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La Policía investiga una trama corrupta de jueces y administradores concursales
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), un cuerpo policial
adscrito a la Comisaría General de Policía Judicial y especializado en
la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales, investiga desde
hace varios meses una red corrupta que opera en concursos de acreedores
de empresas en quiebra, la mayoría en el sector de la construcción. La
trama, de la que presuntamente forman parte abogados, economistas,
peritos y administradores concursales, actúa en supuesta connivencia con
jueces de lo mercantil, según han revelado a El Confidencial fuentes de
la investigación.
Las pesquisas se iniciaron a raíz de la denuncia presentada el pasado
mes de octubre por el empresario Antonio García, presidente del Grupo
Inmobiliario Luxender S. L., que a finales de 2008, ahogado por la
crisis del ladrillo, solicitó la declaración de concurso voluntario de
acreedores. En su denuncia ante la UDEF, a la que ha tenido acceso este
diario, García señala, entre otros, al economista José Luis Ramos Fortea
y el abogado Abraham García Gascón, que fueron designados
administradores concursales de Luxender por el entonces titular del
Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante, Luis Seller Roca de
Togores.
Este último forma parte del restringido circuito de jueces mercantiles
que participan en congresos y conferencias, todos remunerados,
organizados por los principales despachos de derecho concursal, a los
que acuden con todos los gastos pagados y en días laborables. Esos
mismos jueces adjudican luego a dedo algunos de los procedimientos
concursales más codiciados a los patrocinadores de esos foros. Además de
Seller Roca de Togores, también nutren ese exclusivo círculo Andrés
Sánchez Magro, del Juzgado Mercantil 2 de Madrid; Santiago Senent, del 7
de Madrid; Juan Manuel de Castro, del 10 de Madrid; José María Tapia,
del 1 de Burgos, o Víctor Fernández, del 1 de Palma, entre otros.
Liquidación "fraudulenta"
En su documentada denuncia ante la UDEF, García sostiene que Ramos
Fortea y García Gascón, "valiéndose de la colaboración de otras personas
externas al concurso", entre las que cita a abogados, economistas y
ejecutivos bancarios, "han defraudado" a Luxender y la han llevado "al
límite de la liquidación". Una liquidación que el tercer administrador
concursal de la mercantil, Desiderio Soler, ajeno a la presunta trama y
designado por los acreedores de la compañía, ha calificado de
"fraudulenta" en diversos informes entregados a la Agencia Tributaria y
al actual titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante,
Salvador Calero.
La investigación de la UDEF se centró, inicialmente, en la supuesta red
corrupta urdida en torno al concurso de Luxender, de la que
presuntamente formarían parte, además de Ramos Fortea y García Gascón,
los administradores concursales Iván Cristóbal, José Antonio Doménech,
Fernando Polanco, Jorge Pastor y José Luis Silvestre, junto al perito
Pablo García Llorens y los abogados Javier Oñate y Enrique Naveros,
según las fuentes consultadas. Todos ellos mantienen entre sí estrechos
vínculos profesionales dentro del circuito de los concursos de
acreedores en casi todo el territorio nacional, como puede verse en el
cuadro anexo, y cuentan con despachos en Madrid, Valencia, Alicante y
Murcia.
La UDEF, sin embargo, ha ampliado el radio de sus pesquisas a decenas de
concursos de acreedores en los que han intervenido los mismos
administradores concursales de Luxender, al sospechar que la presunta
red corrupta podría haber seguido idéntico modus operandi en empresas
quebradas de toda España, según las fuentes de la investigación
consultadas. La Fiscalía Anticorrupción ha encargado un informe a la
UDEF, que estará listo a finales de agosto o primeros de septiembre,
antes de decidir si remite las actuaciones a la Audiencia Nacional,
aseguran las citadas fuentes.
Créditos ocultos
Ramos Fortea y García Gascón, dos de los administradores concursales de
Luxender, ocultaron supuestamente de forma deliberada, en el informe
concursal que entregaron al juez, derechos de cobro a favor de la
inmobiliaria por valor de 23,6 millones de euros de Banco Guipuzcoano,
Caixa Galicia, Banco Popular y CAM. Así, pese a que esta última adeudaba
a Luxender 2,98 millones de euros en concepto de certificaciones de
obra ejecutada y no pagada, Ramos Fortea, García Gascón e Iván Cristóbal
negociaron directamente con directivos de la entidad –hoy Banco
Sabadell– y detrajeron esa cantidad de la masa del concurso,
beneficiando a la CAM en detrimento del conjunto de acreedores.
El tercer administrador concursal, Desiderio Soler, denunció
repetidamente al juez Calero desde 2011 los "hechos irregulares
ocurridos en el concurso, que pueden provocar un perjuicio aún mayor [a
Luxender] del que ya han causado [los administradores concursales] si no
se adoptan medidas cautelares al respecto por parte del juez". Y
añadía: "El caso paradigmático es el de la CAM, que pretende ejecutar un
préstamo hipotecario garantizado con 25 viviendas sobre las que existe
un contrato de compra por esa entidad que fue aprobado por el Juzgado de
lo Mercantil número 2. Es decir, que la CAM pretende ejecutar sus
propias viviendas compradas".
En cuanto a Caixa Galicia, Soler apunta: "Esta entidad ha obrado de
forma muy irregular, no sólo por autorizar el cobro de un cheque a
sabiendas de que los perceptores no estaban autorizados y que las firmas
no eran las legítimas, sino además por no hacer frente al pago de sus
obligaciones, conociendo la situación de la mercantil, y aprovecharse de
esto para ejecutar inmuebles. Se puede decir que el expolio causado por
esta entidad ha sido espectacular", y que "ha realizado maniobras
engañosas que han perjudicado enormemente a la concursada". La deuda de
Caixa Galicia con Luxender ascendía a 5,25 millones de euros. Sin
embargo, los administradores la ocultaron en su informe al juez.
La Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF ya emitió un informe en
el que consta el pago por Caixa Galicia de un cheque de Luxender por
importe de 294.212 euros a los abogados Naveros y Oñate, que cobraron
fraudulentamente tras falsificar las firmas autorizadas de la
inmobiliaria, con la connivencia de Ramos Fortea y García Gascón. Estos
también falsearon supuestamente el informe concursal para aumentar a
116.000 euros los honorarios del perito García Llorens, que el juez
había fijado en 60.000 euros; manipularon ese mismo informe para
atribuir un salario de 222.919 euros a otro presunto miembro de la
trama, Iván Cristóbal, por unas auditorías que jamás realizó, y
ocultaron una deuda tributaria de Luxender de 6,39 millones de euros.
'Cortejar' a los jueces
La retribución de los administradores concursales está en función de los
activos de la empresa en quiebra: a mayores activos, mayores
honorarios. De ahí que muchos abogados y economistas cortejen a jueces
mercantiles ofreciéndoles impartir conferencias y ponencias
generosamente remuneradas en congresos y foros sobre derecho concursal,
que generalmente se celebran en hoteles de lujo y en régimen de gratis
total. A cambio de esos pagos en especie, los despachos profesionales
confían en que los jueces les adjudiquen los concursos más jugosos.
De los 9.660 procedimientos concursales que hubo en España el pasado
año, 395 correspondieron a sociedades con un activo superior a 10
millones de euros, las piezas más codiciadas por abogados, economistas y
consultores. Pero, según datos del Colegio Notarial, casi el 90% de las
empresas que se acogen al concurso de acreedores acaba echando el
cierre. Empresas concursadas y sus acreedores acusan de forma
generalizada a los administradores de alargar los procesos, preferir
siempre la liquidación antes que reflotar las compañías y, sobre todo,
ponerse los primeros en la lista a la hora de cobrar.
El Gobierno acaba de anunciar que suprimirá la potestad de los jueces
mercantiles para nombrar discrecionalmente a los administradores
concursales. Esa modificación se introducirá en una enmienda a la ley de
refinanciación y reestructuración empresarial que actualmente se
tramita en el Congreso. La intención de esa enmienda es crear un
registro o colegio de administradores con unos requisitos específicos
para acceder a la figura de administrador concursal, así como unos
procedimientos claros para su selección por los jueces.
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