si existiera un "paraíso" para la corrupción, sería similar a hispanistán: miles de "detenidos", pocas condenas, y ninguna consecuencia.. disfruten lo votado..
La corrupción sumó 800 casos y casi 2.000 detenidos en una década
El español confía en la policía (45%), algo en la justicia (36%) y nada en partidos y sindicatos
No hay una cifra tótem sobre la corrupción en España durante el siglo
XXI, aunque sí varios estudios que presentan alguna aproximación: en 13
años se han detectado unos 800 casos, no todos ellos judicializados, y
se han practicado unas 2.000 detenciones, según fuentes policiales. Se
conocen algunas consecuencias: principalmente que los españoles tienen
más fe en la policía (45%) que en la justicia (39%) a la hora de
denunciar un caso de corrupción y no confían nada en los políticos (4%) y
los sindicatos (6%). Es más, los españoles han pasado de sospechar que
la corrupción era un asunto local a creer firmemente (93%) que se
encuentra en instituciones nacionales. La percepción de que España está
invadida por la corrupción está ahora en su punto más elevado.
Sin embargo, se está produciendo un efecto retardado: los casos que
están hoy en las páginas de los periódicos y en la mesa de jueces y
fiscales corresponden a unos años atrás. Es seguro que, como
consecuencia de la crisis económica, haya ahora menos corrupción. Ahora
bien: ¿se habrán corregido las conductas corruptas? Sobre eso habrá que
seguir investigando.
Se han cumplido ya siete años del estallido de la Operación Malaya, el
caso que hizo despertar la conciencia de que algo muy sucio estaba
pasando en España. Desde entonces, el mapa más completo sobre la
corrupción urbanística en España lo han realizado unos geógrafos de la
Universidad de La Laguna (Tenerife). Un mapa según el cual más de la
mitad de la población española, el 56,1%, ha sufrido un caso de
corrupción en su municipio. Esa sería una de las conclusiones de un
estudio que recopiló todos los casos conocidos en un decenio, entre 2000
y 2010, estuvieran judicializados o no: la cuenta sumó 676 casos.
El estudio realizado por los geógrafos refleja cómo, a partir del año
2006, se dispara el conocimiento de los casos de corrupción (antes de
esa fecha se habían registrado muy pocos), coincidiendo con la explosión
de las dos primeras investigaciones mediáticas: la Operación Ballena
Blanca (marzo de 2005) y, sobre todo, el caso Malaya (marzo de 2006).
Esta explosión de casos tiene varias explicaciones: Una, la burbuja
inmobiliaria estaba en su apogeo; dos, se inauguran delegaciones de la
Fiscalía Anticorrupción en zonas calientes de España. Y, tres, se crean
unidades policiales de investigación especializada. Es el caso de la
conocida UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), responsable
de los principales casos. Por entonces, la UDEF no llegaba a los 100
agentes. En la actualidad, cuenta con 299, según puso de manifiesto hace
unos meses el ministro del Interior, Jorge Fernández.
El estudio de la Universidad de La Laguna registra 414 casos hasta el
año 2008, que se disparan en otros 262 entre 2009 y junio de 2010 (un
63% de incremento), un porcentaje que coincide con datos de
Anticorrupción. El estudio acaba ahí. Si se buscan otras fuentes, la
propia memoria de la Fiscalía Anticorrupción señala cómo a partir de
2010 empiezan a disminuir el número de diligencias de investigación, una
señal de que la cantidad de casos tiende a bajar, producto del
estallido de la burbuja inmobiliaria entre 2008 y 2009. Según otros
informes, la cifra se quedaría cerca de los 800.
Estos números son coincidentes con un estudio elaborado por Elena
Costas-Pérez, Albert Solé-Ollé y Pilar Sorribas-Navarro, publicado en
2012 en el European Journal of Political Economy (Corruption scandals,
voter information, and accountability). “Nosotros recogimos noticias de
prensa publicadas entre 1996 y 2009”, explica Elena Costas, “a partir
del estudio de la Fundación Alternativas para los años 2000-2007,
complementado con búsquedas bibliográficas de las noticias publicadas
antes y después”. Suman casos (los judicializados) y escándalos y la
cifra alcanza los 814 hasta enero de 2009. “Estos casos implican a 565
municipios”.
En el estudio de los geógrafos, Andalucía es la comunidad que suma mayor
número (154) seguida de Valencia (94), pero es Murcia quien tiene
afectado un mayor porcentaje de municipios (el 57,8%), debido en parte a
que es la comunidad con menor número de Ayuntamientos. Los dos grandes
partidos políticos aparecen como principales responsables: el 44% son
municipios gobernados por el PP y el 31,2% por el PSOE.
“Pensábamos que había un elemento coyuntural y observamos que no, que
había una connivencia entre la iniciativa privada y las instituciones
públicas”, explica el profesor Víctor Martín, uno de los autores del
estudio, que señala que el punto de inflexión se produjo con los casos
Ballena Blanca y Malaya.
Y ocho años han pasado desde que explota el caso Ballena Blanca hasta
que el Supremo dicta sentencia para cinco de los 19 acusados: cinco años
de cárcel para el abogado Fernando del Valle, principal imputado y
acusado en su momento de blanquear dinero a través de hasta 1.000
sociedades, muchas de ellas domiciliadas en paraísos fiscales. Se
divulgaron en aquella ocasión imágenes de sus colecciones de coches y de
sus lujosos inmuebles, además de su afición a contratar para su
despacho exclusivamente a letradas.
El juicio arrancó en marzo de 2010 con mucho ruido, algún escándalo (el
extravío de algunos de los 257 tomos del sumario) y muchas dudas sobre
su operatividad: los 50 imputados se quedaron en 19 y al juicio se
acreditaron 176 periodistas.
Hoy en día, Fernando del Valle ha recuperado parte de su patrimonio,
solo estuvo seis meses en la cárcel y hace tiempo que reabrió su
despacho como abogado en Marbella (Málaga). Hay serias dudas de que
vuelva a pisar la cárcel, entre otras cosas porque seguramente
solicitará su indulto al Gobierno, algo parecido a lo que hará el
también abogado y presidente del Sevilla, José María Del Nido, si el
Supremo confirma su condena de siete años por el caso Minutas, otra de
las piezas de lo que ha sido el puzle marbellí. ¿Pasará algo parecido
con la operación Malaya, convertida en otro macrojuicio con 103 acusados
y casi año y medio de duración?
La atención de muchos expertos está situada, actualmente, en la
sentencia de este caso, que se espera con expectación. Hay división de
opiniones. Algún experto sostiene que habrá una condena severa “porque
se ha tocado el dinero público”. Otros dudan de que haya sanciones
ejemplares: “Si las condenas siguen la levedad de las impuestas en el
caso Ballena Blanca, habría que replantearse cómo investigar estos
asuntos”, señala un jurista. “Sería interesante saber cuál ha sido el
coste total del caso Malaya”, apunta un abogado. El debate está abierto
desde hace tiempo: son cada vez más quienes defienden que sean los
fiscales y no los jueces quienes lleven el peso de la instrucción.
La lista de operaciones de relumbrón es amplia. Hay una lista de nombres
que se ha hecho familiar al español medio, desde esa Ballena Blanca
hasta el cada vez más complicado caso Gürtel, pasando por el caso Nóos
que toca a la Familia Real o el asunto Bárcenas que pone en cuestión al
actual Gobierno del PP, sin olvidar episodios con miles de afectados
como las presuntas estafas de Fórum Filatélico y Afinsa.
Siete años parece ser la media de edad en la que una operación policial
alcanza el momento del juicio oral, demasiado tiempo según los expertos,
una media que solo se rompe en Baleares gracias a una estrategia
diferente en la forma de instruir los procedimientos y evitar los
macroprocesos.
Han sido ocho años de convivencia con la corrupción, asunto de
actualidad casi diaria, corrupción que ha pasado su examen por las
urnas. El trabajo de Costas-Solé-Sorribas muestra un castigo medio en
las urnas equivalente a una pérdida de votos del 4%, que fue mayor en
las elecciones locales celebradas en 2007 que en las de 2003. “La
estimación de nuestro modelo”, señala Elena Costas, “confirma que los
votantes españoles castigaron a los políticos locales corruptos. Los más
penalizados fueron aquellos alcaldes involucrados en escándalos que
generaron un alto número de noticias, más de 10, donde la pérdida media
de votos en las elecciones del 2007 aumentó del 4% al 9%”.
Los geógrafos de La Laguna extraen otra interesante conclusión: un 88%
de los escándalos han estado relacionados con el suelo. O con el
terreno. De tal forma que el antiguo caciquismo (que los autores sitúan
en la primera restauración borbónica) ha sido sustituido por uno nuevo
(el de la segunda restauración borbónica), en el que entran a formar
parte constructores: “Cuando estos se convierten en grandes
propietarios, empiezan a tener el mismo comportamiento que los
anteriores caciques”. La diferencia está en que los caciques del siglo
XXI prefieren guardar el dinero en Suiza y otros paraísos fiscales.
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