En total son 15 millones que podrían proceder de Argentina, como consecuencia de la venta de su participación en Puerto de Rosario.
Si Mercé Gironés no sabe “de dónde viene” el dinero, tal y como ha declarado a LA GACETA, puede preguntárselo a su ex marido. El mismo día que Gironés amplió el capital de su nueva sociedad, IRIGEM 2012, en 7,6 millones de euros, Jordi Pujol Ferrusola realizó una aportación equivalente en Active Translation, una empresa dedicada a labores de traducción y secretariado. Fuentes cercanas a la pareja coinciden en que estos más de 15 millones de euros podrían proceder de Argentina, como consecuencia de la venta de su participación en Puerto de Rosario. Hay que indicar que las cantidades de las que hablamos no responden necesariamente a dinero en efectivo, sino que puede tratarse de valores o acciones aportadas como capital social.
Antes de realizar la ampliación de capital –efectiva desde el pasado 30 de enero– Jordi Pujol Ferrusola transformó Active Translation de sociedad anónima a sociedad limitada. Esta empresa, con domicilio actual en Ganduxer 5 –el despacho principal del hereu en Barcelona– ha tenido como administradores a personas cercanas a Pujol hasta que el primogénito se convirtió en administrador único en junio de 2010. Hasta esa fecha y desde 2004, su cuñado Ramón Girones Riera (hermano de Mercé) estaba al frente de la sociedad.
Por Active Translation han pasado más caras conocidas de la familia Pujol. La mujer del primogénito, Mercé Gironés, actuó de secretaria en varios consejos de administración; y antes de 2004, Josep Mayola se encargó de su administración. Mayola está relacionado con un turbio asunto que salpicó hace unos años a otro de los Pujol, a Pere. Su sociedad V-Line Capital se quedó con Servitransfer, la promotora de la macro planta trituradora de residuos de Follarac, en Gerona. Los vecinos de la zona aseguraban que Pere Pujol había estado tras esta operación.
Los movimientos societarios realizados por la ahora ex pareja llegan en el peor momento. Justo cuando el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a Hacienda un informe completo sobre Jordi Pujol Ferrusola. Ruz quiere saber si se han acogido a la amnistía fiscal del Gobierno y recopilar todos los datos posibles sobre las rentas que el primogénito pudiera haber recibido del extranjero. Entre ellos, aseguran fuentes de la investigación, “se incluyen también las actividades empresariales de su ex mujer”.
El juez Ruz mostró así credibilidad a las declaraciones de Victoria Álvarez, una antigua compañera sentimental de Jordi Pujol hijo, que aseguró que había visto como el primogénito traía una mochila llena de billetes de 500 desde Andorra. Álvarez habló también de los negocios que Pujol tenía en México (hotel El Encanto), en Argentina (Puerto de Rosario) y como en una ocasión había acompañado a Pujol hasta Londres, donde el hereu se reunía “con un tal Herbert” a quien se le relaciona con operaciones societarias en las islas del Canal (Reino Unido) y otros paraísos fiscales. Las declaraciones de Álvarez, quien a diferencia del empreario Javier de la Rosa ha mantenido ante el juez lo declarado a la policía, son una de las piezas claves de la investigación. Es precisamente el negocio en Argentina y las presuntas actividades del hereu en las islas del Canal lo que centra la investigación ordenada por Ruz.
¿Conexión con Unió?
Tanto Gironés como Pujol han contratado a Vicente Manuel Lorenzo Acuña para realizar todo este tipo de gestiones societarias. La vinculación entre Lorenzo y el matrimonio tiene raíces políticas. Lorenzo, ex militante de Unió, es primo del portavoz de CiU en el Congreso Josep Sánchez-Llibre. Sin embargo, no parece que esta relación haya influido en la contatación de Lorenzo, un hombre que, según fuentes de Unió,"nunca fue bien visto por el patriarca de la familia", en clara referencia al ex presidente de la Generalitat.
La experiencia empresarial de Lorenzo Acuña tiene más sombras que luces.
En 2009 fue condenado a dos años y tres meses de cárcel por la Audiencia de Barcelona por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos dentro del llamado caso Treball. El tribunal sentenció también que el empresario no podría desempeñar cargos públicos ni representar sociedades por un periodo de tres años. Según la sentencia, el ex secretario de Trabajo de Generalitat, José María Servitje, desvió más de 46.000 euros de fondos públicos adjudicando estudios que eran plagiados a las empresas de Lorenzo Acuña.
Pero de poco sirvieron las investigaciones, el juicio y la sentencia para los imputados del caso Treball. En marzo de 2012, el ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón indultó a los dos condenados. A Lorenzo Acuña le conmutaron la pena de carcel por un año de multa a razón de 10 euros por día.
Fue entonces, cuando Acuña fue rescatado por la familia Pujol para realizar actividades mercantiles en las empresas del primogenito y su ahora ex mujer.
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