de momento, sólo UK, Bélgica y Alemania parece que se tomen las cosas en serio..
en hispanistán siguen entrando centenares de indocumentados todos los días, a los que evidentemente se les colmará de ayudas, subsidios, paguitas, escuelas y Sanidad gratis.. mientras los nacionales se ven obligados a limpiar los WC en otros países..
disfruten lo votado..
Berlín limitará el acceso a las prestaciones sociales de los inmigrantes europeos
El Gobierno federal alemán, que este miércoles cumplió 100 días en el
poder, ha puesto en marcha un delicado y controvertido proceso que busca
implementar una serie de medidas destinadas a impedir que la llamada
“inmigración de la pobreza”, que protagonizan los trabajadores rumanos y
búlgaros y, sobre todo, las etnias gitanas sinti y roma que viven en
esos dos países, utilicen la libertad de circulación que les garantiza
la Unión Europea, se aprovechen del generoso sistema social que impera
en el territorio germano.
Durante una reunión del gabinete federal y más tarde ante la prensa, el
ministro del Interior, Thomas de Maizière y su colega del Trabajo Andrea
Nahles, presentaron un informe de 133 páginas elaborado por un panel de
expertos de varios ministerios donde se propone conceder un plazo de
entre tres y seis meses para que los inmigrantes de otros paises de la
Union Europea puedan encontrar un trabajo en Alemania. Si al cabo de ese
tiempo, no han encontrado un empleo deberán regresar a sus respectivos
países.
La controvertida medida, si se lleva a la práctica tal como fue
anunciada por el ministro de Maizière, además de frenar la inmigración
de trabajadores búlgaros y rumanos, también afectará al resto de los
inmigrantes europeos, incluidos ciudadanos españoles, que llegan a
Alemania a buscar trabajo.
“Esta medida no es compatible con el derecho de la Union”, explica a
este diario, Volker Beck, portavoz de política interior de los Verdes.
“Los ciudadanos de la UE no necesitan un permiso de residencia alemana,
ya que solo necesitan registrarse en las oficinas correspondientes. En
una Europa libre y democrática no se puede limitar el derecho de
residencia de los ciudadanos de la UE para la búsqueda de empleo”.
La norma europea reconoce el derecho de residencia para los
trabajadores, pero no de manera ilimitada. La mayor parte de las medidas
recogidas en el informe son compatibles con la literalidad de la
directiva de libre circulación, aunque según cómo se trasladen a la
legislación nacional pueden contravenir el espíritu de la norma.
El marco comunitario reconoce a los europeos el derecho a entrar y
residir libremente en cualquier Estado miembro durante tres meses. A
partir de ahí, los Estados pueden decidir otorgar este derecho
únicamente a quienes tengan un trabajo, quienes dispongan de medios
suficientes par vivir (y un seguro de salud) o para estudiantes que
acrediten también recursos suficientes para mantenerse. En el caso de
trabajadores que hayan quedado en paro, se les debe dar un mínimo de
seis meses para encontrar otro empleo. Fuera de esa casuística, las
autoridades pueden expulsar al trabajador, una posibilidad apenas
utilizada hasta que llegó la crisis (y a la que ahora están recurriendo
de manera significativa algunos países como Bélgica)
Más dudosa es la legalidad de poder prohibir la entrada a quienes hayan
sido expulsados por supuestos abusos al sistema social. Tanto la norma
europea como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia
establecen que esos vetos deben estar muy motivados y con un análisis
individual del riesgo que presenta un determinado ciudadano para el
sistema. Se trata, por tanto, de prohibiciones excepcionales que, de
extenderse, vulnerarían el derecho comunitario.
El informe de los sabios alemanes, que lleva por título “Cuestiones
jurídicas y desafíos en el uso de los sistemas de seguridad social por
parte de los nacionales de los Estados miembros de la UE”, y que recibió
la bendición del gabinete, también pone énfasis en la lucha contra el
fraude social que llevan a cabo en Alemania los inmigrantes que llegan
desde Europa del Sur y del Este. Los expertos recomiendan que las
personas que cometan el delito de fraude social deben ser expulsadas y
castigadas con una prohibición temporal para poder volver a ingresar a
Alemania.
Para evitar el fraude, las autoridades alemanas pedirán a los que
soliciten las ayudas sociales un número de identificación fiscal, una
medida que puede garantizar, por ejemplo, el número de personas que
integran la familia del solicitante. El panel de expertos descubrió que
varios inmigrantes han registrado varias veces a sus hijos e incluso han
inventado su existencia para poder cobrar el llamado Kindergeld, una
ayuda de 184 euros mensuales que paga el Estado a las familias por cada
hijo.
La idea de endurecer el control de la llegada al país de los inmigrantes
pobres, que tambien han sido bautizados como “turistas sociales” nació a
comienzos de año en Baviera, el Estado federado más rico de Alemania,
que decidió rescatar de su arsenal político las peligrosas armas del
populismo de derecha para impedir que miles de rumanos y búlgaros puedan
viajar a Alemania para buscar trabajo y, al mismo tiempo, disfrutar del
generoso sistema social que ofrece al país a sus trabajadores.
Ante el temor de que los habitantes de estos dos países, que desde el 1
de enero de este año tienen derecho a circular libremente y solicitar
trabajo en el resto de los países que integran la Unión Europea, deseen
emigrar a Alemania para aprovecharse de las ayudas sociales, la CSU de
Baviera y actual socio del Gobierno de gran coalición, redactó un
explosivo documento donde propuso medidas que excluyan a los futuros
inmigrantes del sistema social germano, una medida que podría frenar la
llegada masiva de trabajadores.
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