La Seguridad Social vuelve a adjudicar a dedo su informática por 70 millones de euros
El actual Gobierno del PP parece querer seguir la senda del anterior
Ejecutivo socialista y hacer oídos sordos a las amonestaciones del
Tribunal de Cuentas. El pasado 14 de junio el Gobierno coló de tapadillo
en Consejo de Ministros una medida en este sentido: autorizó a la
Tesorería General de la Seguridad Social a contratar mediante concurso
abierto los servicios de informática, a cargo de la Gerencia. Se trata
de un contrato jugoso: 40,5 millones para los dos próximos años,
prorrogables otros dos más por 70,3 millones de euros.
El anuncio ni siquiera se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado
(BOE), sino en una web estatal, la Plataforma de Contratación del
Estado. Pero choca con un informe del Tribunal de Cuentas publicado el
año pasado. Se trata del “informe de fiscalización de la contratación”
perteneciente a los ejercicios comprendidos entre 2006 y 2009: en él, el
tribunal, siempre por detrás de los acontecimientos, denuncia la
“utilización excesiva de la adjudicación de los contratos” e incluso la
“cautividad tecnológica respecto a unas pocas empresas” en la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social (GISS), uno de los pilares de la
Secretaría de Estado que dirige Tomás Burgos. Dependiente del Ministerio
de Empleo, el tribunal cargó entonces contra la adjudicación de 661
contratos por valor de casi 550 millones de euros de 2006 a 2009 y
reclamó el fin de tales prácticas, de forma que fueran los propios
trabajadores, funcionarios, los que se hicieran cargo de los servicios
externalizados.
El concurso anunciado no hace ni 15 días incluye labores típicas de la
Gerencia como la “realización de servicios de análisis, diseño,
construcción, pruebas y documentación de las aplicaciones informáticas”.
Y habla de contratar a 13 técnicos superiores tipo A, cinco tipo B y 61
técnicos medios. En total, 85 personas que, tomando solo el concurso
para los dos primeros años (40 kilos), ganarían cada una de ellas en ese
bienio 476.000 euros (17.000 euros al mes). Cuestión aparte es que las
empresas adjudicatarias vayan a pagar esa cantidad a sus empleados.
Sobre este asunto departirán hoy por la mañana el responsable de CCOO de
Seguridad Social, Carlos Bravo, con portavoces de la Secretaría de
Estado, entre los cuales estará Tomás Burgos. CCOO lleva denunciando
desde 2010 este tipo de actuaciones, máxime en periodo de recortes al
funcionariado y en plena austeridad.
El informe del tribunal reveló asimismo la concentración de contratos en
torno a un grupo reducido de compañías. Ocho empresas se llevaron
aproximadamente el 50% de los más de 500 millones de euros que se
externalizaron en el periodo 2006-2009. Una de las empresas más
beneficiadas de esa externalización ha sido El Corte Inglés, según
fuentes ministeriales.
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