Fallece José Antonio Valverde Reina, exconcejal en Totana
El PP de Totana ha transmitido su pésame y condolencia por la muerte del ex concejal del Consistorio durante dos legislaturas, José Antonio Valverde Reina que ha fallecido a la edad de 52 años. El funeral se celebrará este sábado, a las 10.30 horas, en la Iglesia de Santiago de la localidad.
La alcaldesa de Totana, Isabel María Sánchez Ruíz, ha decretado dos días de luto oficial en la localidad.
Valverde Reina se afilió al PP en 2003 y desde ese momento, según fuentes del PP, "ha sido una parte muy importante del partido a nivel local".
Desempeñó cargos orgánicos, tanto en la Junta Directiva y Ejecutiva Locales, además de ser compromisario en los Congresos Regionales y Nacionales del PP, en representación de Totana.
Además, ha sido concejal del Ayuntamiento de Totana en las legislaturas 2003-2007 y 2007-2011, años en los que desempeñó sus delegaciones en varias áreas municipales como Deportes, Industria, Fomento y Empleo y Desarrollo Estratégico.
En la actualidad era presidente del Club de Fútbol Olimpico de Totana, desde junio del año pasado.
Presidente de Proinvitosa, Valverde Reina fue portavoz del equipo de Gobierno en la última legislatura, a la vez de portavoz del Partido Popular en Totana durante el mismo tiempo.
La Ejecutiva Local quiere elogiar la labor que Valverde Reina ha llevado a cabo durante sus años vinculado al Partido Popular y al Consistorio, ya que gracias a su "predisposición, ganas de luchar y profesionalidad" Totana hoy "es un referente en materia deportiva gracias a su trabajo, entre otras muchas cosas".
Asimismo, la Ejecutiva destaca "el carácter de superación que siempre ha demostrado para afrontar proyectos, emprender iniciativas y conseguir buenas que beneficiaran a Totana y con ello a todos sus vecinos".
El ex alcalde de Totana, dejado a su suerte por el PP, puede acabar en la cárcel
El que fuera alcalde de Totana por el PP hasta las pasadas elecciones autonómicas y municipales de 2011, José Martínez Andreo, se sentará en el banquillo, junto a cinco acusados más, para ser enjuiciado por una pieza del caso 'Tótem', de corrupción urbanística y que saltó a la luz pública en 2007, por el que se enfrenta a 10 años de cárcel.
El juicio arrancará este lunes, día 4, a las 10.00 horas, y durante dos semanas, de lunes a jueves en sesiones previsiblemente de mañanas, Martínez Andreo y cinco personas más serán enjuiciadas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia. Un séptimo imputado, el que fuera concejal de Industria con Andreo de alcalde, no declarará al fallecer hace unos meses.
Los cinco acusados restantes son el empresario Pedro José Martínez, que ostentaba la representación legal de la empresa 'Ucom 2005 S.L.', que firmaría con el Ayuntamiento un convenio urbanístico para la construcción de infraestructuras municipales, haciéndose cargo los promotores del pago del coste de las mismas, entre las que se decide incluir las obras de un colegio.
La entonces secretaria municipal, Laura Bastida, también será juzgada a partir de este lunes, ya que en común acuerdo con Martínez Andreo redactaron un documento "a sabiendas de que faltaban a la verdad y que denominaron Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y Ucom para la realización de unas obras de ampliación del colegio San José".
Bastida asesoró en su redacción, según el escrito del fiscal, "plasmando en el mismo la tesis de la gratuidad de las obras, inventándose que el objeto del mismo era regular la donación gratuita de la mercantil Ucom al ayuntamiento para la realización de las obras de dos aulas en el citado colegio". Todo ello debido a que el PSOE municipal presentó una denuncia en los juzgados denunciando estos hechos, ya que la solicitud que hicieron para la creación de una comisión de investigación de las citadas obras en el colegio fue desestimada por la Junta de Gobierno Local.
El empresario Pedro Sánchez es otro de los acusados, implicado en el proceso, que fue quien firmó un primer precontrato en noviembre de 2002 con Proinvitosa, ya que tenía interés en instalar un centro logístico del transporte"; además del gerente de Ucom, José Bonmatí; y el entonces oficial de la Policía Local, Alfonso Canales.
Martínez Andreo renunció a ser candidato del PP a la Alcaldía en las últimas elecciones municipales y permaneció en prisión dos meses desde que fuera detenido a finales de noviembre de 2007 por su imputación en dicho caso.
El Ministerio Fiscal, que ya ha redactado su escrito de conclusiones provisionales, solicita para Martínez Andreo penas que, en su conjunto, suman diez años de cárcel por varios delitos: el de fraude, por el que se piden dos años de cárcel; omisión del deber de perseguir delitos (un año y seis meses); infidelidad en la custodia de documentos (dos años y seis meses) y falsedad en documento público (cuatro años)
Ordenan tramitar de nuevo una causa contra Andreo por amenazas
La Audiencia Provincial ha estimado el recurso presentado por Joaquín Carmona, uno de los imputados por un delito de amenazas y obstrucción a la justicia en el que también está implicado el alcalde de Totana, José Martínez Andreo, y ha dictado un auto en el que ordena al juzgado de instrucción número 2 de Totana realizar de nuevo las diligencias debido a un defecto de forma.
Andreo está acusado –junto con el propio Joaquín Carmona, el empresario local Pedro Martínez y el concejal José Antonio Valverde Reina– de tramar una operación con el objetivo de represaliar a Alfonso Martínez Baños, dirigente socialista de Totana y denunciante.
La Audiencia Provincial considera que el juzgado número 2 de Totana no evaluó la petición que realizó Carmona para que se archivaran las actuaciones por falta de pruebas y ha anulado todo el procedimiento judicial realizado hasta ahora.
Un testigo del juicio por corrupción en Aledo dice que se sintió estafado por Urvisan
El promotor del plan parcial "Monte Aledo Resort", que promovía la construcción de un complejo urbanístico de 4.500 viviendas y una playa artificial, entre otros servicios, declaró en el Juzgado que investiga un presunto caso de corrupción en ese municipio que se consideró "estafado" por la empresa a la que se adjudicó la urbanización, Urvisan.
Esta empresa, que dirigía José Antonio Núñez, fallecido hace cuatro años al precipitarse al vacío desde la planta número 12 de un edificio ubicado en Murcia, está siendo investigada por la presunta entrega de comisiones ilegales al alcalde de Aledo, Simón Alcaraz, y al teniente de alcalde, Antonio Alcaraz -ambos, imputados-, para conseguir así la adjudicación de concursos de obras amañados.
El promotor del plan, Francisco Gómez, que declaró como testigo en estas diligencias, aseguró que llegó a pagar doce millones de euros por las obras de urbanización del complejo, "en lo que considera una estafa de Urvisan en connivencia con su propio director de obras".
Las revelaciones de Gómez han sido conocidas ahora al levantarse el secreto que pesaba sobre gran parte de la causa, que acumula ya casi 30.000 folios y que investiga presuntos casos de corrupción urbanística en este municipio y en el de Librilla, en connivencia con un jefe de servicio de la Comunidad Autónoma, José Luis Cano, muerto en accidente de tráfico cuando se dirigía a ver a su abogado para articular la defensa.
En su declaración ante el juez instructor, el magistrado Andrés Carrillo, Francisco Gómez aseguró que para la puesta en marcha del plan compró, entre otras, una parcela al teniente de alcalde Antonio Alcaraz, por el precio de 36.000 euros y que parte del precio se lo abonó con la entrega de un coche Mercedes S-500.
Asimismo declaró que propuso a este edil poner a su nombre las acciones que poseía del C.D. Toledo y que éste lo aceptó por hacerle un favor, ya que él tenía incompatibilidad para tenerla a su nombre, ya que el Consejo Superior de Deportes no permitía que una misma persona poseyera acciones de más de una sociedad deportiva.
Al preguntarle el juez el motivo por el que había elegido a Alcaraz para hacer la operación "entre tantas personas posibles" contestó que lo decidió así porque tampoco se le permitía que figuraran a nombre de familiares o empleados de sus empresas.
Añadió que también se vio movido a llevar a cabo esta operación porque, en caso contrario, no habría podido fundar la Sociedad Deportiva del Cartagena C.F., que preside.
El testigo negó haber sido presionado por el alcalde de Aledo e imputado en esta causa, Simón Alcaraz, para que el contratista de Monte Aledo Resort fuera la empresa Urvisan, propiedad de Núñez.
Gómez afirmó que había recibido ofertas de dos empresas de Alicante, "pero que un día vio en Aledo unos carteles de Urvisan y que Núñez le presentó un presupuesto y que le dijo que mirara a ver si podía ser su empresa la que hiciera la obra, porque tenía ya gente trabajando en Aledo, y de este pueblo".
Además, añadió en su declaración, "le hicieron un descuento, de modo que los escogió como contratistas".
En sus manifestaciones, aseguró que se "arrepintió" de esta decisión "porque la empresa, junto con J.G., y de mutuo acuerdo con éste, certificó más obra de la que realmente se estaba ejecutando".
Además, señaló que en el procedimiento concursal de Urvisan se le reconoció por el Juzgado de lo Mercantil un crédito por importe superior a los cinco millones de euros, "de manera que el declarante está bien arrepentido de haberla elegido como contratista, y, de hecho, tiene pleitos contra ésta".
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