Los escándalos ya pasan factura a Arturo Fernández: Turismo le quita varios 'caterings'
Los escándalos que han salpicado en los últimos días al vicepresidente
de CEOE, Arturo Fernández, ya empiezan a pasarle factura. Y no solo en
la patronal, organización en la que ayer Arturito amagó con dimitir,
aviso que se quedó en un “tiempo de reflexión” sin probabilidad de cese.
Los problemas también le asaltan en los negocios: según ha podido saber
Vozpópuli, Grupo Arturo Cantoblanco, el colosal emporio hostelero que
regenta Fernández, ha perdido el contrato en un edificio del Ministerio
de Turismo, al que debe desde 2003 algo más de 2,7 millones.
Se trata del alquiler del servicio de restauración del Palacio de
Congresos de Madrid, en el que tiene su sede el Instituto de Turismo de
España (Turespaña). El dirigente empresarial aterrizó en el inmueble en
2003, donde se hizo con el servicio de catering por un periodo de cuatro
años que luego renovó, según fuentes consultadas. Ante los sucesivos
impagos, el ministerio que tutela el canario José Manuel Soria ha
decidido quitarle el contrato, que hoy sigue desierto, como ayer podía
leerse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
De hecho, el Grupo Cantoblanco no prestaba el servicio en Turespaña,
sino que era el titular del contrato pero subarrendaba la labor a una
filial del Grupo Husa, propiedad del exvicepresidente culé Joan Gaspart.
El pasado 30 de enero, El Economista reveló la deuda de 2,7 millones
con el instituto de turismo. El lunes, la cadena Ser habló con
trabajadores de Arturo Cantoblanco sobre supuestos pagos de los salarios
en negro como práctica habitual en las empresas y filiales. Y el
martes, este medio publicó otra deuda de dos millones de euros que
Arturo Fernández ha contraído en los últimos años con la institución
ferial Ifema.
Demasiados baches para el también presidente de la patronal madrileña
CEIM, siempre bien relacionado con el poder: con 3.000 trabajadores
operando en 120 establecimientos, no le ha ido nada mal en lo tocante a
los negocios, sobre todo a la hora de contratar con instituciones,
organismos y edificios públicos (como la cafetería de UGT, la del
Congreso o la de la Asamblea de Madrid). Fuentes anónimas del Gobierno
aseguran que su caída en desgracia le puede privar de nuevos contratos.
Ayer los sindicatos movilizaron a sus delegados en el grupo para
examinar la situación laboral en cada una de las firmas de Arturo
Fernández.
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