El Frente Cívico exige un recurso de inconstitucionalidad contra el Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana

como que a la casta le preocupa mucho el tema..


El Frente Cívico exige un recurso de inconstitucionalidad contra el Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana


El Frente Cívico Jurídico eleva su petición a aquellos que cuentan con legitimación (Defensor del Pueblo, Diputados y Senadores) para la presentación inmediata de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

A través de un comunicado publicado hoy en su página web (frentecivicosomosmayoria.es), el Frente Cívico, asociación fundada por Julio Anguita, analiza el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes y que inicia ahora su tramitación parlamentaria, y concluye que se trata de un “nuevo instrumento que avanza en la criminalización de la protesta, es decir, en la criminalización de la condición de ciudadano”, en la línea de continuo ataque a la constitución material de nuestro país.

Según las declaraciones de Héctor Illueca, Doctor en Derecho y miembro de la Mesa Estatal del Frente Cívico, “se pretende regular el orden público, entendiéndolo como el control de un espacio público en el que sólo tiene cabida una población que se comporte como un ente sumiso, un consumidor despolitizado y acrítico. Es significativo que en la exposición de motivos se dé una anómala preeminencia a lo que el Ejecutivo llama mantenimiento de la tranquilidad ciudadana, ya que leyendo el desarrollo del texto legal sólo podemos interpretarlo como supresión de la contestación”. El jurista añade que “el proyecto no oculta que su objetivo es imponer un orden público implacable contra la contestación a las medidas socialmente regresivas, que, por otro lado, son el eje de la acción política del Gobierno”.

El colectivo civil desglosa las restricciones al libre ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, que prácticamente convierten un sistema de comunicación en un sistema de autorización, y critica la creación de figuras como “los organizadores o promotores de hecho de manifestaciones o reuniones en lugares de tránsito”, por ser elementos de enorme inseguridad jurídica, o la redacción deliberadamente indefinida de infracciones graves como “la promoción de reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones”.

Además, para el Frente Cívico es desproporcionada la introducción como infracción grave de la “obstrucción que pretenda impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales”, ya que considera que se “crea un tipo sancionador que cubrirá la participación en actos que traten de impedir la ejecución de un desahucio.”

Llamamiento a la movilización y al recurso ante el Tribunal Constitucional

Desde el Frente Cívico Jurídico, grupo de juristas que forman parte de la asociación, reiteran que “estos supuestos, implican, como es evidente, la tipificación como conductas sancionables de las nuevas formas de protesta que han surgido en los últimos años, alrededor del 15M, la PAH o las Marchas de la Dignidad. Se trata, por tanto, de utilizar el aparato represivo del estado contra la movilización social, contra la genuina expresión de la angustia del pueblo.”

En palabras de Ginés Fernández, portavoz estatal del Frente Cívico, “ante este ataque al más elemental ejercicio de la democracia, exigimos a aquellos que cuentan con legitimación, el Defensor del Pueblo y los Diputados y Senadores, la presentación inmediata de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ya que en nuestro país la restrictiva regulación del control de constitucionalidad de las normas legales deja esa facultad en las exclusivas manos del principal partido de la oposición, impidiéndonos a los movimientos sociales la interposición de tales recursos”. Y añade que “hacemos un llamamiento al conjunto de los movimientos sociales del estado para solicitar al Defensor del Pueblo la interposición de dicho recurso de inconstitucionalidad”.

El comunicado termina con un llamamiento a la movilización social y afirmando que “la represión no podrá contener la fuerza de un pueblo que ya no puede más y que, por eso mismo, lo puede todo.”