Ruz sospecha que la amnistía de Montoro fue un coladero para blanquear fondos de la Gürtel
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha abierto otra nueva vía de
investigación dentro del caso Gürtel, que vuelve a poner en un brete al
Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro. El instructor, en
un duro auto, sospecha que 19 imputados y dos empresas vinculadas con la
trama de corrupción se podrían haber beneficiado de la amnistía fiscal’
aprobada en marzo de 2012 y haber declarado parte del dinero que tenían
oculto, que desde 2009 estaba buscando la justicia.
El magistrado ha solicitado a la Agencia Tributaria que confirme este
extremo y, de ser así, el Departamento de Montoro quedaría en entredicho
al demostrar que esa amnistía fiscal ha sido un auténtico coladero para
blanquear dinero obtenido ilegalmente, como sucedió supuestamente con
Luis Bárcenas. Como en ese caso, una gran parte de los implicados del
caso Gürtel podría haber intentando una artimaña para engañar a
Hacienda. A tenor de la información, la institución podría no haber
detectado esta jugada.
De quedar corroborada esta sospecha, se les imputaría un nuevo delito
contra la Hacienda Pública. Según el auto de Ruz, “por las personas
físicas y jurídicas objeto de requerimiento se ha procedido a verificar
actuaciones con acogimiento a la normativa tributaria vigente durante el
tiempo en que los mismos se encontraban incursos en el presente
procedimiento penal, estando deducidas frente a las mismas imputaciones
por hechos indiciariamente constitutivos, sin perjuicio de ulterior
calificación y entre otros, de uno o más delitos contra la Hacienda
Pública”.
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A la amnistía fiscal no se puede acoger nadie que esté inmerso en un
proceso judicial. Sin embargo, el extesorero del PP, imputado también en
esta causa, sí lo hizo. En su caso, su estrategia fue utilizar una
empresa, Tesedul, para regularizar once millones de euros a cambio del
pago de un millón y medio. Hacienda asegura que, el efecto final es que
Bárcenas no se beneficiará de esa amnistía e, incluso, deberá pagar por
haber intentado aprovecharse de la ley. Sin embargo, muchos creen que,
sin el asunto de las cuentas de Suiza y el juez Ruz de por medio, nadie
habría reparado en que tras Tesedul no estaba un matrimonio uruguayo,
sino Luis ‘el Cabrón’.
Ahora, la AEAT debe informar “con la mayor brevedad posible” sobre los
ejercicios fiscales, desde 2003 hasta la actualidad, de los 19 imputados
para averiguar si se aprovecharon de la amnistía para blanquear el
dinero obtenido ilegalmente durante años. Concretamente, pregunta por
los ejercicios fiscales de:
-Francisco Correa, cabecilla de la trama;
-Pablo Crespo, su mano derecha;
-Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, exdiputados madrileños;
-Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte;
-Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda;
-Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato;
-Ginés López, exalcalde de Arganda del Rey;
-María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Francisco Correa;
-José Luis Ulibarri, empresario leonés;
-César Tomás Martín Morales, exjefe de la empresa municipal del suelo de Boadilla;
-José Galeote, exconcejal del PP en Boadilla;
-Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas;
-Jesús Merino, exsenador del PP;
-Fernando Martín, dueño de Martinsa;
-Elena Villarroya, exmujer de González Panero;
-Manuel Salinas Lázaro y Amando Mayo, empresarios zaragozanos;
-U.F.C. y Grupo Begar, empresas de José Luis Ulibarri.
Ruz ha llegado a esta sospecha después de que a otro imputado, el
expresidente de la constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, se le
ocurriera informar al Juzgado de que se había acogido a la amnistía
fiscal, entregando la declaración tributaria especial de regularización.
Lo presenta en el marco de una petición de comisión rogatoria
internacional al Banco Merrill Lynch, en los Estados Unidos, relacionada
con el encausado.
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