Dos cargos y siete técnicos de Economía, imputados por presunta prevaricación administrativa

qué raro.. nunca lo hubiera sospechado..

seguro que aunque se demuestre su culpabilidad, luego el delito habrá prescrito, no perderán la poltrona, y podrán seguir ejerciendo "cargo público"..

disfruten lo votado..



Dos cargos y siete técnicos de Economía, imputados por presunta prevaricación administrativa

Tendrán que declarar ante el juez el próximo 24 de abril por el fraccionamiento de contratos públicos de 2010 denunciado por la Fiscalía Anticorrupción

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, José María Crespo, ha citado como imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa a nueve personas con cargos de diversa responsabilidad en la Consejería de Economía.

Con los indicios presentados al juez, determinará si las citadas personas han tramitado expedientes de manera contraria a Derecho; es decir, si contratos de diferentes eventos que debían haberse ofrecidos mediante licitación pública –tal como obliga la ley al superar los 18.000 euros– han sido divididos (aunque formaran un todo del mismo objeto) con el fin de que su valor fuera menor a esos 18.000 euros y poderse asi adjudicar directamente.

El próximo 24 de abril declararán ante el juez Rafael Llanos Barrocal, entonces jefe de Servicio de Prevención, Miguel Ángel Diez Mediavilla, exdirector general de Trabajo; Juan Carlos Martínez González, jefe de Servicio de Actuaciones Estratégicas Comerciales de la Dirección General de Comercio; Nuria García Prieto, interventora delegada; José María Casas Inclán, coordinador de servicios, también de la Dirección General de Comercio, al igual que Ana María Lorenzo Fernández, jefe de servicio de dicho departamento; Carlos Teresa Heredia, director general de Comercio; Juan Carlos Gamazo Chillón, jefe del servicio de Análisis Económico de la Dirección General de Economía; y Víctor Valverde Gómez, director general de Economía en las fechas en las que se produjeron las supuestas irregularidades.

Tras la denuncia de Fiscalía Anticorrupción, la investigación del juez parte de una auditoría del Consejo de Cuentas de Castilla y León que, en su informe de 2010, detectó unos contratos (la mayoría de Valladolid y otros de León) en los que se había partido el importe de los mismos para no superar los límites de la adjudicación directa, y así elegir a la empresas adjudicatarias sin licitación pública.