Madrid dinamita el mercado inmobiliario: vende 1.800 viviendas públicas a un fondo de inversión
Empieza la verdadera partida del ladrillo. El Ayuntamiento de Madrid
acaba de abrir el mercado inmobiliario que tanto anhelan los inversores
internacionales. La pasada semana, el consejo de administración de la
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) adjudicó un lote de
1.800 viviendas al fondo de inversión Blackstone, que pagó cerca de 120
millones de euros para hacerse con los pisos de protección oficial que
gestionaba el organismo municipal, según fuentes del sector.
Aunque todavía no es oficial, la venta ha quedado resuelta. Casi nueve
meses después de que comenzara el proceso, la alcaldesa Ana Botella ha
sacado adelante la venta de un lote de activos inmobiliarios propiedad
de la EMVS, necesitada de liquidez para poder garantizar su viabilidad,
ya que una reciente auditoría realizada por PWC destacaba que la empresa
municipal era incapaz de asumir sus compromisos de pago y que
arrastraba un volumen de endeudamiento insostenible.
Tras un primer intento fallido, a finales de febrero el consistorio
regido por Ana Botella recibió las primeras muestras de interés para
comprar las 1.800 viviendas. Como ya adelantó este diario, el proceso se
ha realizado sin concurso público al no tratarse de bienes
patrimoniales y aunque la operación supere los 100 millones de euros,
los fondos desembolsarán sólo entre 30-40 millones, pues el resto del
importe forma parte de la subrogación de la carga financiera que tienen
los pisos.
Al principio, la EMVS mantuvo una negociación individual con el fondo
Lone Star, que realizó un proceso de due dilligence y valoración de los
activos para presentar una oferta. Con esa referencia de precio, el
Ayuntamiento de Madrid inició un proceso de venta competido, esperanzado
en obtener un importe mayor, momento en el cual entraron en la puja los
fondos inmobiliarios gestionados por Morgan Stanley o Blackstone, que
presentaron sus ofertas vinculantes en el mes de mayo.
Sin embargo, los interesados en hacerse con el lote de 1.800 pisos
públicos tuvieron una segunda oportunidad el pasado viernes 14 de junio,
después de que se reformara el concurso y se concediera una prórroga.
El motivo de la decisión extraordinaria fue la existencia de sospechas
sobre posibles irregularidades que llegó a oídos de la alcaldesa, Ana
Botella, que ordenó al responsable de la sociedad pública que rehiciera
el proceso, según la versión ofrecida por distintas fuentes.
Un proceso bajo sospecha
La revisión del concurso tuvo lugar a pesar de que uno de los inversores
interesados, Cerberus Capital, se retiró del proceso. Este fondo de
inversión estadounidense cuenta para sus inversiones en España como
asesor estratégico y posible coinversor a la firma local Poniente
Capital, es decir, a la boutique financiera comandada por José María
Aznar Botella, hijo mayor del expresidente José María Aznar y de la
actual alcaldesa Ana Botella, tal y como adelantó este diario en 2012.
La EMVS es el brazo encargado de promover desde hace más de 30 años el
acceso a la vivienda de los sectores sociales con mayores dificultades,
además de conceder ayudas para la rehabilitación y favorecer realojos.
Al cierre de 2012, el consistorio tuteló 17.000 viviendas en alquiler, a
un precio medio de 685 euros. De acuerdo con las condiciones
contractuales, antes de que se formalizara la transacción, los
inquilinos podían ejercer el derecho preferente para comprar la
vivienda.
A pesar de la poca publicidad del concurso, los planes de la alcaldesa
madrileña se conocen desde diciembre. Desde entonces, el PSOE ha hecho
causa política de esta situación al hacerse eco de las quejas vecinales.
Los precios para ejercer la opción de compra ofrecidos por la EMVS, que
oscilan entre 100.00 y 220.000 euros, representan cantidades
inasumibles para contribuyentes que han tenido que recurrir a un
programa de ayudas sociales para acceder a una vivienda.
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