moratoria, pero también verían limitado su crecimiento Cepsa en algunas provincias (singularmente en Andalucía y Canarias) y Disa en el mercado de Canarias. En paralelo, algunas fuentes indican que probablemente también Meroil podría ver limitada sus planes de expansión en algunas provincias catalanas.

Objetivo: contener el precio de los combustibles 

Con las nuevas medidas, el Ministerio de Industria busca dar entrada a nuevos operadores en el mercado español y lo hace constriñendo la capacidad de expansión y de influencia de las grandes compañías tradicionales. El departamento de José Manuel Soria quiere promover la apertura de nuevas gasolineras, pero pone coto a las grandes petroleras para que la llegada de nuevas compañías avive la competencia en un sector falto de ella y conseguir así una contención de los precios de los combustibles, que el año pasado marcaron continuos máximos históricos en abril y durante el verano. Ésta es la teoría, ya se verá si tiene éxito en la práctica.

La Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión Nacional de la Energía vienen criticando desde hace años la falta de competencia en el sector de las estaciones de servicio y las barreras de entradas a nuevas compañías, al tiempo que se quejaban del incremento de los márgenes de las petroleras (del 20% desde 2007) a unos ritmos que difícilmente encajan con el desplome del consumo que ha provocado la crisis. El Ejecutivo sigue ahora algunas de las recomendaciones de ambos organismos y busca una mayor liberalización en el negocio para contener los precios, dado su fuerte incidencia en el alto nivel de inflación actual.

En este sentido, el Gobierno no solo acota las posibilidades de crecimiento de las grandes petroleras impidiendo abrir nuevas estaciones, sino que también pretende matizar su influencia en las gasolineras con que ya cuentan. Y es que el real decreto prohíbe a las petroleras recomendar el precio de venta a sus estaciones abanderadas y también reduce la duración de los contratos de suministro exclusivo entre las petroleras y las estaciones (actualmente tienen un plazo generalmente de cinco años, y ahora pasan a ser de un año prorrogable por otros tres a petición de la propia gasolinera). Una medida, esta última, que puede acabar levantando ampollas en el sector por la complicación de adaptar en un plazo de doce meses todos los contratos vigentes y la posibilidad de que contravenga la normativa europea.