puede que alguien tenga un problema para comprender el concepto "protección" y el concepto "víctima", o a lo mejor es una muestra más de surrealismo de lo que se conoce como "justicia" en hispanistán.. disfruten lo votado..
La fiscalía quiere parar la investigación de las preferentes en la Audiencia Nacional
La
Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que anule la
decisión del juez Fernando Andreu de investigar la comercialización de
preferentes porque supondría crear un "paradigma de macro-causa
ingobernable" que generaría una "grave desprotección a las víctimas".
El fiscal, que apeló contra los autos en los que el magistrado admitía a
trámite varias querellas por este asunto, pide que sea el pleno del
tribunal quien resuelva sobre esa admisión, "dada la trascendencia de
las cuestiones que deben debatirse". Los escritos van dirigidos a la
sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, la
misma que ordenó a Andreu investigar las ventas de preferentes e
incorporarlas a la causa en la que instruye la fusión y salida a bolsa
de Bankia. El juez, sin embargo, decidió abrir una pieza separada con
ellas.
Anticorrupción cree que, ante la "previsibilidad de que se planteen en
el futuro cuestiones de similar contenido", debe ser el pleno el que
"decida el cauce por el que deberán dilucidarse las eventuales
cuestiones que se susciten ante la sala", por lo que reclama la
celebración de una vista oral previa.
La investigación emprendida por Andreu abarca al expresidente de Caja
Madrid, Miguel Blesa, seis miembros del consejo de administración —entre
ellos Gerardo Díaz Ferrán—, otros ocho altos cargos de esta entidad y
Bancaja, así como contra sus filiales, Bankia, y su matriz, BFA,
Según su criterio, la comercialización de preferentes comprende una
doble vertiente: la primera la de su ideación y venta general por parte
de la cúpula directiva de las entidades, lo cual ya se está investigando
en la causa de Bankia, en la que están imputados todos los que fueran
miembros de su consejo de administración y su expresidente Rodrigo Rato.
La
otra es la comercialización individualizada por parte de los directores
de las sucursales, y es en este punto en lo que discrepa la Fiscalía,
que considera "improcedente" iniciar una investigación penal "masiva"
dirigida contra todos estos empleados.
En este sentido, sostiene que "el engaño dirigido a una masa de víctimas
puede idearse desde la dirección de las entidades, pero no desde la
posición de quienes comercializaron" estos productos. "Y ello porque
resulta descabellado mantener que existió una planificación general y
orquestada por todos los directores, comerciales o empleados de
sucursales" para "colocar de forma fraudulenta" las preferentes entre
los inversores minoristas.
Además,
"igualmente queda fuera de toda lógica" que estos trabajadores
conocieran los estados financieros de la entidad, cuando lo que ocurrió
"sencillamente" es que los comerciales se limitaron a vender un producto
"autorizado y regulado, siguiendo las instrucciones impartidas por la
dirección de las cajas".
Rechaza así "la sugerida creación de espacios de impunidad" que alegó
Andreu para admitir las querellas y vuelve a defender la vía civil ante
la "ausencia de datos objetivos" que permitan el encaje penal de los
hechos denunciados por UPyD y varios particulares en las mismas.
Por ello, insiste en que una investigación general sobre un delito de
estafa cometido supuestamente por los empleados de las entidades
"supondría convertir esta investigación en un paradigma de macro-causa
ingobernable" con "cientos de imputados" que vendieron estos productos
en "circunstancias diversas para cada caso" y "miles de testigos" que
las adquirieron.
A ello se une una "infinidad" de diligencias en ciudades de toda España
que alargarían el proceso, que "generarían una grave desprotección a las
víctimas" y harían "inviable" el mismo. No obstante,
Anticorrupción no excluye la posibilidad de que se hayan producido
engaños con relevancia penal, como en los casos de "personas incapaces,
de edad avanzada o analfabetas".
En definitiva, resume el fiscal, la Audiencia Nacional es competente
para investigar si la venta masiva de preferentes "obedeció a un plan
ideado" por los responsables de las cajas pero no para enjuiciar a los
empleados que lo ejecutaron
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