Aval estatal a Sacyr 'porque había riesgo manifiesto'

porque "el dinero público no es de nadie" (Carmen Calvo, Ministra de Cultura 2004-2007), aunque curiosamente siempre acabe en manos de los mismos empresarios (beneficiados del BOE).. es lo que tiene la "democracia"..

disfruten lo votado..


Aval estatal a Sacyr 'porque había riesgo manifiesto'

Mariano Rajoy viaja mañana a Panamá a la toma de posesión del nuevo presidente panameño Juan Carlos Varela apenas días después de que, tras un largo proceso, el Gobierno haya dado finalmente orden formal a Cesce de avalar por cuenta del Estado 427,7 millones de dólares (315 millones al cambio actual) a la constructora española Sacyr. Todo esto dentro del acuerdo de pacificación para seguir la obra en el Canal de Panamá.

¿No estaba ya resuelto hace meses? No, y que se lo pregunten al presidente de Sacyr, Manuel Manrique, que ha visto como sus socios europeos en el consorcio constructor, la italiana Impregilo y la belga Jan de Nul, obtenían antes el aval de sus cesces nacionales.

El Gobierno español considera que la ayuda del Ejecutivo anterior de Zapatero a Sacyr fue «irregular sin ningún género de dudas» y ha tomado el caso con pinzas. O al menos, ésa es la impresión que da. Ha recabado informes a la propia Cesce, a la Abogacía del Estado y a la Intervención General del Estado, entre otros, antes de dar un visto bueno formal clave para evitar una nueva ruptura del acuerdo alcanzado el pasado marzo entre el consorcio de Sacyr y la Autoridad del Canal.

El consorcio constructor se negó a asumir sobrecostes de su bolsillo y la Autoridad panameña no acepta cubrirlos mientras no se decida en arbitraje. Las empresas dicen necesitar préstamos para financiar mientras tanto la obra y el sector bancario no les presta sin aval estatal.

Sacyr pidió por tanto al Gobierno modificar lo que era la garantía de la fianza cuando consiguió el contrato en 2009 y convertirlo en un aval con el puede llamar a la puerta de bancos españoles, que ya le refinanciaron en 2011 su deuda a duras penas.

La decisión que ha tomado el Gobierno es que el mal menor para el contribuyente es aceptar, según la carta enviada por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, al presidente de Cesce, Alvaro de Bustamante, y al Comité de Riesgos de esta empresa aseguradora de mayoría estatal. La misiva del pasado día 23, a la que ha tenido acceso este diario, revela un informe de la propia Cesce sobre que negarse a mantener y modificar aquella fianza que dio el Gobierno anterior a Sacyr en Panamá, provocaría que el consorcio no tendría liquidez para acabar la obra y, por tanto, la Autoridad panameña desharía lo pactado y ejecutaría. Sin tal acuerdo «cuyo cumplimiento requiere la modificación de las coberturas vigentes, existe un riesgo manifiesto de ejecución de las garantías, con el consiguiente impacto inmediato en la Cuenta del Estado», se afirma en el documento.

Lo que sí ha hecho el Gobierno es «aumentar las garantías de devolución» en caso de siniestro y va a pignorar las acciones de Prinur, filial constructora de Sacyr en Andalucía, y derechos de cobro de obras. Con ello, según el informe, «mitigan en parte los riesgos asumidos por Cesce en relación con el proyecto.

¡Mitigan en parte! La pregunta es ¿cómo es posible que Cesce asumiera en 2009 y 2010 tamaño riesgo por cuenta del Estado sin seguir los trámites convencionales, como ya indicó el Tribunal de Cuentas el pasado año en un informe. Éste señaló además que la fianza era «un esquema ad hoc» y no respondía «la cobertura aseguradora tradicional» ¿Qué hicieron entonces Solbes y Elena Salgado? Bustamante, que no presidía Cesce en la época, envió una carta al Tribunal de Cuentas en la que apunta que, según el acta de la Comisión de Riesgos de Cesce de 17 de febrero de 2009, «se contó con la participación activa de los representantes de la secretaría de Estado de Comercio y de Economía». Es decir, de Silvia Iranzo y de David Vegara. Fuentes próximas al ministro de Industria en la época, Miguel Sebastián, niegan irregularidades y aseguran que era «impensable» no ayudar a un grupo español a ganar un contrato internacional.

¿Había connivencia entonces con Sacyr y la hay ahora? Sacyr sostiene que los Gobiernos apoyan a todas las empresas españolas en grandes contratos -la indemnización a ACS en el Castor es también digna de estudio-, pero otras constructoras niegan que Cesce les cubra tanto. Todo esto coincide con que la Intervención General del Estado constata que el Ayuntamiento del PP de Toledo elevó irregularmente en 11 millones un contrato a Sacyr que, según Bárcenas, donó 200.000 euros al partido.

El nuevo aval en Panamá está respaldado por informes puramente técnicos, pero si nunca se aclara el pasado el riesgo de indignar al contribuyente es creciente y manifiesto.