la "crisis" es para los de siempre..
disfruten lo votado..
La banca salva 40.000 millones en capital gracias a un decreto del Gobierno
El balón de oxígeno que dio el Gobierno a la banca con un decreto ley a
finales del año pasado ha desbordado las previsiones. La norma aprobada
por el Consejo de Ministros del 29 de noviembre pasado convirtió en
monetizables, esto es, garantizados por el Estado, parte de los créditos
fiscales que permitirían a los bancos ahorrarse impuestos en el futuro.
Ello ha supuesto finalmente que los bancos salven más de 40.000
millones de euros de capital, según los datos recopilados por EL PAÍS de
las principales entidades financieras españolas. El Estado responde de
esos créditos fiscales en caso de que los bancos no los puedan usar para
compensar beneficios futuros, lo que conlleva un riesgo de pérdida que
el Gobierno minimiza.
El grupo de Bankia es el más favorecido con casi 7.000 millones de euros
La cifra de 40.478 millones en activos fiscales monetizables que suman
los 15 principales bancos supera en un 35% la estimación de 30.000
millones para todo el sector que señaló el ministro de Economía, Luis de
Guindos, cuando presentó el decreto. Una diferencia de más de 10.000
millones.
El grupo con más activos fiscales diferidos monetizables en España es
BFA, con 6.957 millones de los que 5.249 millones corresponden a Bankia.
Por detrás están La Caixa (cuya cifra total no se conoce, pero que suma
4.985 millones en CaixaBank), el Santander (con unos 5.400 millones en
España sobre un total de 7.900 millones), el Sabadell (4.790,7 millones)
y el BBVA (4.373 millones). Los bancos controlados por el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) suman unos 14.800 millones en
activos fiscales monetizables.
Las cifras están en su mayoría tomadas de las memorias de las entidades.
En algunos casos han sido facilitadas por los propios bancos y en NCG
Banco es la cifra que se manejó en su subasta. Varias entidades
advierten que se trata aún de estimaciones pendientes de ajustes y del
desarrollo reglamentario.
A pagar con deuda pública
Los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) son
beneficios fiscales o ahorros de impuestos a recuperar en el futuro que
surgen de operaciones del pasado como pérdidas o provisiones. El ejemplo
más típico son los que surgen de las provisiones genéricas, que reducen
los beneficios del banco, pero no son deducibles fiscalmente hasta que
se materializa la pérdida. Pero si dentro del plazo no había beneficios
suficientes para ahorrarse esos impuestos, los activos fiscales
caducaban, por así decirlo, y los bancos los perdían. Con la nueva
norma, los pagaría el Estado con deuda pública.
Con las normas internacionales de solvencia vigentes hasta 2013, los
activos fiscales no suponían ningún problema. Se consideraban un activo
más y, por tanto, no se deducían del capital que tenga el banco. Pero
con las nuevas normas, los activos fiscales se deducen del capital de
los bancos, castigando su solvencia, si no están garantizados, al
considerarse que, en general, no es seguro que mantengan su valor en
caso de dificultades para la entidad.
El impacto de la deducción podría tener un impacto mayor en España que
en otros países. "Si no hubiéramos hecho esto, si no hacemos esta
modificación del Impuesto de Sociedades, la banca española estaría en
una situación de desventaja en relación con sus competidores", argumentó
Guindos. La normativa fiscal española no permite, como en otros países,
que cuando una empresa declara pérdidas, Hacienda le devuelva parte de
los impuestos que ha pagado en ejercicios anteriores sino que es
necesario que la empresa vuelva a tener beneficios para compensar esos
impuestos. Además, en otros países se permite deducir fiscalmente
provisiones que aquí no se aceptan, como las genéricas. "Al aplicar en
España la nueva normativa de solvencia se produce la paradoja de que
mayores coberturas en provisiones llevan a mayores deducciones en los
capitales regulatorios, es decir, llevarían a que situaciones de mayor
solvencia se traduzcan, después de las deducciones de los activos
fiscales diferidos, en menores ratios de capital", razonaba el Banco de
España.
Un gran impacto en la solvencia
Por ello, ante las futuras pruebas de resistencia a la banca y ante los
demás pasos hacia la unión bancaria, el Gobierno ha favorecido a las
entidades con la aprobación de esta norma, que tiene un gran impacto en
las ratios de solvencia. De hecho, si se suman las cifras de las
entidades no incluidas en el cómputo, el total superará los 41.300
millones prestados en el rescate de España para recapitalizar la banca.
Es decir, el aval público a los créditos fiscales aportará a las cifras
de solvencia tanto como el rescate financiero, aunque por vías y con
implicaciones muy diferentes.
Mientras que el rescate supuso una inyección de capital real (la mayor
parte del cual se ha traducido en pérdidas para el sector público pese a
las proclamas que se hicieron en sentido contrario desde el Gobierno),
ahora lo que se produce es una especie de aval o garantía, cuyo impacto
económico dependerá de lo que pase a lo largo de los próximos 18 años.
Solo si una entidad no puede aprovechar esos créditos fiscales para
ahorrarse impuestos en un plazo de 18 años, o si llega a liquidarse, a
incurrir en situación de insolvencia, o a presentar pérdidas contables,
los activos fiscales diferidos se convertirían en un crédito directo
contra Hacienda (en el caso de pérdidas contables, la transformación no
sería íntegra, sino solo en la proporción que las pérdidas representen
sobre los fondos propios).
“Aquí no hay ningún tipo de transferencia, ningún tipo de inyección de
capital, ni ningún tipo de préstamo a la banca; es decir, es únicamente
una consideración estrictamente contable”, dijo Guindos al presentar la
norma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Sin
embargo, alguna entidad, como Catalunya Banc, ya ha calculado que el
Estado tendrá que responder de parte de sus créditos fiscales. Pero eso
ocurrirá si no logra usar por sí misma esas deducciones en un plazo de
18 años. Por eso, el ministro decía la verdad al asegurar que “el
impacto desde el punto de vista de las cuentas públicas, en el corto
plazo, es prácticamente inexistente”. La clave está en la expresión
“corto plazo” y en que la mayoría de las entidades confía en generar
beneficios suficientes para que no sea el Estado el que pague la
factura.
El Banco de España también señaló que no esperaba que la norma implicase
“una merma significativa de ingresos públicos”, dado que la garantía se
activa solo “en supuestos de reducida probabilidad de ocurrencia”.
Aplicable a empresas no financieras
El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó que a cambio de ese
balón de oxígeno se impusiesen condiciones a los bancos como reforzar
por sus propias vías el capital, reducir el dividendo o dar más
créditos, pero el Gobierno ignoró ese consejo.
La redacción final de la norma, por otra parte, ha dejado la puerta
abierta a que no sean solo los bancos, sino también el resto de
empresas, las que puedan monetizar sus DTA, aunque por el tipo de
activos a que se aplica (dotaciones por insolvencia de los deudores o
adjudicados y por planes de pensiones) sea poco probable que tenga
impacto significativo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario