El ayuntamiento ocupa el pozo que abastece de agua a tres pedanías

resumen: el Ayuntamiento trata de apropiarse de una red de agua..


El ayuntamiento ocupa el pozo que abastece de agua a tres pedanías

El Ayuntamiento de Valencia cumplió su ultimátum y «tomó» ayer el Pozo San Isidro, que abastece de agua potable a las pedanías de Benifaraig, Borbotó y Carpesa. Lo hizo a las siete y media de la mañana, antes de que los vecinos se concentraran para evitar lo que ellos consideran un «expolio». De todas formas, sus protestas obligaron a intervenir a la Policía Local y a la Guardia Civil y además han presentado una denuncia en el juzgado por un posible delito de allanamiento.

No eran todavía las ocho de la mañana cuando representantes del Ciclo Integral del Agua y la empresa Emivasa, gestora del agua en la capital, llegaron al pozo San Isidro, situado a las afueras de Benifaraig, para cambiar las cerraduras de la caseta. El consistorio le ha retirado a Les Llosetes, cooperativa responsable del pozo, el suministro de agua potable a estas pedanías después de que la Generalitat la haya dado de baja en el registro oficial por no acogerse a la nueva normativa autonómica. En agosto del año pasado le dio seis meses para entregar las llaves del pozo y el listado de usuarios y la semana pasada le dio un ultimátum de 5 días para hacer lo propio, un plazo que expiraba ayer. Y no hubo tregua.

La comisión municipal, con escolta de la Policía Local, cambió la cerradura y tomó posesión del pozo sin oposición alguna. El primer vecino en llegar, el presidente de la cooperativa, Miguel Broseta, acudió poco después de las ocho y aunque rápidamente concentró a cerca de cien vecinos ya no hubo marcha atrás.

Los congregados, visiblemente molestos y al grito de «lladres», trataron de impedir que la comisión abandonara el pozo, pero finalmente la Policía Local, con ayuda de la Guardia Civil, consiguió que se fueran sin mayores incidentes. Se había consumado lo que los vecinos consideran un «expolio», una «ocupación» frente a la cual aseguran que seguirán peleando. Ayer, de hecho, el letrado de la cooperativa anunció que presentaría una denuncia por allanamiento. «No han notificado nada y tampoco les hemos firmado el acto administrativo de esta mañana, como querían», dijo.

Lucha por la propiedad

Ya más tranquilos y con papeles en la mano, Miguel Broseta y el propio letrado mostraron una serie de pruebas que demostrarían esa propiedad. La primera de ellas es la escritura del año 1970 por la que el pozo San Isidro adquirió los 124 metros cuadrados de terreno donde están las instalaciones. Les costó 4.000 pesetas. Posteriormente, en el año 1989, se adquirieron otros 10 metros anexos de los que también tienen las escrituras. Se pagaron 50.000 pesetas. Y a finales de 1998 el Ayuntamiento de Valencia reclamó a la cooperativa la realización de unas obras en el pozo al ser ellos «los propietarios del depósito sito en el Camino del Pozo, s/n», dicen textualmente en sus requerimientos. Llegaron a mandarles un embargo con ese mismo destinatario. «Parece que para unas cosas somos los dueños y para otras no», dijo Broseta.

Preguntados por la entidad que pagó las obras del pozo, Broseta aseguró que fue la Confederación Hidrográfica del Júcar (vallado depósito y tubería general) y los propios vecinos, que costearon la red interior al precio de 2.500 pesetas por acometida, al menos en Borbotó. «De haber algo de su propiedad sería de la Confederación, no del ayuntamiento», deduce. Es más, «si quieren lo nuestro que lo paguen, pero que lo paguen como toca, no con los 60.000 euros que nos ofrecieron en su día», añade.