¿Una segunda transición?
La crisis española, caracterizada por una elevada corrupción, economía
sumergida, ineficiencia del sector público y desequilibrios
territoriales, debe combatirse con cambios legislativos y
constitucionales pactados
Guillermo de la Dehesa 2 FEB 2013
Estos son algunos de los serios problemas institucionales, económicos y políticos que están aflorando en España.
Primero, el
sector público es hoy demasiado grande para poder ser financiado con
los ingresos fiscales procedentes de sus ciudadanos y empresas. Hay
que luchar contra la evasión fiscal, al estar el IRPF excesivamente
concentrado en los asalariados, pensionistas y autónomos y al ser la
evasión del IVA todavía muy elevada.
En 2008, antes de la
recesión, 18,65 millones de personas declararon por IRPF, pero solo
8.590 (el 0,046%) declararon ingresos superiores a 600.000 euros; 87.300
(el 0,47%) entre 150.000 y 600.000 euros y 677.000 (el 3,63%) entre
60.000 y 150.000 euros. Es decir, el 95,85% declaró rentas inferiores a
60.000 euros y solo el 4,15% declaró rentas superiores a 60.000 euros.
En 2010, los declarantes de más de 600.000 euros cayeron a 5.189 y los
de entre 150.000 y 600.000 euros a 67.744.
En 2012, la Comisión Europea ha estimado que la economía sumergida en
España alcanzaba el 19,2% del PIB y otras estimaciones llegan el 25%
del PIB. Esta contiene actividades productivas que evaden impuestos
directos e indirectos, Seguridad Social, salarios mínimos, etcétera,
contribuyendo a que nuestros ingresos por IVA sean el 5,4% del PIB
frente al 7% de media de la UE.
A la sumergida hay que añadirle la ilícita, compuesta por actividades
delictivas (terrorismo, contrabando de mujeres, niños, especies,
órganos, drogas y armas, blanqueo de dinero, prostitución, consumo de
drogas) financiadas con billetes en euros y dólares de alta
denominación, cuyos propietarios no pueden ser detectados por ser al
portador. Lamentablemente, en 2007, circulaban en España el 36% de
todos los billetes de 500 y 200 euros de la Eurozona, cuando nuestro
peso porcentual de su PIB total era del 11,9%.
Segundo, a esta corrupción privada hay que añadir la política o pública,
que afecta a aquellos políticos, gobernantes y administradores públicos
que abusan de su poder vendiendo bienes públicos por debajo de su valor
o dando concesiones administrativas por encima de su valor, para
obtener una ganancia privada o partidista.
El índice de
percepción de la corrupción de Transparencia Internacional (2012)
clasifica a España en el puesto 30 detrás de Chipre y de Botsuana y por
delante de Portugal, cuando la gran mayoría de los países de la Eurozona
están entre los 22 primeros, salvo Italia (72).
Corrupción privada y pública atañen a la inspección fiscal, Policía,
Guardia Civil y también a la justicia, que siendo mayoritariamente
eficiente, es excesivamente lenta, haciendo que muchos delitos
prescriban antes de llegar a la Audiencia o al Supremo, incentivando a
muchos delincuentes extranjeros a residir en España.
Tercero,
el sector público es grande y menos eficiente que en otros países
europeos al solaparse en cuatro niveles distintos de Administraciones
públicas y necesita cuanto antes una profunda reorganización de sus
niveles y competencias.
En 2010, el 40% de nuestros 47
millones de habitantes residía en 33 municipios de más de 100.000
habitantes, ocupando solo el 1% del territorio nacional. El 52% vivía en
83 municipios de más de 50.000 habitantes y el 68% en 252 municipios de
más de 20.000 habitantes, pero existen 8.114 ayuntamientos. Siendo 168
ayuntamientos los que hacen frente a la mayoría de las demandas
económicas y sociales de los ciudadanos, son las comunidades
autónomas las que concentran el mayor poder de gasto, y la
Administración central quien concentra el mayor poder de ingreso.
También
en 2010, el mayor gasto del Estado lo hacían las autonomías (35% del
total y 16% del PIB), seguidas de la Seguridad Social (32% del total y
14% del PIB), de la Administración central (20% del total y 9% del PIB) y
de los ayuntamientos (13% del total y 6% del PIB). El mayor ingreso lo
recaudaba la Administración central (37% del total y 13% del PIB),
seguida de la Seguridad Social (33% del total y 12% del PIB), las
autonomías (19% del total y 7% del PIB) y los ayuntamientos (11% del
total y 4% del PIB).
Esta asignación territorial de ingresos y gastos debe modificarse para
que los servicios de las Administraciones públicas estén más cerca de
las demandas de los ciudadanos y para que cada Administración,
especialmente las autonómicas, intente mejorar sus propios ingresos
fiscales recaudándolos de sus propios ciudadanos, en lugar de vivir
solamente de las transferencias de la Administración central, sin
recaudar incluso impuestos cedidos. Son los impuestos los que justifican
una representación política y no al revés.
El número de
empresas públicas, especialmente autonómicas y municipales, es
desproporcionado y mayoritariamente en pérdidas, siendo algunas más un
sistema de generación de nóminas y dietas, de colocación de políticos y
de captura de rentas que un medio eficaz de enfrentar necesidades
económicas. Han proliferado las televisiones autonómicas,
financieramente insostenibles, perdiendo 1.600 millones en 2011.
Cuarto,
en los partidos políticos ha comenzado a primar el interés partidista
sobre el general. No han invertido recursos suficientes para mejorar la
excelencia en aquellos factores de producción intangibles
(educación, formación, investigación, desarrollo, innovación y
tecnología) que generan ya la mayoría del crecimiento de las economías
avanzadas. Muchos Gobiernos autónomos y locales han primado la
inversión en bienes tangibles, como suelo, construcción y vivienda,
porque, entre otras razones, podían llegar a generar una apropiación de
rentas al ser contratadas o conceder sus permisos.
Durante más de dos siglos, las cajas de ahorro han sido fundamentales para financiar el desarrollo local, provincial y regional español, mientras sus obras sociales aportaban servicios públicos necesarios. La Ley de Órganos Rectores de las Cajas de 1985 intentó “democratizar” sus órganos de gobierno,
obligando a que en sus asambleas estuviesen presentes representantes de
corporaciones municipales y provinciales, impositores, empleados y la
corporación fundadora. Finalmente, la mayoría de miembros de sus
asambleas, consejos y obras sociales han terminado siendo políticos y
representantes sindicales.
El resultado final es que de
46 cajas existentes en 2009, hoy solo quedan 11 bancos de cajas, 3 de
ellos nacionalizados agrupando 12 cajas, y 2 cajas pequeñas.
Excluyendo aquellas Cajas cuyos directores rechazaron determinados
deseos de sus presidentes y consejos (logrando mantenerse en sus
puestos) muchas han terminado quebrando, siendo fusionadas o compradas. Durante la burbuja, las cajas aumentaron un 25% sus sucursales y un 27% su personal, mientras los bancos los reducían en un 5%.
Quinto, en los interlocutores sociales, patronales y sindicatos, parte fundamental de la sociedad civil, también prima su interés corporativo. Han
sido, en buena parte, responsables de nuestros desmesurados niveles de
paro, al no ponerse de acuerdo, oponerse o impedir varias reformas
laborales. España es líder de la UE con 6.000 convenios colectivos, mayoritariamente provinciales que, hasta la reciente reforma laboral, han provocado cierres masivos de pymes en cada recesión.
En
lugar de organizarse a nivel sectorial y nacional, como en la mayoría
de la UE, lo están también a nivel regional y provincial e incluso
local, creando organizaciones excesivamente grandes y costosas para su
actividad real. Además, cada uno recibe cientos de millones de euros
anuales de subvenciones procedentes de la cuota de Formación
Profesional y del Fondo Social Europeo, para facilitar la formación
profesional continua.
A pesar de recibir elevadas
subvenciones públicas, los sindicatos no publican todavía cuentas
auditadas por auditores independientes y la CEOE por vez primera ha
publicado este año las de 2011. En 2001, una inspección del FORCEM
por el Fondo Social Europeo mostró que una parte de sus subvenciones no
había sido invertida en formación profesional continua, exigiendo su
devolución.
Para cambiar cuanto antes el rumbo de estas graves y nocivas tendencias,
la débil sociedad civil española debe reorganizarse y los dos grandes
partidos políticos deben promover, conjuntamente, cambios legislativos y
constitucionales.
Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research (CEPR).
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