La Audiencia Nacional anula los 476 despidos de Roca en Madrid y Sevilla
La Audiencia Nacional ha declarado nulo el expediente de regulación de
empleo (ERE) por el que Roca Sanitarios cerró la fábrica sevillana de
Alcalá de Guadaira y despidió a sus 249 trabajadores y a otros 227 en la
factoría de Alcalá de Henares (Madrid), el pasado marzo.
Los sindicatos CC OO y UGT impugnaron el ERE al entender que se había
vulnerado el derecho a la libertad sindical porque se "les conminó a
activar el despido de trabajadores de la sección de bañeras de Alcalá",
que no estaban afectados por el ERE, si los miembros del comité de
empresa de Sevilla querían ejercer su derecho de preferencia de
permanencia en la empresa.
La sala de lo Social de la Audiencia Nacional considera que en efecto se
vulneró dicho derecho, "que no es un privilegio" sino una "garantía de
los representantes de los trabajadores" que les permite negociar sin la
presión de saberse afectados, y por otra parte asegura que los
trabajadores mantienen a sus representantes tras los despidos. La
nulidad del ERE implica que la empresa tiene que readmitir a todos los
trabajadores, pero Roca anuncia que renunciará a recurrir la sentencia
ante el Tribunal Supremo y presentará un nuevo ERE subsanando los
defectos que determinaron la nulidad.
Tanto
la inspección de trabajo como el ministerio fiscal apoyaron las
alegaciones de los sindicatos. La sentencia de la Audiencia Nacional
considera que al cerrarse la factoría de Sevilla la empresa no estaba
obligada a dar a los miembros del comité el derecho de permanencia, pero
al hacerlo vulneró el derecho a la libertad sindical ya que les colocó
en una situación "peculiar" que les restó "manifiestamente objetividad" y
les "quitaba cualquier credibilidad" ante sus compañeros.
"Si optaban por la permanencia en un centro que nunca les eligió", el de
Alcalá de Henares, perjudicaban a los trabajadores de dicho centro
cuyos puestos no estaban en cuestión, añade la sentencia.
"Ejecutores de sus compañeros"
La sentencia
considera que también se vulneró el derecho a la libertad sindical de
los representantes de los trabajadores de la fábrica de Alcalá de
Henares (donde permanecieron acampados los empleados cuatro meses en
protesta por el ERE). Entiende que se les colocó en la disyuntiva de
"proteger sus puestos de trabajo o imponer el despido de otros
trabajadores cuyos puestos no estaban en cuestión" salvo en el caso de
que los miembros del comité de Sevilla optasen por la recolocación en
Madrid.
La disyuntiva vulnera el derecho fundamental a la libertad sindical como
estableció el Tribunal Constitucional en la sentencia 40/85 "porque es
la empresa y no los representantes de los trabajadores quien tiene que
tomar la decisión de despedir", porque de lo contrario les coloca como
"ejecutores de sus propios compañeros".
Lo que debería haber hecho la empresa, concluye, era especificar qué
puestos de bañeras había que amortizar en Alcalá de Henares para
asegurar la recolocación de los miembros del comité sevillano, alegando
en este caso causas organizativas para despedir a esos trabajadores de
Madrid.
Los sindicatos han recibido la sentencia con gran alegría. Juan Carlos
Álvarez Liébana, secretario de Política Industrial de CC OO, considera
que el fallo de la Audiencia Nacional es “ejemplar y ejemplarizante” y
destaca que la vulneración de los derechos de los representantes de los
trabajadores repercute en todos los empleados. Para Mariano Hoya,
secretario general de la federación de Industria de UGT Madrid considera
que la sentencia hace a los trabajadores “un poquito más fuertes” en
tiempos “muy duros” y pone en su sitio a las empresas que pretenden
hacer “chantaje” a los comités de empresa.
Los políticos también expresaron su satisfacción por la sentencia. El
presidente del PP de Andalucía, Juan Ignacio Zoido, reiteró el "máximo
apoyo” a los trabajadores y dijo que cualquier decisión "debe ser
consensuada con los trabajadores y tener como objetivo el mantenimiento
del centro de Roca en Alcalá de Guadaíra". El alcalde de Alcalá de
Henares, Javier Bello, del PP recibió la noticia con “satisfacción y y
esperanza" la sentencia que "da la razón a los trabajadores y a todos
los que, como el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, han dicho que Roca
no ha querido negociar".
Roca por su parte considera que la sentencia "sorprende y desconcierta"
tanto a la empresa como a los trabajadores que firmaron un acuerdo
individual, el 67% sobre el total de los despidos, según la compañía. El
consejero delegado del Grupo Roca, Ramón Asensio, afirma que la
sentencia "agrava todavía más la situación productiva de la operación
española en su conjunto" y entiende que la misma reconoce las causas
económicas en las que se apoyó el ERE. En su opinión "la reforma laboral
que entró en vigor en febrero del año pasado y cuyo reglamento no se
aprobó hasta el mes de octubre, ha demostrado una dificultad de
aplicación que obliga a las empresas a asumir el coste de aprendizaje
del sistema".
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