Suspenden el juicio de la 'Tótem' por un error en la instrucción

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Suspenden el juicio de la 'Tótem' por un error en la instrucción

Todas las partes, incluso el fiscal, lo han solicitado tras comprobarse que las grabaciones telefónicas del caso no habían sido notificadas a las defensas de los acusados

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial, presidida por el magistrado Juan del Olmo, ha decidido suspender sin fecha el juicio que debía haberse iniciado hoy contra el exalcalde de Totana José Martínez Andreo y otros cinco imputados, por una de las ramas del caso 'Tótem'. La decisión se ha adoptado por petición de todas las partes, incluido el fiscal, después de haber comprobado que la totalidad de los CD con las grabaciones de la Guardia Civil, que contienen conversaciones telefónicas al completo, no habían sido notificados a las defensas de los acusados. Cabe ahora la posibilidad de que las diligencias vuelvan a remitirse al juzgado de instrucción de Totana y que haya que retrotraer las actuaciones al momento previo a los escritos de calificación.

Los abogados de los acusados han alegado así indefensión al no habérsele trasladado el contenido íntegro de unas escuchas telefónicas que el fiscal se propone utilizar como prueba. La defensa de Martínez Andreo, en una cuestión previa a la que se sumaron los abogados de los otros imputados, expuso a la Sala que sólo habían tenido acceso a la transcripción de las llamadas que recibió aquél, pero no a las que él mismo hizo.

Asimismo, se quejó de que pese a haber reclamado en varias ocasiones una copia en audio de las conversaciones, su solicitud no había sido atendida, por lo que entiende que se ha producido una violación de derechos fundamentales que impide la celebración del juicio.

El Ministerio Público, tras señalar que las defensas tienen derecho a conocer no sólo las llamadas entrantes al teléfono de Martínez Andreo, sino, también, las salientes, ha propuesto, por razones de economía procesal, que la sala dispusiera lo necesario para que se corrigiera este defecto procesal y poder comenzar el juicio dentro de los treinta días que marca la ley.

La defensa del exalcalde ha pedido la nulidad de las actuaciones para que la causa se retrotraiga hasta el momento anterior al autor de apertura del juicio oral, al considerar que la fórmula propuesta por la fiscalía no salvaba la vulneración de derechos fundamentales que considera se ha producido.

Los demás abogados defensores se han unido a la petición y uno de ellos, el del acusado Pedro Sánchez, ha ido más lejos al señalar que "se ha producido una nulidad radical del procedimiento, con vicios insalvables, por lo que pido la absolución de mi defendido".

La Sala se ha dado de plazo hasta mañana para hacer pública la resolución en la que resolverá sobre estas peticiones, no descartándose que la causa vuelva al Juzgado de Instrucción que la tramitó, el de Totana, si fuera éste el competente para cumplir lo que decida.

El tribunal que preside el magistrado Juan del Olmo ha dicho que "no cabe continuar con el juicio hasta resolver las cuestiones planteadas, por lo que se suspenden todas las sesiones del juicio", previsto su inicio hoy y con una duración aproximada de dos semanas. La causa se sigue contra el exalcalde, tres empresarios, la secretaria municipal y el jefe de la Policía Local.

El que fuera primer edil de Totana hasta las pasadas elecciones autonómicas y municipales de 2011, José Martínez Andreo, ha acudido este lunes por la mañana al Palacio de Justicia «tranquilo» para declarar en el juicio que se celebra a partir de este lunes por corrupción urbanística, y en el que se enfrenta a 10 años de cárcel. Martínez Andreo, que ha llegado puntual a su cita, se sentará en el banquillo, junto a cinco acusados más, para ser enjuiciado por una pieza del caso 'Tótem', que saltó a la luz pública en 2007.

Los cinco acusados restantes son el empresario Pedro José Martínez, que ostentaba la representación legal de la empresa Ucom 2005 S.L., que firmaría con el Ayuntamiento un convenio urbanístico para la construcción de infraestructuras municipales, haciéndose cargo los promotores del pago del coste de las mismas, entre las que se decide incluir las obras de un colegio.

La entonces secretaria municipal, Laura Bastida, también será juzgada a partir de este lunes, ya que en común acuerdo con Martínez Andreo redactaron un documento «a sabiendas de que faltaban a la verdad y que denominaron Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y Ucom para la realización de unas obras de ampliación del colegio San José». Bastida asesoró en su redacción, según el escrito del fiscal, «plasmando en el mismo la tesis de la gratuidad de las obras, inventándose que el objeto del mismo era regular la donación gratuita de la mercantil Ucom al ayuntamiento para la realización de las obras de dos aulas en el citado colegio». Todo ello debido a que el PSOE municipal presentó una denuncia en los juzgados denunciando estos hechos, ya que la solicitud que hicieron para la creación de una comisión de investigación de las citadas obras en el colegio fue desestimada por la Junta de Gobierno Local.

El empresario Pedro Sánchez es otro de los acusados, implicado en el proceso, que fue quien firmó un primer precontrato en noviembre de 2002 con Proinvitosa, ya que tenía interés en instalar un centro logístico del transporte»; además del gerente de Ucom, José Bonmatí; y el entonces oficial de la Policía Local, Alfonso Canales. Martínez Andreo renunció a ser candidato del PP a la Alcaldía en las últimas elecciones municipales y permaneció en prisión dos meses desde que fuera detenido a finales de noviembre de 2007 por su imputación en dicho caso.

El Ministerio Fiscal, que ya ha redactado su escrito de conclusiones provisionales, solicita para Martínez Andreo penas que, en su conjunto, suman diez años de cárcel por varios delitos: el de fraude, por el que se piden dos años de cárcel; omisión del deber de perseguir delitos (un año y seis meses); infidelidad en la custodia de documentos (dos años y seis meses) y falsedad en documento público (cuatro años).

El supuesto delito de fraude está relacionado, según las fuentes, con el tema de Proinvitosa. Al parecer, «estaban ideando, de alguna forma, el poder autorizar la venta de unos terrenos de Proinvitosa que se podrían haber recuperado a su precio original y mucho más económicos». Precisamente, señalan las fuentes, «la plusvalía que se iba a generar con la operación de venta de los actuales dueños a los terceros se la podría haber ganado el Ayuntamiento y decidieron no hacerlo así». Por este delito de fraude están acusados el exalcalde y el exconcejal de Industria que falleció, además de tres personas, entre ellos un constructor implicado en otro delito de esta pieza de 'Tótem'. Para cada uno de ellos se piden dos años de prisión e inhabilitación especial para cargo o empleo público por ocho años.

También se le imputa, tanto al ex alcalde como el que fuera jefe de la Policía Local, un delito de infidelidad en la custodia de documentos, por el que se solicitan dos años y seis meses de cárcel, con una multa de 18 meses de cuota diaria de 12 euros, e inhabilitación especial durante cuatro años para cada uno de ellos.

Según las fuentes, «el exalcalde indicó al que fuera jefe de la Policía Local que se llevara del juzgado el atestado de alcoholemia y se lo guardaron en su caja de seguridad el entonces jefe de la Policía Local». Además de un año y seis meses de cárcel y costas para cada uno por la omisión del deber de perseguir delitos.

Finalmente, por la construcción del colegio San José «supuestamente se falsificó un documento para tratar de justificar una supuesta adjudicación previa y a dedo de dicho contrato, inventándose un documento que presentaron en el Juzgado de Totana». Se le imputa, por tanto, falsedad en documento público al ex alcalde, a la entonces secretaria municipal y a la otra parte firmante del documento –un constructor-–. Para el ex regidor totanero y la ex secretaria se piden cuatro años de cárcel e inhabilitación especial durante cuatro años, con una multa de 12 meses a razón de 12 euros diarios. Para el constructor, dos años de prisión y una multa de nueve meses con 12 euros diarios.

Fue a finales de noviembre de 2007 cuando la Guardia Civil destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales en la localidad de Totana. El grupo gallego Nuaria habría adquirido para ello las licencias para construir más de 5.000 viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales en lo que sería el mayor complejo residencial del municipio.

En el transcurso de la investigación, fueron arrestadas casi una veintena de personas, entre ellas el que fuera alcalde de Totana (PP) hasta las pasadas elecciones autonómicas y municipales, José Martínez Andreo, que el partido lo dio de baja; así como el ex regidor totanero de este mismo municipio y ex diputado primero del PP y tras expulsado, del Grupo Parlamentario Mixto, Juan Morales, que por su condición de aforado no fue detenido y que actualmente permanece en prisión tras celebrarse el juicio.