Revocado el indulto a cuatro Mossos d'Esquadra :: Periódico Diagonal
Revocado el indulto a cuatro Mossos d’Esquadra45 días. Es el plazo que
da la sección novena de la Audiencia de Barcelona para que cuatro mossos
d’esquadra, condenados por infligir torturas al ciudadano rumano Lucian
Padurau, ingresen en prisión.
David Fernández (Barcelona)Lunes 15 de octubre de 2012. Número 183
Los cuatro magistrados ponentes rechazan el recurso dilatorio de las
defensas, que pretendía que fuese el Tribunal Supremos o el
Constitucional quién tomara la resolución definitiva, y aducen que los
hechos juzgados revisten de especial gravedad y crueldad.
Los cuatro agentes policiales -hay un quinto agente con pena inferior a
dos años- fueron condenados a seis años y medio de cárcel en 2009 por
los delitos de lesiones, torturas, maltrato y detención ilegal, en la
sentencia más dura en la historia reciente de los Mossos d’Esquadra. La
sentencia fue ratificada por el Supremo en 2009. Pero, tras una intensa
campaña política de apoyo a los condenados -y de difamación de la
víctima- donde no faltaron los apoyos de Jordi Pujol, Pilar Rahola, Montserrat Tura o Felip Puig,
el Consejo de Ministros aprobó un indulto parcial en febrero. La medida
de gracia reducía a dos años las penas de cárcel y levantaba el veto de
la inhabilitación, facilitando su futura reincorporación. Cabe recordar
que la defensa de los policías fue abonada con fondos públicos, cuando
el Departament d’Interior estaba dirigido por Joan Saura, de la
formación ecosocialista ICV.
El caso de Lucian Padurau -que abrió el informe La sal en la herida de
Amnistía Internacional- se ha convertido en el símbolo de los abusos y
brutalidades que se vivían en la comisaría barcelonesa de Les Corts y
del periplo de la singular "vía catalana" a la impunidad policial.
Padurau fue detenido en julio de 2006 en la puerta de su casa, al ser
confundido "por error" con un atracador en busca y captura. Durante todo
el traslado fue reiteradamente golpeado a pesar de insistir en su
condición de hemofílico. Se le encañonó en la boca y se le amenazó: "si
la juez te deja libre, te matamos nosotros". Su mujer, que estaba
embarazada, también fue detenida -ilegalmente, según sentencia firme-
tras protestar por la detención injustificada de su marido. Padurau, que
requirió hospitalización durante 15 días, decidió regrasar a Rumanía
tras el primer juicio que condenó a Manuel Farré, Joan Salva, Jordi
Perisse, Fernando Cea y Alejandro García, por las torturas que le
inflingieron.
Un juez registra a los Mossos porque sospecha que le ocultan pruebas - Público.es
el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín
Aguirre, ha entrado hacia las 11.00 horas en el complejo Egara de
Sabadell, que alberga entre otras el Área Central de Medios Técnicos de
los Mossos, acompañado de la secretaria judicial y de agentes de la
División Económica y Técnica (SITEL) del Cuerpo Nacional de Policía.
Cinco horas después de la irrupción en el edificio, el magistrado ha
salido con un disco duro en el que ha grabado las conversaciones
telefónicas intervenidas a varios narcos a los que investigaba, ante la
sospecha de que la unidad que realizaba las escuchas le entregó copias
alteradas.
Aunque Aguirre salió -alrededor de las 16:00 horas- por la puerta de
atrás del complejo policial y no atendió a los periodistas, sí detalló
en una providencia que su actuación de hoy se debe a su necesidad de
"proceder al cotejo y comparación" de las grabaciones recogidas hoy con
las de los DVD que le entregaron los Mossos d'Esquadra, ya que las
copias que recibió tenían "fuertes rayaduras, perfectamente advertibles a
simple vista".
Además, el magistrado sospecha que los agentes catalanes omitieron
información: 708 ficheros de audio, 711 archivos de transcripción y
1.490 ficheros de sms (mensajes de móvil).
Esta insólita
intervención en la sede policial se enmarca dentro del "caso Macedonia",
en el que están imputados el subinspector Antoni Salleras y cinco de
sus subordinados en la Unidad Adscrita de los Mossos d'Esquadra -a los
que que acusa de proteger a supuestos narcos- y a agentes de la policía
catalana a los que había ordenado investigar por tráfico de drogas
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