España ha indultado a 42 condenados por torturas y a 214 por malversación desde 1996
Las polémicas que acompañan a los indultos más sonados (Sáenz, los cuatro mossos condenados por torturas, el reciente al conductor kamikaze)
suelen venir de la mano de recuentos, balances y números más o menos
metódicos y más o menos rigurosos. La base con la que trabajar no es la
mejor del mundo: la única información que tenemos sobre los indultos es
el Real Decreto firmado para cada uno de ellos y publicado en el BOE. Su
recuento, análisis y clasificación no es tarea fácil. Hasta ahora. La
Fundación Ciudadana Civio ha puesto en marcha El Indultómetro, una página web en la que todas y cada una de estas medidas de gracia concedidas desde 1996 están clasificadas a mano y pormenorizadas para que cualquier ciudadano interesado pueda conocer y bucear entre los datos de una manera rigurosa.
La web permite realizar búsquedas por delitos y por comunidades autónomas
para descubrir, por ejemplo, que entre los 10.158 indultos que se
cuentan desde 1996, 65 son a condenados por delitos de prevaricación,
214 por malversación de caudales públicos (15 de los penados lo fueron
en Cataluña y 13 en la Comunidad Valenciana, por ejemplo), 42 por
tortura, 168 por homicidio y 31 por asesinato (ya sea
consumado o en grado de tentativa). La búsqueda por comunidades
autónomas, además de ubicar las sentencias de los agraciados y así poder
estrujar un poco más los datos, desvela -en la categoría otros- que 37 de los indultados durante estos 16 años habían sido sentenciados en el extranjero.
Entre los delitos que más han recibido la prerrogativa de gracia se
encuentran los robos (2.527) y los delitos contra la salud pública
(2.853), los mismos que lideran los rankings de sentencias
condenatorias. Pero también han reservado un lugar para los delitos menos comunes, para agrupar aquellos casos que más titulares provocaron. Ordenados y contextualizados de forma cronológica, van del indulto a Vera y Barrionuevo hasta el que se concedió al conductor que, circulando en dirección contraria, acabó con la vida de un hombre.
El gráfico, que abarca los gobiernos de Aznar, Zapatero y Rajoy, permite detectar los dos picos más abultados:
en 1998 se concedieron 1.582 indultos y en el año 2000, gracias al
indulto masivo a 1.328 presos -entre los que se encontraba el juez
Javier Gómez de Liaño- se otorgaron 1.744 medidas de gracia, el récord
absoluto. Ambas cifras corresponden a la época de gobierno de José María
Aznar.
La ley no exige a los gobernantes que justifiquen o argumenten la
concesión de este derecho. El único requisito en aras de la información
pública pasa por publicar un Real Decreto en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) que incluye el nombre del indultado; la condena y cuándo y
donde fue dictada; si el indulto es parcial, total o una conmutación por
otra pena menor; y las condiciones que, en la mayoría de casos,
implican que el agraciado no cometa ningún delito doloso en un plazo
concreto de tiempo. Los responsables del proyecto, Juan Elosua y David Cabo,
escurren esa información escasa, aislada y poco reutilizable para crear
la primera base de datos utilizable sobre el tema. La base de datos, el
buscador y los gráficos permiten visualizar los indultos totales por
año, los concedidos para un tipo de delito concreto, así como acceder a
la fuente original, la publicación del Real Decreto en el que se firmó
la concesión de la gracia.
No es la primera vez que Civio, una organización sin ánimo de lucro
que trabaja por fomentar la transparencia y la apertura de datos, pone
en marcha un proyecto para acercar informaciones complejas a la ciudadanía de una manera clara. Esta fundación está detrás de proyectos como ¿Dónde van mis impuestos?, España en llamas y, junto a Access Info Europe, ha puesto en marcha la plataforma Tu derecho a saber, que permite a cualquier persona lanzar una pregunta a las administraciones públicas.
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