De la Operación Bankia, el BBV Privanza y la Burbuja Inmobiliaria (I)

El desarrollo de los acontecimientos y la coincidencia de ciertos personajes claves en el caso BBV Privanza invitan a echar la vista atrás para reflexionar acerca de la Operación Bankia.

Recién estrenado el año 2002, en pleno apogeo de la Burbuja Inmobiliaria, el presidente José María Alfredo Aznar López anunciaba que no se presentaría a las elecciones de 2004. El hombre aparentemente mejor colocado para tomar su relevo era Rodrigo de Rato y Figaredo, pero Aznar, solo o en compañía de otros, nombró a Mariano Rajoy como sucesor.

Arrastrada por una locomotora de recalificaciones y ladrillo y alimentada por el combustible bancario de préstamos a promotores e hipotecas, la maquinaria de la Gran Estafa Española se encontraba a pleno rendimiento y todo parecía indicar que el Partido Popular se mantendría al menos otros cuatro años en el poder.

El 11 de Marzo de 2004, tres días antes de las elecciones generales, tenía lugar el mayor atentado terrorista cometido en Europa. 191 vidas inocentes fueron segadas por la barbarie, unas 2000 personas más resultaron heridas y España entera enlutó para siempre.

La versión oficial atribuyó inmediatamente la autoría de la masacre a ETA, pero pronto aparecerían indicios que abrían paso a la hipótesis del terrorismo islamista. La pésima gestión de la información por parte del gobierno y la fuerte presión de un sector de los medios de comunicación llevaron a la derrota del Partido Popular. Contra todo pronóstico, el Partido Socialista liderado por José Luis Rodríguez Zapatero ganaba en las urnas.

Tres meses más tarde, el 7 de Junio de 2004, Rodrigo Rato renunciaba a su cargo de diputado al ser nombrado Director Gerente del Fondo Monetario Internacional, cargo del que dimitió el 31 de Octubre de 2007, coincidiendo con el pico de la Burbuja Inmobiliaria, alegando razones personales.

Un informe interno del FMI de 10 de Enero de 2011 criticaba la actuación del organismo entre 2004 y 2007 y señalaba que se vivió una burbuja de optimismo mientras se gestaba la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión (1929). El informe citaba deficiencias organizativas, batallas internas, sesgos analíticos, presiones políticas y falta de supervisión y control por parte de la dirección del FMI. La conclusión fue que las deficiencias impidieron prevenir la crisis.

En Diciembre de 2007, Rato anunciaba su incorporación al Banco de Lazard, un banco de inversiones franco estadounidense establecido en Londres.

A principios de 2008 se incorporaba al Banco Santander como Consejero Asesor Internacional.

En Enero de 2010, en pleno proceso de reestructuración de cajas de ahorro, Rato era nombrado presidente de Caja Madrid, desde donde lideraría la mayor operación de integración financiera que desembocaría en Bankia. En el proceso de fusión intervinieron Caja Madrid y Bancaja, a las que se unieron La Caja de Canarias, Caja Ávila, Caja Segovia, Caixa Laietana y Caja Rioja. Bankia  sale a Bolsa el 20 de Julio de 2011 y en Octubre del mismo año se incorpora al Ibex 35.

En Mayo de 2012, forzado por el Banco Central Europeo, Mariano Rajoy se ve obligado a intervenir Bankia. El lastre de dos de los pilares de la corrupción político-inmobiliaria del Partido Popular, Caja Madrid y Bancaja, es una amenaza para el sistema financiero español y, por ende, para la Banca europea.
Rodrigo Rato se ve obligado a dimitir y cede el testigo a José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, ex consejero delegado del BBVA.




De la Operación Bankia, el BBV Privanza y la Burbuja Inmobiliaria (II)

En un contexto de deterioro económico originado por la crisis del petróleo de 1979, el precio de la vivienda cayó de manera sostenida entre los años 1979 y 1982. A finales de los 80 se produjo un boom inmobiliario, pero el verdadero inicio de la macro estafa inmobiliaria, cuyas dramáticas consecuencias estamos pagando ahora, se sitúa en 1996.

Paralelamente, la política de privatizaciones iniciada en España por Felipe González a mediados de los 80 encontró su auge a partir de 1996 con la llegada al gobierno del Partido Popular.

El Gobierno de Aznar, con Rodrigo Rato al frente del Ministerio de Economía, culminó la privatización de Argentaria, un holding fundado en mayo de 1991 para agrupar las entidades bancarias públicas.
Francisco González Rodríguez (FG), un agente de cambio y bolsa, era el hombre elegido para pilotar la operación de asalto al BBV.

En Febrero de 1996, Francisco González cerraba la venta de las tres compañías de FG Inversiones Bursátiles al banco de inversiones estadounidense Merrill Lynch, el mismo que en 2008 tuvo que ser adquirido por el Banco de América para salvarlo de la crisis de las hipotecas basura (subprime).

Según las informaciones publicadas en aquellas fechas, los accionistas de FG Valores -Francisco González 60%, Caja de Ahorros del Mediterráneo 20,8%, Alfredo Lafita 10%, Caja Castilla la Mancha 5% y Caja de Burgos 3,5%- recibieron 3.700 millones de pesetas por tres sociedades del holding: FG Valores, FG Gestión y FG Corporate-.

El presidente del grupo de sociedades de Merril Lynch en España era Claudio Aguirre, primo de Esperanza Aguirre, la entonces Ministra de Educación y Ciencia que se haría con la presidencia de la Comunidad de Madrid en el año 2004 gracias al escándalo del Tamayazo. FG se convertiría en consejero del banco estadoudinense incorporándose como senior advisor de Merrill Lynch Internacional.

El 3 de Marzo de ese mismo año el Partido Popular, encabezado por Aznar, gana las elecciones generales.

Francisco González, primer accionista de FG Valores, es nombrado en Mayo de 1996 presidente de Argentaria.

El 9 de Julio, Rodrigo Rato, ministro de Economía, autoriza la operación de compra de FG Valores.
Pero sólo días después de la autorización administrativa la situación en torno a FG Valores da un sustancial giro, merced al descubrimiento por parte de Merrill Lynch de una serie de 'irregularidades contables'. Según una carta enviada por los responsables de Merrill en España a Francisco González el 19 de julio de 1996, el día 11 de ese mes -dos días después de la autorización de Economía- un empleado de FG Valores informó al banco de las 'irregularidades contables' de la sociedad y de la estructura que se había creado para ocultarlas.

El 25 de julio de 1996 Merrill Lynch entregó a un miembro de la CNMV, Ramiro Martínez Pardo, entonces jefe de Sujetos del Mercado un juego de cartas y documentos que denunciaban la existencia de un esquema de compraventas ficticias para ocultar pérdidas de 800 millones. Fue el último rastro de esos documentos. Ya nunca más aparecieron.

En 2005 la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación sobre el caso FG Valores. El 11 de enero de ese año, el fiscal reclamó a Deloitte que le enviase los "soportes documentales" de una auditoría realizada por la firma de Arthur Andersen -con la que Deloitte se fusionó después- al Grupo FG en 1994.

El 12 de enero de 2005, justo un día después de la petición del fiscal, ardía por completo el edificio Windsor, en el que la consultora tenía sus oficinas centrales en España y del que ocupaba todas las plantas excepto tres. Fuentes de la consultora comentaron que desde el miércoles 9 de enero ya tenían los documentos en el edificio Windsor. "Hasta el lunes 14 no llegaba el responsable de esta información, por lo que se dejaron en su despacho y ardieron el sábado".

La contestación definitiva de Deloitte, que llevó en mano al fiscal Anticorrupción un emisario, señalaba que la documentación se encontraba en la planta 23, preparada para ser remitida a la Fiscalía el lunes 14 de febrero. El incendio comenzó en la planta 21, por lo que debió arder en los primeros momentos.




De la Operación Bankia, el BBV Privanza y la Burbuja Inmobiliaria (III)

La fusión entre Argentaria y el Bilbao Vizcaya llevaría a Francisco González a la presidencia compartida del BBVA junto con Emilio Ybarra.

Aparecieron entonces las famosas cuentas secretas del BBV Privanza en Jersey y Liechtenstein, forzando la salida de la oligarquía vasca (Clan Neguri) del BBVA y, en consecuencia, del consejo de administración de Repsol, Telefónica e Iberdrola.

Francisco González dejó en el consejo de administración del BBVA a José Ignacio Goirigolzarri como hombre de confianza del Clan Neguri.

Las cuentas secretas del Privanza habían servido para constituir un "fondo de reptiles" que se utilizó para comprar favores políticos en Colombia, Perú, México y Venezuela.

Según el informe de la Fiscalía "el objetivo final era la obtención de posiciones mayoritarias en determinadas en determinadas entidades financieras de Latinoamérica, ya comprando voluntades políticas, ya legitimando capitales de procedencia ilícita."

La administración norteamericana no veía con buenos ojos la expansión del BBV, Repsol, Telefónica y otras empresas españolas que amenazaban el control de sectores estratégicos en Latinoamérica.

En Junio de 1999, Repsol se hizo con la petrolera estatal argentina YPF por 2,1 billones de pesetas. Según se denunció, la operación fue posible gracias a las regalías y a las generosas aportaciones a la campaña electoral de Carlos Menem.

También se denunció el pago de 900 millones de dólares en sobornos por parte del presidente de Telefónica Juan Villalonga (el amigo de pupitre de José María Aznar) para controlar Telefónica de Argentina (ver El Declive de los Dioses de Mariano Guindal).

Los servicios de inteligencia norteamericanos investigaban las comisiones pagadas por el BBVA a políticos como Hugo Chávez, Carlos Menem, Alberto Fujimori y su asesor Vladimir Montesinos, así como a las autoridades mexicanas para facilitar la compra de Bancomer.

El FBI utilizó entonces a un testigo protegido, Nelson Rodríguez López, un ex directivo del BBV en Puerto Rico que presumía de mantener excelentes relaciones con Bush padre, acusado previamente de apropiación indebida y graves falsificaciones y detenido en Puerto Rico por dichos delitos.

Las sospechas se cernían sobre el posible blanqueo de dinero del narcotráfico por parte de directivos del BBVA en Puerto Rico, Gran Caimán, República Dominicana y Suiza.

Posteriormente y en relación con la investigación de las cuentas de la Expo´92, el juez Garzón ordenó el registro de la sede madrileña del BBV Privanza. En dicho registro apareció un Manual de Productos Fiduciarios.

En su declaración, Nelson Rodríguez aseguró a Garzón que Estanislao Rodríguez Ponga, Secretario de Estado de Hacienda con Rodrigo Rato, había ideado, preparado y elaborado dicho manual.

El fiscal asignado al caso. David Martínez Madero, fallecido recientemente en extrañas circunstancias, acusó a Rodríguez Ponga de blanqueo de dinero y pidió la imputación de varios consejeros del BBV, entre ellos José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia tras la dimisión/cese de Rodrigo Rato.


Noticia publicada por El Mundo en 2002:

Martes, 23 de Abril de 2002

CUENTAS SECRETAS DEL BBV
La Fiscalía Anticorrupción relaciona a Goirigolzarri con lavado de dinero y soborno

EFE


José Ignacio Goirigolzarri. (Carlos Miralles)
MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción considera que existen indicios de que el actual consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, participó en operaciones de blanqueo de capitales y de cohecho en Latinoamérica, en las que intervino como máximo responsable del Área de Negocio de Banca en América del BBV.

El informe de la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido acceso, relata tres operaciones fundamentales realizadas por el BBV en Latinoamérica (Perú, México y Colombia), cuyo fin era la toma de posiciones mayoritarias en entidades financieras, "ya comprando voluntades políticas, ya legitimando capitales de procedencia ilícita".

Por este motivo, la Fiscalía pide al juez Baltasar Garzón, que instruye el caso, la imputación de Goirigolzarri, así como la del ex presidente del banco Emilio Ybarra; la del ex consejero delegado, Pedro Luis Uriarte, y la del ex responsable de Asuntos Legales del banco, Mario Fernández.

También se pide la imputación de los directivos de la entidad financiera española Carlos Delclaux, Alfredo Roselló, Luis Bastida y Rodolfo Esteban.

La trama colombiana

La trama colombiana que relata el fiscal data de los años 1997 y 1998, cuando los máximos responsables del BBV adquirieron el compromiso con el presidente del Banco Ganadero, Marco Aurelio Royo, y dos de sus socios, Enrique Guerlain y Víctor Carranza, de facilitarles el cauce preciso para "legitimar fondos procedentes de actividades ilegales" radicados en Panamá y Colombia. A cambio, el BBV obtendría el control mayoritario del Banco Ganadero.

La operación se instrumentó, según el escrito de la Fiscalía, a través de préstamos procedentes del BBV International Investment Corporation Puerto Rico y sociedades del propio Royo en Panamá y Colombia, por valor de unos 647 millones de dólares.

Estos hechos, según la Fiscalía, deben encuadrarse como delitos de blanqueo de dinero, por los que pide la imputación de Ybarra, Uriarte, Goirigolzarri, Fernández, Delclaux y Roselló.

Además, se considera necesario la petición de comisiones rogatorias a Estados Unidos, Colombia, Jersey, Suiza, Cayman y Panamá, para aclarar el destino de fondos que se transfirieron desde y hacia cuentas en esos países

Pagos a Fujimori y Montesinos

En el caso de Perú, hay indicios sobre pagos realizado a través de la filial de Puerto Rico, entre 1996 y 1998, a dirigentes políticos peruanos como el presidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos.

Estas transferencias "millonarias" en dólares, bajo la cobertura de "préstamos irreales", habrían servido para que el entonces BBV se hiciera con el control del Banco Continental, en proceso de privatización.

La Fiscalía coincide con la visión del juez Garzón sobre los intervinientes en esta operativa y señala como posibles autores de un delito de cohecho (soborno) a Ybarra, Uriarte y Goirigolzarri.

También se pide la imputación por este delito de Mario Fernández, por entonces director de la asesoría legal del banco, y a Luis Bastida y Rodolfo Esteban, director y subdirector de Finanzas de la entidad.

Operaciones en México

El informe también relata una operación similar en México, a través igualmente de la filial portorriqueña, con una serie de préstamos carentes de garantía que, en esta ocasión, camuflaban previsiblemente lavado de fondos provenientes del narcotráfico.

En esta operativa también participaría el entonces presidente de Probursa, José Madariaga, cuyo hombre de confianza, Eduardo Pérez Montoya, está situado, según el FBI, que colabora en la investigación, "en la órbita del narcotráfico".

La operativa que relata la Fiscalía señala que los responsables del banco mexicano estaban dispuestos a facilitar la toma mayoritaria de una participación del BBV, a cambio de que el banco español legitimara fondos de actividades ilícitas, depositados en el paraíso fiscal de Grand Cayman.

Operaciones en paraísos fiscales

Así, cita transferencias de fondos entre BBV International Finance Limited de Grand Cayman y BBV International Investment Corporation Puerto Rico en 1995, por valor de 360 millones de dólares.

Posteriormente, entre 1997 y 1998 se llevaron a cabo transferencias desde el BBVA Madrid y la filial de Puerto Rico a cuentas fundamentalmente de bancos mexicanos, siempre a través de entidades interpuestas.

Esta operativa, señala el informe, "podría corresponderse con el mecanismo de posible blanqueo de fondos de Pérez y Madariaga", con el que se consiguieron trasladar a México sus fondos ya "blanqueados".

Según un testigo protegido en este caso, él sería el encargado de diseñar jurídicamente esta operación, en tanto que el actual secretario de Estado de Hacienda y entre 1992 y 1997 asesor del BBV, Estanislao Rodríguez-Ponga, era el responsable de los aspectos fiscales.

La Fiscalía añade que no es posible determinar penalmente los hechos, ya que carece de la información necesaria, por lo que requiere al BBVA todos los documentos sobre la compra de Probursa y su toma de control (llevada a cabo en la primera mitad de los 90) y los acuerdos con Madariaga.

También solicita que se pida una Comisión Rogatoria a las Islas Cayman y a México, para aclarar todos los extremos.