Ocho imputados en 'Gürtel' han regularizado 10 millones
Dos empresarios se acogieron a la amnistía fiscal y otros seis realizaron una declaración complementaria
Dos empresarios imputados en el caso Gürtel, Alfonso García Pozuelo y Fernando Martín, se acogieron a la amnistía fiscal decretada por el Gobierno, según aparece en un informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa que instruye el juez Pablo Ruz, al que ha tenido acceso Terra.
El magistrado preguntó la semana pasada a Hacienda qué imputados en el 'caso Gürtel' habían regularizado fondos, como aseguró la defensa del ex tesorero del PP Luis Bárcenas que éste había hecho. Además, otros seis imputados se acogieron a la declaración complementaria, más Fernando Martín que ha utilizado las dos vías. Se trata del ex consejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, el antiguo diputado autonómico del PP Alfonso Bosch y los empresarios Manuel Salinas, Armando Mayo, José Ramón Blanco Balín y José Luis Ulibarri, éste último a través de la sociedad Begar.
En el caso de Fernando Martín Álvarez, presidente de Martinsa-Fadesa, la cantidad regularizada es de 3.420 euros, por los que pagó 342 de sanción, el 10 por ciento estipulado. El otro imputado acogido a la regularización extraordinaria, Alfonso García Pozuelo,
fue el que motivó la investigación del juez Ruz. Cuando éste, ex
presidente de Constructora Hispánica, declaró ante el juez que se había
acogido a la 'amnistía', el magistrado se interesó por cuántos imputados
más podrían haberlo hecho.
El ex consejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo
presentó el pasado mes de julio declaraciones complementarias relativas
al IRPF del periodo comprendido entre 2008 y 2011 por importe de
4.722,61 euros. Por lo que respecta al antiguo diputado autonómico del
PP en Madrid Alfonso Bosch, en 2008 presentó declaraciones
complementarias respecto de los dos ejercicios anteriores por importe de
3.111,46 euros.
Salinas ha pagado 7,5 millones de euros
La cantidad más alta abonada corresponde al imputado Manuel Salinas Lázaro,
que abonó un total de 7,5 millones de euros mediante declaraciones
complementarias realizadas entre 2010 y 2011 relativas a al IRPF e
impuesto de patrimonio referidos al periodo 2005-2007.
El
juez Antonio Pedreira imputó en junio de 2011 en el "caso Gürtel" a
Fernando Martín, Manuel Salinas y Amando Mayo a raíz de un informe de la
Fiscalía que afirmaba que el presunto cabecilla de la Gürtel,
Francisco Correa, ingresó en junio de 2006 un total de 12,8 millones de
euros en una cuenta en el Credit Suisse de Ginebra a nombre de la mercantil Golden Chain Properties, informa Ep.
Según el escrito, los fondos procedían de una cuenta del Lloyds Bank de Mónaco
a nombre de Cedargrove Invesments SA, sociedad cuyo beneficiario
económico es Fernando Martín. De acuerdo a la documentación remitida
desde Suiza, la transferencia estaba vinculada al cobro de una comisión
por intermediación en un desarrollo inmobiliario de Arganda con la
sociedad Martinsa.
A Amado Mayo le sigue por cantidades regularizadas, según el informe de Hacienda, el también empresario aragonés Amando Mayo Rebollo,
que reconoció en declaraciones realizadas también entre 2010 y 2011
1,35 millones relativos al IRPF y patrimonio de los ejercicios al
periodo comprendido 2005 entre 2008.
Respecto
al presidente de Martinsa-Fadesa, además de acogerse a la amnistía
fiscal también presentó declaración complementaria en junio de 2010 para
ingresar 3.258,74 euros correspondientes al IRPF del ejercicio de 2008.
Blanco Balín, ex presidente de Repsol
En
la información entregada en la Audiencia Nacional también aparece José
Ramón Blanco Balín, abogado del ex vicepresidente de Repsol que ingresó
un total de 504.738 euros en 2009 referidos a los dos impuestos
mencionados en el periodo 2005-2007. Blanco Balín está
considerado el primer 'arquitecto' de la ingeniería financiera que
utilizó la trama liderada por Francisco Correa para hacer perder el
dinero negro por paraísos fiscales.
También
aparece como beneficiaria de regularizaciones a través de declaraciones
complementarias la empresa Begar S.A., cuyo presidente es el también
imputado en la trama Jose Luis Ulibarri. Esta sociedad
habría presentado sendas declaraciones en junio de 2010 y octubre del
año pasado en relación con el impuesto de sociedades.
La
regularización voluntaria ordinaria se implanto en 1995, fecha en la
que gobernaba el PSOE y la última modificación de la normativa sobre la
regularización ordinaria data de 2006, cuando el Gobierno socialista
realizó una modificación el régimen de regularización voluntaria
ordinaria en la Ley General Tributaria.
En
aquel momento se introdujo un apartado 5 en el que se disponía un
descuento del 25 por ciento en los recargos por regularización
extemporánea si se pagaba en plazo voluntario de pago, con lo que se
reducía el coste de la regularización ordinaria.
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