una noticia sorprendente en un país donde ya no hay presunción de inocencia, y cuando los varones son sistemáticamente imputados por "maltrato" en cualquier proceso de separación..
Un imputado por maltrato mantiene la custodia de sus dos hijos menores
La Audiencia de Madrid ha ordenado reabrir una investigación penal
contra un vecino de esa comunidad por supuestos malos tratos cometidos
contra su excompañera, de la que se encuentra separado, y sus dos hijos.
Sin embargo, los dos menores, de 11 y 13 años, siguen conviviendo con
el presunto agresor, que conserva la guarda y custodia que le concedió
la titular del juzgado de violencia sobre la mujer encargado del caso,
la juez que, en primera instancia, archivó la causa penal contra el
padre argumentando que la mujer los había puesto en su contra
generándoles el Síndrome de Alienación Familiar (SAF), que la comunidad
médica no reconoce. La Audiencia, sin embargo, mantiene que los menores
han podido sufrir un delito de malos tratos por parte de su padre.
La
titular de ese juzgado madrileño archivó el 26 de marzo del año pasado
la denuncia por maltrato presentada por la madre de los niños. La
magistrada de violencia argumentaba que esa denuncia solo se debía al
resentimiento o al ánimo de venganza que tendría esta contra su
compañero, el presunto agresor, por lo que la perpetración del delito no
quedaba probada.
Esa decisión de la juez se basaba únicamente en el informe del equipo
psicosocial del juzgado en el que, tras explorar someramente a todos los
miembros de la familia, se aseguraba que los menores sufrían el
“Síndrome de Alienación Familiar (SAF)”. “La madre y los hijos forman
una coalición en contra del padre situándose como víctimas de una
situación de malos tratos que no se ha objetivado por ninguna vía
imparcial”, mantenía ese documento. Fue la propia juez a petición del
fiscal la que solicitó que ese equipo dictaminara también sobre la
existencia de ese síndrome que ni la OMS ni la biblia de los trastornos
mentales, el DSM-IV de la Asociación Americana de Psiquiatría,
reconocen. El Observatorio contra la Violencia del Consejo General del
Poder Judicial considera que el SAP no es más que una estrategia
procesal para resistirse a la aplicación de la ley integral contra este
fenómeno.
El archivo de la investigación penal por maltrato —que ahora ordena
reabrir la Audiencia— se produjo solo un día antes de la vista en ese
mismo Juzgado de Violencia en la que se debía decidir cuál de los dos
progenitores se quedaba con la guarda y custodia de los menores. Un
mes después de esta última comparecencia, el 27 de abril, la
magistrada, en contra del criterio del fiscal que pidió la custodia para
la madre, dictó su sentencia en la que la otorgaba al padre y suspendía
las visitas de la madre a los niños durante tres meses atendiendo
también a la existencia de ese síndrome. En cumplimiento de esa
resolución, la mujer entregó a sus hijos al padre el 3 de julio. Desde
entonces han pasado más de siete meses en los que la progenitora no ha
podido volver a verlos.
Todavía hoy, los hijos siguen bajo la custodia del padre que, sin
embargo, está imputado judicialmente por maltrato hacia ellos y hacia la
madre. Es decir, dos de las supuestas víctimas
conviven con el presunto agresor. Y es así porque, a pesar de que el
Juzgado de Violencia conoce desde finales de noviembre que la Audiencia
de Madrid le obligaba a seguir la investigación contra el progenitor,
hasta el momento, su titular no ha decidido que los niños vuelvan con su
madre. El objetivo de la creación de los juzgados de violencia en 2005
—que llevan conjuntamente la investigación del delito (penal) y los
divorcios y las relaciones con los hijos (civil)— era que la posible
marcha dispar de esos procesos no dejara desprotegidas a las víctimas.
El artículo 158 del Código Civil permite al juez “de oficio” es decir,
por su propia iniciativa, dictar las “disposiciones que considere
oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle
perjuicios”. Pero es que, además, la madre, a través de su abogada, así
lo solicitó expresamente a la magistrada de violencia el pasado 3 de
enero. En su escrito, la letrada recordaba la resolución de la Audiencia
de Madrid que reconocía “que los menores han podido sufrir un delito
continuado de malos tratos por parte de su padre”. Por ello pedía a la
magistrada que acordara “a la mayor brevedad posible, la entrega de los
menores a la madre”. La juez respondió que el escrito de la mujer tenía
un defecto formal y que en él no se especificaba la medida concreta que
se solicitaba.
Al contrario que la juez de violencia, la sección 26 de la Audiencia de
Madrid considera que el testimonio de la madre sobre los supuestos malos
tratos “resulta creíble”. “No podemos llegar a la conclusión de que
concurre un móvil de resentimiento o venganza (...) u otro de similar
naturaleza que haya sido el detonante o causa de la denuncia”, mantienen
los magistrados, que reprochan a la juez que obviara otros informes
médicos y psicológicos aportados al caso que ratificaban el discurso de
la supuesta víctima.
Entre ellos estaba el de la psicóloga que atendió a la madre desde su
ingreso en un centro de acogida en febrero de 2010 y que, en su
diagnóstico, encontró signos de malos tratos físicos, psíquicos y
sexuales. También la que la examinó en el Observatorio Regional de
Violencia de Género, dependiente de la Comunidad de Madrid, encontró
esos indicios. De todos ellos, recuerda la Audiencia, se desprende “que
la denunciante [es decir, la madre] sufre un trastorno adaptativo o de
estrés postraumático derivado de la situación de maltrato sufrido”. A
esos documentos se suma el de la psiquiatra que la atendió el 14 de
marzo de 2011 en un centro del Servicio de Salud Mental madrileño, que
le diagnosticó un “trastorno adaptativo con síntomas mixtos en relación
con maltrato de pareja”. Todos esos informes fueron elaborados por
organismos públicos.
Este periódico ha intentado ponerse en contacto con la abogada del
padre, que el pasado martes, declinó ponerse al teléfono. Ahora, la
madre y presunta víctima tiene la esperanza puesta en otro recurso que
también ha presentado ante la Audiencia de Madrid, aunque de carácter
civil. En él solicita que, teniendo en cuenta que su excompañero sigue imputado por maltrato, se le devuelva la custodia los niños.
Así intentará conseguir de ese órgano superior lo que hasta el momento
no ha logrado del que, mantiene, tiene el deber de protegerla. A ella y a
sus hijos.
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