Ya hay más tarraconenses que ‘viven’ del Estado que empleados privados
Entre personal del sector público, parados y jubilados hay 248.899 personas, frente a 227.054 trabajadores de la empresa privada
En Tarragona ya hay menos personas contribuyentes netos al Estado que personas cuyos ingresos dependen, de una u otra manera, de las diferentes administraciones. Así, Estado, Generalitat y Ayuntamientos sufragan las ‘nóminas’ de cerca de un cuarto de millón de personas en Tarragona (entre pensionistas, parados con prestaciones y empleados públicos). Los ‘curritos’ del sector privado apenas superan los 227.000.
Por tanto, el 52,29% de tarraconenses que cobra un sueldo, pensión o prestación lo hace del Estado.
Esta situación se debe a una doble causa: que cada vez hay más pensionistas y que la profunda recesión provoca que aumente el paro y, por tanto, las personas que reciben el subsidio de desempleo. Y, aunque las administraciones han hecho recortes recientemente, el número de empleados públicos ha aumentado en los últimos años.
Comparativa con 2006
La comparativa con 2006, cuando aún no había estallado la crisis, es escalofriante. A 1 de enero de ese año, 385.700 personas tenían trabajo en Tarragona. Ahora son 265.462. Paralelamente, el número de desempleados con prestaciones se ha disparado de 19.800 en 2006 a 54.800 este año.
El gran perjudicado ha sido el sector privado, ya que en 2006 eran 356.203 empleados y ahora, 227.054.
En cambio, el personal público ha crecido: de 29.497 a 38.408.
La empresa privada ha perdido 129.000 trabajadores y la Administración ha ganado 8.900. Las cifras del sector público son de 1 de enero de 2012, las más recientes disponibles.
En 2006, el origen de los ingresos de los tarraconenses era totalmente opuesto al de 2013. Hace siete años, el 65,87% de los ciudadanos con ingresos los recibía del sector privado.
¿Es viable un sistema donde más personas ‘viven’ del Estado que del sector privado? Dos expertos en pensiones –Raúl Navarro (doctor en Derecho y profesor titular del Trabajo y la Seguridad Social de la URV) y Guadalupe Souto (del Departament d’Economia Aplicada de la Autònoma de Barcelona)– consideran que no se pueden mezclar trabajadores públicos y perceptores de una pensión o subsidio porque los primeros también cotizan y aportan al sistema, aparte de que desarrollan trabajos «que alguien ha de hacer».
¿Administración eficiente?
El debate, dicen ambos, es si la Administración está sobredimensionada o es eficiente, por un lado, y si el sistema de pensiones es viable, independientemente de dónde trabajen las personas cotizantes.
Para Souto, la cuestión es qué papel quiere asumir el Estado. «Por ejemplo: el debate entre sanidad privada y pública. Si se opta por la segunda, el Estado asume las nóminas y la puede hacer llegar a todo el mundo. En la primera, la Administración deberá transferir dinero a las empresas. Esto no quiere decir que se vaya a ahorrar costes. O sí. Depende de la eficiencia del sector público».
Según Navarro, «los funcionarios no son equiparables a los pensionistas. La sobredimensión de la Administración es un problema político. Habría que analizar si es mejor eliminar cargos de confianza de los políticos que aplicar tanto recorte a los funcionarios. Es injusto decir que los trabajadores públicos no contribuyen. El debate está en su cantidad.
La Administración más sobredimensionada es la local y luego, la autonómica».
¿Bajar las pensiones?
La mayor esperanza de vida hace que –por suerte– los pensionistas puedan disfrutar cada vez más años de la jubilación que merecidamente se han ganado durante años y años de cotización durante su vida laboral. Por tanto, el Estado necesita cada vez más dinero para pensiones.
A 1 de enero, había en Tarragona un total de 154.326 pensionistas frente a 265.462 trabajadores. En 2006, eran 134.571 pensionistas y 385.700 trabajadores.
Los expertos coinciden en que la ratio ideal para que el sistema de jubilaciones sea sostenible es de 2 a 1, es decir, que haya el doble de trabajadores que de jubilados. Actualmente la ratio es del 1,61 en Tarragona. En 2006, era de 2, 8. Por tanto, la sostenibilidad del sistema de pensiones está cada vez más en entredicho.
Navarro es contundente: «El sistema de Seguridad Social tal como está ahora es insostenible. Hay que adoptar medidas ya, no dentro de cinco o diez años».
¿Y qué medidas propone?
«Ya nos tocará jubilarnos a los 70 años, pero hay que disminuir la cuantía de las pensiones. El problema es que en España hay un gran lobby: el de los nueve millones de votos de los jubilados. Y el partido que baje las pensiones se juega las elecciones».
«No vamos a tener ni población ni capacidad de crear empleo suficiente para pagar las pensiones si no tomamos medidas», concluye Navarro con pesimismo.
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