un ataque a la libertad de expresión.. si se supiera cómo se concedieron esas subvenciones que no se notificaron..
Bruselas obliga a plataformas de TDT en España a devolver 260 millones de ayudas ilegales
La Comisión Europea ha dictaminado este miércoles que los operadores de
plataformas de televisión digital terrestre (TDT) en España deberán
devolver 260 millones de euros de ayudas públicas. Bruselas ha declarado
estas subvenciones ilegales por discriminar a otras tecnologías.
Las
ayudas corresponden al plan español de 2005 para financiar la
transición a la televisión digital terrestre en las regiones remotas de
España. Sus fondos se destinaron exclusivamente a los operadores
terrestres y no fueron notificadas al Ejecutivo comunitario.
La compañía Abertis fue la principal beneficiaria de estas subvenciones.
Muchos operadores locales que también recibieron fondos no deberán
devolverlos porque no superan el umbral mínimo para ser considerados
ayudas públicas por Bruselas. No obstante, corresponde al Gobierno
español explicar cómo recuperará el dinero.
A raíz de la denuncia de un operador de plataforma por satélite, la
Comisión inició en 2010 una investigación detallada sobre el plan
español. El análisis puso de manifiesto que, en efecto, la medida
financió exclusivamente la digitalización de la tecnología terrestre,
mientras que otras plataformas alternativas, como el satélite, el cable o
internet, no pudieron acogerse a esas subvenciones.
Por ello, el Ejecutivo comunitario ha concluido que la medida española
falsea indebidamente la competencia entre los operadores de TDT y
operadores que utilicen otras tecnologías. "Los primeros han recibido
una ventaja indebida en relación con sus competidores, por lo que deben
reembolsar esas subvenciones improcedentes al contribuyente español", ha
dicho la Comisión en un comunicado.
Al margen de este
asunto, la Comisión también ha iniciado una investigación pormenorizada
respecto de otros dos casos de digitalización en España. El primero se
refiere a la aplicación del plan de transición en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, en donde, además de una posible discriminación
tecnológica, existen alegaciones de discriminación contra operadores de
plataformas terrestres regionales y locales.
El segundo se refiere a las ayudas concedidas a los radiodifusores por
el cambio de ancho de banda. Ambos casos siguen en fase de
investigación.
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