Juicio a la directora de una perrera por miles de sacrificios indebidos
- 2.865 perros y gatos murieron con sufrimiento innecesario en dos años
En teoría daban cobijo a animales abandonados, ofrecían asistencia
veterinaria, servicios de residencia y peluquería. En la práctica, la
Guardia Civil encontró en las instalaciones del Parque Animal de
Torremolinos (Málaga) decenas de animales muertos en neveras, bolsas y
contenedores. La presidenta de esta asociación para la defensa y
protección de los animales, Carmen Marín Aguilar, y un empleado de su
confianza, Felipe Barco, se sentarán en el banquillo por sacrificar más
de 2.865 perros y gatos en dos años haciéndoles sufrir y sin estar
titulados para administrarles medicamentos eutanásicos.
Ese sufrimiento innecesario lo ocasionaban, supuestamente, al inyectar a los animales pequeñas dosis de medicamentos como el Dolethal y T-61. El Colegio de Veterinarios de Málaga ha estimado que los sacrificios superan los 2.865 basándose en el volumen y peso de las mascotas y la cantidad de medicamentos que utilizaron. Su imputación se sostiene, según el juez Carlos Peinado, por las afirmaciones de seis testigos que les vieron inyectar estos productos a los animales para sacrificarlos hasta una vez por semana. Además, cuentan con informes de la Guardia Civil, reportajes fotográficos y documentación intervenida en el lugar.
El juzgado número 5 de Torremolinos dio por terminada la instrucción del caso en octubre. La responsable de la perrera y su empleado están acusados de delitos continuados de maltrato animal y de intrusismo profesional. Otros dos veterinarios que en principio habían sido implicados por falsedad documental han quedado fuera de la causa.
Ni el fiscal, ni las acusaciones han presentado aún sus peticiones de condena porque el auto de apertura de juicio está recurrido. “El fiscal pidió que se volviera a imputar a la señora Carmen Marín y a uno de los veterinarios por falsedad documental”, explica José Alcalá de los Ríos, letrado del Colegio de Veterinarios de Málaga. Esta corporación está personada como acusación particular.
En este mismo procedimiento se comenzó a investigar el uso que la responsable de la protectora hacía de los donativos y aportaciones de sus benefactores. Estas pesquisas, incluidas en una causa separada, constatan que “una parte importante” de estos fondos habían sido utilizados por su presidenta para pagar estancias en San Petersburgo (Rusia), Boston (Estados Unidos) o Marrakech (Marruecos); servicios de spa y circuitos de hidro-masaje junto a su cónyuge; la instalación de una alarma de su domicilio particular o compras de alimentos y productos de higiene personal.
En un informe, elaborado en octubre de 2011, la Guardia Civil destacó que, además de la presidenta, también realizaban un uso “abusivo y continuado” de los fondos de la perrera su hija y yerno, afincados en Torremolinos, y otra de sus hijas, que reside en Madrid.
Los investigadores consideraron que esos fondos podrían haber enriquecido además a otras “personas y sociedades” vinculados con implicados y que podrían haber blanqueado dinero. Los agentes solicitaron al juez que se siguiera indagando para establecer responsabilidades penales y que se les retirara una concesión de una caseta en el recinto ferial porque se estaba subarrendando de forma irregular.
Ese sufrimiento innecesario lo ocasionaban, supuestamente, al inyectar a los animales pequeñas dosis de medicamentos como el Dolethal y T-61. El Colegio de Veterinarios de Málaga ha estimado que los sacrificios superan los 2.865 basándose en el volumen y peso de las mascotas y la cantidad de medicamentos que utilizaron. Su imputación se sostiene, según el juez Carlos Peinado, por las afirmaciones de seis testigos que les vieron inyectar estos productos a los animales para sacrificarlos hasta una vez por semana. Además, cuentan con informes de la Guardia Civil, reportajes fotográficos y documentación intervenida en el lugar.
El juzgado número 5 de Torremolinos dio por terminada la instrucción del caso en octubre. La responsable de la perrera y su empleado están acusados de delitos continuados de maltrato animal y de intrusismo profesional. Otros dos veterinarios que en principio habían sido implicados por falsedad documental han quedado fuera de la causa.
Ni el fiscal, ni las acusaciones han presentado aún sus peticiones de condena porque el auto de apertura de juicio está recurrido. “El fiscal pidió que se volviera a imputar a la señora Carmen Marín y a uno de los veterinarios por falsedad documental”, explica José Alcalá de los Ríos, letrado del Colegio de Veterinarios de Málaga. Esta corporación está personada como acusación particular.
En este mismo procedimiento se comenzó a investigar el uso que la responsable de la protectora hacía de los donativos y aportaciones de sus benefactores. Estas pesquisas, incluidas en una causa separada, constatan que “una parte importante” de estos fondos habían sido utilizados por su presidenta para pagar estancias en San Petersburgo (Rusia), Boston (Estados Unidos) o Marrakech (Marruecos); servicios de spa y circuitos de hidro-masaje junto a su cónyuge; la instalación de una alarma de su domicilio particular o compras de alimentos y productos de higiene personal.
En un informe, elaborado en octubre de 2011, la Guardia Civil destacó que, además de la presidenta, también realizaban un uso “abusivo y continuado” de los fondos de la perrera su hija y yerno, afincados en Torremolinos, y otra de sus hijas, que reside en Madrid.
Los investigadores consideraron que esos fondos podrían haber enriquecido además a otras “personas y sociedades” vinculados con implicados y que podrían haber blanqueado dinero. Los agentes solicitaron al juez que se siguiera indagando para establecer responsabilidades penales y que se les retirara una concesión de una caseta en el recinto ferial porque se estaba subarrendando de forma irregular.
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