Dinero de la Junta para parados acaba en Rumanía, Luxemburgo y paraísos fiscales
Vitalia cobró 21,23 millones en sobrecomisiones por tramitar ERE
La rama internacional de los ERE andaluces
La
trama de los EREs fraudulentos subvencionados por la Junta de Andalucía
no conoce fronteras. Parte de las abultadas «sobrecomisiones» pagadas a
la mediadora del grupo catalán Vitalia, cuyo negocio consistía en
tramitar ayudas sociolaborales, acabó en «complejas operaciones y
estructuras societarias en Luxemburgo y Rumanía (sin descartar otros
paraísos del Este de Europa)» y se esfumó en ramificaciones societarias
vinculadas al negocio inmobiliario con sede en paraísos fiscales como
República Dominicana.
Un informe de los Mossos d’Esquadra, que forma parte de las diligencias
del caso Eurobank instruido en la Audiencia Nacional, aporta detalles
muy sustanciosos sobre la arquitectura financiera creada para evadir
importantes partidas de dinero público que teóricamente estaba destinado
a rescatar a empresas y asegurar una pensión a trabajadores que se
quedaban en paro.
La juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, levantó el
miércoles pasado parte del sumario (51 tomos) que estaba bajo secreto
desde hace siete meses, relacionado con el cobro de las llamadas
sobrecomisiones. Se enmarca dentro de la operación «Heracles», que se ha
saldado con cinco imputados más. Entre la voluminosa documentación
entregada ayer a las partes se halla el citado informe de avance que
realizó en 2011 la policía autonómica catalana a instancias de un
juzgado de Barcelona tras incautarse de una gran cantidad de
documentación en papel y material informático en los inmuebles de
Vitalia. Hasta seis directivos de la consultora están imputados en el
caso de los ERE: Eduardo Pascual y María Vaqué (también imputados en
Eurobank), además de Antonio Albarracín y su esposa María José Marcos,
Jesús Bordallo y Roser Massa.
La Unidad Central Operativa de
la Guardia Civil estima en 21,35 millones de euros «el exceso de
comisión percibida en el conjunto de las pólizas» de prejubilación
gestionadas por la consultora Vitalia, cuyos márgenes de ganancia
superaron el 29,5% (aunque la media del mercado estaba en torno al 4% o
5%). Los trabajos se adjudicaron sin mediar un concurso público. De esta
cuantía, las comisiones cobradas por la filial Irson SL y
correpondientes a pólizas suscritas con la aseguradora Generali
ascendieron a 7,9 millones, mientras que Holding Europeo Tindex facturó
13,29 millones a través de las pólizas firmadas con Fortia.
El atestado de los Mossos d’Esquadra destaca que su «importante papel»
como mediador ante la Junta constituyó «una de las fuentes de negocio
mediante la cual se nutría el grupo». Dentro del «laberíntico entramado»
se encontraban la aseguradora belga Apra Leven, ya quebrada, y Fortia
Vida (resultado de la fusión de Personal Life y Norton Life), que
concentraron gran parte del negocio de las prejubilaciones pese a
carecer de autorización legal para realizar tales operaciones. Los
investigadores destaparon que Apra Leven «replicó un entramado mercantil
en torno a la aseguradora belga» que habría acabado en sociedades
inmobiliarias de Luxemburgo (considerado un paraíso fiscal) y Rumanía. Precisamente
en este país los agentes descubrieron cómo compraron un solar por un
precio irrisorio y otra sociedad suya adquirió el mismo solar a «un
precio muy superior a través de tasaciones falsas para inflar el valor
del patrimonio». Vitalia también utilizó terceras empresas ubicadas en
paraísos fiscales para «dotar de opacidad al movimiento de fondos»,
apuntan.
El consejero lo autorizó
La Guardia Civil concluye que las sobrecomisiones, que «han causado un
verdadero perjuicio a la hacienda pública andaluza, eran acordadas por
Albarracín, director general de Vitalia, con la Junta, «con el
conocimiento y autorización de los superiores jerárquicos de ambos
(Pascual y Vaqué, por un lado, y el consejero de Empleo [Antonio
Fernández] por otro). Los comensales que comieron de este jugoso pastel
fueron tan diversos como el destino del dinero: enriquecimiento personal
de los mediadores y del exdirector de la Junta Javier Guerrero, pagos a
los sindicatos UGT y CC.OO. «por servicios prestados o no», así como a
«conseguidores» de ayudas como Juan Lanzas, consultoras y abogados.
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