eso ya parece terrorismo.. disfruten lo votado..
No Country For Architects: Contribuciones y derramas
Todos sabemos que hay crisis. Desde este blog vemos como nuestros
mejores amigos emigran para buscar trabajo allende los Pirineos y el
Atlántico, y sabemos que buena parte de la culpa la tiene este país
avaricioso que pensó que construyendo un millón de viviendas al año se
podría vivir indefinidamente a base de las compraventas consecutivas y
sus beneficios apoyados en la tendencia (siempre) alcista de su precio.
Eso se fue al garete por razones que no vienen al caso y aquí estamos, en el Españistán postladrillero.
Rodeados
de edificios semivacíos pero empapelados con certificados, garantías,
seguros decenales, libros del edificio, inscripciones del registro,
facturas de tasas y de honorarios. Los últimos, hasta con certificados
de eficiencia energética.
Estas tartas tan bien decoradas se guardarán en la nevera registral y
pasarán los años. Uno, tres, diez,... y treinta. Si no les pasa nunca
nada, llegarán las revisiones y cada diez años el patólogo edificatorio
con la titulación-que-prescriba-la-normativa-vigente se dará un paseo
por la acera, el portal, la escalera, el sótano, el camarín del ascensor
por dentro y los pisos que le dejen visitar y opinará doctamente sobre
su estado y los dientes que les falten, hasta que sobrevenga la ruina en
el año 3000.
O no.
Porque el Gobierno, en su ansia por reinflar la burbuja ladrillera y
salvar el culo de los agentes edificatorios vampíricos en preconcurso de
acreedores que quedan, ha creído conveniente extender el deber de
conservar más allá de lo que Alonso Martínez pudo imaginar en su más alocada y opiácea reunión de desarrollo del Código Civil.
Nuestro querido Gobierno pretende aprobar una ley que, transformando la
ITE en un Informe de Evaluación de Edificios, cuya redacción está
prevista por técnicos y por unas inquietantes entidades, obligue a
reformar los bloques de edificios existentes para adaptarlos a la
legislación vigente en materia de accesibilidad, mediante actuaciones
razonables que deberán sufragar los propietarios... y los arrendatarios
de los inmuebles.
La Ley, indulgente y magnánima, limita
este extraño deber de conservar a que el coste de las obras sea
superior a la mitad del coste de reposición (abriendo la puerta al
derribo del inmueble) o a que los propietarios no puedan pagar la
reforma sin especificar cantidades en este caso, no vaya a ser que
llaneando el umbral del portal nos crucemos con el de la pobreza.
Ni
qué decir tiene que en la definición de infravivienda entran de canto
todos los cascos históricos, los primeros ensanches y los barrios
obreros levantados por la Administración por la vía del incumplimiento
de las condiciones de seguridad y habitabilidad exigibles a la
edificación. Lo que implica, de facto, aplicar retroactivamente el
CTE, acto negado en la exposición de motivos, no previsto en el propio
CTE y, como todo lo retroactivo que perjudica al ciudadano,
repetidamente declarado inconstitucional (pero muy rentable mientras
dura la fiesta).
La Ley permite a los ayuntamientos
declarar sectores como áreas susceptibles de Regeneración Urbana, para
obligar a los propietarios a reformar sus bloques de golpe con la
contrata que salga de un concurso público -imparcial, por supuesto-
después de redactar a su cargo el instrumento de ordenación y gestión
urbanística que en su caso fuese preciso. El precio de la reforma deberá sufragarse por las comunidades de propietarios,
aunque el ayuntamiento podrá aumentar la edificabilidad del sector para
entregársela a la promotora como pago sin que medie la entrega de
plusvalías, con la excusa de que se van a generar muy pocas.
El anteproyecto de ley puede consultarse aquí.
No está de más recordar que el Gobierno de España no puede legislar
sobre materia urbanística. Es competencia exclusiva de las Comunidades
Autónomas. Puede ser que los chicos de Rajoy tengan ganas de revivir el
cabaret urbanístico de 1997 o de provocárselo al que gobierne en 2017,
en plan conmemorativo.
Pero lo que clama al cielo es que en
un contexto de empobrecimiento generalizado de la población se pretenda
obligar a la gente que posee viviendas que en su día fueron de renta
limitada, y que ya no tienen deudas con nadie, a meterse en unas obras
por las que seguramente deban endeudarse y que sólo interesan a ellos
mismos. ¡Claro que les preocupa que su bloque no tenga ascensor! ¡Y
que la casa pierda calor por todos los lados y se lo cobre la eléctrica a
precio de oro todos los meses! Y si pueden, hacen las obras para
arreglarlo. De hecho, muchos ayuntamientos vienen declarando desde
hace años Áreas de Rehabilitación Integral, o aprobando Planes
Especiales de Reforma Interior para mejorar los edificios con cargo a
sus fondos, pero siempre desde un plano opcional y consensuado y
teniendo muy en cuenta que no se le puede exigir a los propietarios unas
condiciones no de conservación sino de tipología edificatoria salvo en
caso de rehabilitación integral o ampliación, y únicamente hasta donde
sea posible cumplirlas.
Sin embargo, esta Ley se puede
convertir en el instrumento ideal para la declaración de ruina
anticipada, el desalojo y el derribo de barrios enteros, con el
correspondiente coste social (que a nadie importa), y la sustitución de
los inmuebles por otros de igual renta, o si la cosa se ve interesante,
por otros de renta superior. Y la gente que se fue, o paga un
diferencial, o se queda a vivir en el piso de realojo situado en la
cochinchina que le han dado, junto con una medalla por sus cincuenta
años de fidelidad al Régimen de Propiedad Horizontal y a su Contribución
Urbana.
Y puede que nuestros amigos exiliados vuelvan al calor del solar patrio,
a cobrar los jugosos honorarios que se derivarán de estas
intervenciones paternalistas y muy justificadas, y que resuciten
Martinsa-Fadesa y Reyal Urbis y que Florentino Pérez construya cuatro
torres más en Eurovegas, coronando los Juegos Olimpiquísimos de Madrid
2020. Puede incluso que tenga que huir de mi casa para
evitar que una derrama gigantuosa me obligue a hipotecarme para vivir
de alquiler. Pero cuando el país se harte del todo y liquide
las injusticias sociales como Dios le dé a entender, no me dará ninguna
pena lo que suceda.
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