Seis consejos de Bruselas que han pasado desapercibidos pero que marcarán el futuro

Seis consejos de Bruselas que han pasado desapercibidos pero que marcarán el futuro

Entre la treintena larga de recomendaciones que la Comisión Europea formuló ayer a España para contener sus desequilibrios macroeconómicos, hay seis, seis en concreto, que han pasado desapercibidas, pero que cambiarán de forma decisiva la forma en que se hacen las cosas en nuestro país. Son éstas:

1. Examen sistemático de las principales partidas de gasto. Lo decía hace unos días José María Fidalgo, ex secretario de Estado de CCOO y ahora director de la Unidad de Mediación y Negociación de la IE Business School, hablando de la reforma de las Administraciones Públicas: "En español, ni siquiera tenemos traducción para el concepto anglosajón de 'accountability'".

Este término, íntimamente vinculado a la gestión corporativa y, más concretamente, a la gestión pública, hace referencia a la evaluación de las políticas y a la rendición de responsabilidades.

Implica, entre otras cosas, que todo gasto público debe ser evaluado, y mantenido o retirado en función del resultado de la evaluación. Si es eficaz se mantendrá, si no lo es, se eliminará.

Esto, en España, no se hace y según la Comisión Europea esa carencia está detrás de la escasa eficiencia y la baja calidad del gasto público. En 2006, el impulso del ministro Jordi Sevilla permitió la creación de una Agencia Estatal de Evaluación del Gasto, que debía cumplir esta función, pero nunca cuajó y a día de hoy lleva sin emitir un informe desde 2011.

Bruselas quiere ahora que España empiece a hacer 'accountability' y le ha exigido que, para empezar, realice un evaluación detallada de las principales partidas de gasto del Presupuesto: a día de hoy, éstas son pensiones, prestaciones por desempleo e inversiones en infraestructuras.

2. Evaluación independiente de grandes proyectos de infraestructuras. Aeropuertos vacíos, líneas de AVE con costes astronómicos que acaban por cerrarse por escasez de pasajeros, autovías por las que apenas pasan un centenar de coches al día, ciudades de la cultura o de las artes y las ciencias; según los expertos, muy pocas de las grandes infraestructuras levantadas en España en los años del 'boom' soportarían una auditoría que midiera la relación coste-beneficio.

Bruselas ve estas prácticas como un ejemplo del despilfarro y ha exigido a España que establezca un sistema de evaluación independiente, probablemente bajo la Autoridad Fiscal pendiente de desarrollo, que evalúe la rentabilidad de los grandes proyectos de infraestructuras previstos para el futuro. Muchas líneas de AVE podrían estar amenazadas.

3. Itinerario individual de colocación. La reforma laboral de 2002 sentó el principio de que los Servicios Públicos de Empleo ofrecieran a los desempleados inscritos en sus oficinas un plan personalizado de inserción laboral, con medidas formativas y de mejora de su empleabilidad adaptadas a su perfil profesional. Cualquiera que haya pasado por el paro sabe que, una década después, poco se ha avanzado en este principio.

Bien, pues antes de que acabe el año, el Gobierno deberá haber promovido (la competencia en políticas activas es de las comunidades autónomas) un sistema de asistencia individualizada a los desempleados que tenga en cuenta sus perfiles profesionales y sus necesidades de formación. ¿Se hará ahora? Bueno, al menos los hombres de negro de la troika van a estar pendientes de que así sea.

4. Un empleo o formación para jóvenes en cuatro meses. Un millón de jóvenes están en paro, el 57% de los jóvenes entre 16 y 25 años que quieren trabajar no pueden hacer y un 90% de los jóvenes en situación de desempleo no están cursando ninguna clase de formación.

Bruselas valora el plan de empleo joven de España, pero quiere resultados y para ello plantea que se establezca en España la "garantía juvenil" un principio que obliga a que en un plazo de cuatro meses a todos los jóvenes en situación de desempleo se les ofrezca bien un puesto de trabajo, bien formación, o bien un puesto de aprendiz.

5. Más apoyo al alquiler de vivienda. ¿Está haciendo lo suficiente el Gobierno para impulsar el mercado de alquiler? Sí, se ha puesto en marcha una ley que aumenta la protección sobre los arrendadores y que suprime cláusulas injustas, como la obligación de actualizar las rentas en relación al IPC, pero también es cierto que se han restringido las ayudas al alquiler y que habrá más viviendas procedentes de bancos vendiéndose dentro del banco malo, que en un parque social de alquileres.

Bruselas exigirá a España que a principios de 2014 presente una evaluación de cómo han funcionado las nuevas medidas de fomento del alquiler para ver si han sido eficaces para impulsar este mercado.

6. Lucha contra la pobreza. España es uno de los países de la UE-27 con un mayor porcentaje de su población en riesgo de caer en la pobreza. Bruselas considera que esta situación no es ajena a un marco de protección muy disgregado y poco eficaz.

Por ello, exige que el Gobierno ponga la lucha contra la pobreza en su agenda reformista y que adopte y aplique "las medidas necesarias" para mejorar los servicios de ayuda de calidad a las familias.