Cort gasta 700.000 euros anuales en pagar el agua y la luz de Son Banya
Interior del poblado de Son Banya. | Pep Vicens
- Sufraga los servicios elementales a los 446 habitantes censados
- En el llamado 'súper' de la droga hay 92 chabolas
- 55 de las 107 familias perciben ayudas económicas para subsistir
La erradicación del poblado marginal de Son Banya ahorraría un buen pellizco a los contribuyentes palmesanos. No es sólo acabar con el principal punto de tráfico y venta de droga de la capital balear y el lodazal donde sobreviven entre la cochambre, la inmundicia y la miseria 151 menores de 16 años y decenas de familias no vinculadas al narcotráfico. En tiempos de crisis, de recortes y ajustes de todo tipo, el Ayuntamiento de Palma destina anualmente en torno a 700.000 euros al pago de los recibos de agua y luz de los 446 habitantes censados en Son Riera.
Un gasto notable al que la administración municipal tiene que hacer frente y que sólo en electricidad le supone un desembolso de una media de 37.000 euros mensuales. «De manera extraoficial», asegura el director general de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, «el gasto en agua estaría en torno a 300.000 euros al año». El problema añadido en este caso es que esa factura obedece al consumo que realizan las 107 familias registradas pero también a toda clase de obras ilegales que se ejecutan sin control alguno. También contribuye a engordar la cifra las constantes fugas de agua que tiene la red de canalización de Emaya.
El Ayuntamiento tiene que hacerse cargo del pago de esos servicios al ser de propiedad municipal el terreno donde se levanta el casi centenar de chabolas. Un espacio cedido en precario en la década de los setenta sin que los residentes tengan título de propiedad alguno sobre las mismas.
Una decisión adoptada en su momento con la finalidad de acabar y arrinconar el chabolismo de Palma que el paso del tiempo demostró equivocada.
Pese a la presencia de toda clase de coches de alta gama a las puertas de algunas casas de la zona, son los contribuyentes palmesanos los que pagan los servicios elementales de agua y luz y las reparaciones que se tercien. Aunque no tienen título de propiedad sí que están censados y el Consistorio palmesano notificó hace 3 años el desalojo a 42 familias de las que había constancia de que tenían una vivienda fuera del poblado. Un proceso iniciado por el anterior gobierno municipal liderado por la socialista, Aina Calvo, y que culminará la presente legislatura una vez que el Tribunal Supremo resuelva las 45 demandas interpuestas por los afectados de forma firme y definitiva. Todas estas chabolas serán derribadas si bien eso no supondrá el final de un poblado en el que seguirán malviviendo en torno a 50 familias.
«Cuando acabemos esta primera fase tendrá que haber una decisión política del Consistorio sobre el futuro del poblado», admite Sánchez. «Las personas que queden finalmente allí que no tienen donde vivir y hay que ver si continuamos con el desalojo o se adopta otra medida», apunta. Desde Bienestar Social se reconoce que no hay redactado un plan de acción para cuando eso suceda. La hoja de ruta en vigor aprobada la pasada legislatura establece que las familias que hayan decidido acogerse al plan de realojo tienen una vía de diálogo abierta con la administración municipal para buscar una vivienda alternativa cuyo alquiler será subvencionada por el Consistorio. No se echa a ninguna persona de Son Banya que no tenga una vivienda fuera.
El problema es que la crisis y el paro dieron al traste con las posibilidades de éxito. Las opciones de los habitantes del poblado de encontrar un empleo regular que les garantice los recursos suficientes para normalizar su situación fuera de allí son prácticamente nulas. Pese a ello, el Ayuntamiento destina 21.700 euros en becas para talleres propios y de formación ocupacional en los que actualmente hay inscritos 15 alumnos.
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