El asunto de los coches oficiales ha
sido caballo de batalla desde que estallara la crisis, aunque la pelea
se recrudeció durante las pasadas elecciones locales de mayo. Con tanto
cambio de corporación municipal y con tantos ayuntamientos en ruina, algunos partidos, especialmente UPyD, pusieron el grito en el cielo por el gasto del parque móvil y fomentaron el transporte público entre sus ediles.
El SUP simula irónicamente, en un boletín interno, sancionar a personalidades que consideren hayan cometido "infracciones", quitándoles puntos de manera similar a las infracciones del código de circulación. Así, en uno de los apartados el SUP señala al jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Jorge Moragas, ya que entiende que aplica "un doble rasero corrupto que se aplica en la gestión de los medios materiales". "No esperó ni a tomar posesión del cargo para exigir escoltas y vehículos para cargos políticos y familias", ha explicado.
El sindicato va más lejos asegurando que sobran "el 95% de esos gastos superfluos y corruptos".
Uno de los casos más llamativos de este debate fue el de Madrid, donde el entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, accedió a reducir la flota municipal en un 40%, lo que significaba pasar de 57 a 36 vehículos para concejales. O lo que es lo mismo, que los ediles tendrán que compartir coche dependiendo de la prioridad de sus desplazamientos.
Y la Generalitat valenciana ha subastado 42 coches oficiales que, visto lo visto, no eran necesarios.
El caso de los coches es uno más,
ya que en plena campaña andaluza se conoció que la Junta, dirigida por
el socialista Griñán, ha gastado 145 millones de euros en teléfono, entre móvil y fijo, en los tres últimos años.
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