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Un ayuntamiento deja sin casa a una maltratada con cinco hijos y se la adjudica a la hija de una militante del PP
La mujer, en situación de exclusión social, denuncia ante el Defensor
del Pueblo andaluz el procedimiento irregular que ha seguido el
Ayuntamiento de Cádiar (Granada) para conceder las viviendas
Ana Carmen Soler Díaz, víctima de violencia de género, tiene 53 años,
cinco hijos y una nieta de 16 meses. Esta mujer, vecina de Cadiar
(Granada, 1.632 habitantes), aspiraba a conseguir una vivienda social de
las tres que se han adjudicado en el municipio. No lo ha logrado. El
Ayuntamiento de Cádiar (PP) no tuvo en cuenta su situación ni solicitó
el informe preceptivo de los Servicios Sociales municipales para
comprobar si entre los solicitantes inscritos en el Registro de Vivienda
se encontraba alguna familia en situación de exclusión social. Es el
caso de Ana Carmen, que vive en casa de su yerno con cinco de sus hijos y
un nieto. Uno de sus hijos, de 17 años, está acogido en Aldeas
Infantiles. “Ni siquiera puedo decirle que venga porque no hay sitio en
la casa”, dice.
La mujer ya sufría la crisis antes de que llegara la crisis. En la
vivienda en la que se aloja viven nueve personas. Ninguna de ellas tiene
trabajo estable y sus únicos ingresos son los 426 euros de la Renta
Activa de Inserción. “Muchas veces he pasado hambre y a mí el
Ayuntamiento no me ha dado nada. Fui a ver hasta el cura, que me rechazó
porque dice que estoy en pecado; el único que me ha ayudado ha sido el
asistente social”. Sus circunstancias son de sobra conocidas en el
pequeño pueblo de la alpujarra granadina en el que lleva catorce años
empadronada. Pero no se tuvieron en consideración al seleccionar a los
tres titulares de las viviendas adjudicadas. Entre ellos, la hija de una
militante del PP. Su madre, Clara Villegas López concurrió en las
elecciones municipales de 2011 en el puesto número seis de la lista. A
la hija le dieron la baremación más alta de entre los 39 solicitantes de
vivienda. Y ello, pese a que en el Registro de la Propiedad aparece
como titular de una casa en El Ejido en régimen de gananciales.
Ana Carmen está indignada con el procedimiento de adjudicación.
Consiguió entrar en la lista de solicitantes después de una odisea y no
esperaba que le dieran las viviendas “a familias que no las necesitan”.
“No quiero que me den una casa, quiero pagar el alquiler ajustado a mis
posibilidades”, explica. Dice que las casas estaban dadas antes de que
se iniciara el procedimiento de selección, que se han adjudicado con
secretismo y que ni siquiera la avisaron del resultado final de la
baremación. Por eso, cuando supo que se habían entregado las llaves a
los adjudicatarios de las viviendas, se armó de coraje e inició su
particular batalla para denunciar lo sucedido. “Estuve una semana detrás
del alcalde, pero no hubo manera de hablar con él”, relata. Habla con
claridad y sin remilgos: “No le chupo el culo a nadie”.
El pasado 11 de abril presentó alegaciones contra la adjudicación en el
propio Ayuntamiento de Cádiar, en las que pedía que se investigara el
procedimiento de selección y posteriormente decidió denunciar lo
sucedido ante el Defensor del Pueblo andaluz. Ana Carmen no espera que
el equipo popular rectifique porque las viviendas ya están ocupadas y se
da por satisfecha con que se conozca lo que pasó.
Las viviendas sociales adjudicadas pertenecen a la Junta de Andalucía
pero el procedimiento de adjudicación lo ha realizado el Ayuntamiento.
El 10 de abril la Gerencia Provincial de Vivienda Pública entregó las
llaves de las viviendas a los solicitantes seleccionados. Ese mismo día,
el alcalde, José Javier Martín Cañizares (PP), decidió publicar en el
tablón de anuncios del Consistorio la lista que se había ocultado con
las puntuaciones y baremaciones de todos los solicitantes que habían
participado en el proceso. Fue después de que el grupo municipal
socialista advirtiera en un pleno de la posible comisión de diferentes
errores relacionados con los certificados de empadronamiento y de
convivencia en la tramitación de los expedientes y reclamara una
revisión de oficio del proceso.
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