20130618

La Generalitat aún tiene pendiente el despido de más de 2.000 empleados

hay tanto inútil enchufado, que se les amontona el trabajo


La Generalitat aún tiene pendiente el despido de más de 2.000 empleados


  • El Consell ha prescindido de 1.023 trabajadores de las empresas públicas de los más de 3.000 que tenía previsto enviar al paro antes de marzo


La remodelación del sector público autonómico, con la supresión o fusión de empresas y fundaciones públicas de la Generalitat, no está avanzando al ritmo que se marcó cuando el pasado 19 de octubre se aprobó en el pleno del Consell el decreto ley para su reforma. El entonces conseller encargado de ponerlo en práctica, Máximo Buch, -ahora es competencia del titular de Hacienda, Juan Carlos Moragues- aseguró que en el primer trimestre de 2013 el grueso de la reforma estaría ejecutada, aunque reconoció que quedarían entidades públicas por liquidar y el proceso se prolongaría hasta finales de año.

Ha transcurrido casi siete meses de aquel anuncio -Les Corts aprobó la ley de reordenación del sector público el pasado 8 de mayo-, se ha entrado en la recta final del segundo trimestre de 2013 y, desde luego, el bisturí del Gobierno autonómico todavía no se ha desprendido del grueso del recorte.

La previsión era que de las 76 empresas, entidades de derecho público y fundaciones que había al inicio de la legislatura, se quedaran sólo 30. Y de los 7.555 empleos se ejecutaran más de 3.000 despidos. Y hasta ahora se ha recortado en 1.023 empleados públicos, un tercio del total previsto, a pesar de que en el primer trimestre de 2013 tendría que haber estado casi cerrado.


Hay que recordar que RTVV, al igual que la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), se mantuvieron fuera de la remodelación del sector público porque llevaban un proceso al margen. En RTVV se aprobó, en agosto del año pasado, el despido de 1.198 operarios de una plantilla de casi 1.700 personas. El ERE empezó a ejecutarse poco antes de las pasadas fiestas navideñas y está previsto que concluya el 31 de agosto. En la AVT se anunció un ERE en diciembre con el despido de 47 de sus 216 empleados. La cifra quedó en 33.

Si a los de RTVV y AVT se les suma los aplicados en el resto del sector público la cifra de despidos suma 2.254 desde marzo de 2012 hasta ahora.

Por lo que se refiere a la reforma del sector público, convertida en ley el pasado mes de mayo, hasta ahora se han aplicado seis expedientes de regulación y hay otro que se encuentra en tramitación, el de CulturArts. Tres de los ERE se aprobaron entre marzo y septiembre del año pasado, cuando todavía se estaba diseñando la reforma. El coste del conjunto de los despidos para los más de 3.000 trabajadores se sitúa entre 70 y 90 millones de euros.

De la media docena de expedientes a los que las diferentes consellerias dieron el visto bueno, el de Vaersa y el de la Agencia Valenciana de la Movilidad -ambas dependen de la Conselleria de Infraestructuras-, fueron anulados por el Tribunal Superior y han sido recurridos.

El Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) fue la primera empresa pública a la que el Consell le aplicó los recortes de personal. Empezó a hablarse de este ERE en febrero de 2012 y se aprobó finalmente en marzo. Afectó a un 60% del personal y dejaron la firma pública 199 trabajadores. En principio estaba previsto que afectara a 260.

La Conselleria de Educación fue la segunda en echarse al ruedo para adelgazar la compañía pública dedicada a la construcción de colegios: Ciegsa. El ERE se presentó en junio. Estaba previsto que afectara a 70 de sus 90 empleados. Cuando finalmente se aprobó en julio el despido se aplicó a 55 empleados.

El proceso en la Ciudad de las Artes y las Ciencias se abrió en septiembre. Entre despidos y prejubilaciones, 141 de los 325 empleados dejaron la entidad.

Después de que el Consell aprobase el decreto ley sobre el sector público, el siguiente ERE que se abordó, el cuarto, fue el de Vaersa. A principios de noviembre se presentó a negociación el expediente que afectaba a 439 de los 1.441 empleados. Finalmente se aprobó el despido de 202 operarios. El asunto sigue en los tribunales después de que el TSJ lo anulase a finales de abril al entender que no hubo buena fe por parte de la empresa en la negociación.

El quinto de los ERE, el de la Agencia Valenciana de la Movilidad. Se planteó en noviembre y afectó a 31 de sus 39 trabajadores. El TSJ lo anuló en marzo.

El de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana se preveía problemático. En el Consell temían incluso disturbios. Hubo huelgas, paros, manifestaciones y civismo entre las partes. Estaba previsto que afectase a 450 trabajadores, un 25 % de la plantilla. Fueron 310 empleados afectados, de los que 236 fueron jubilaciones y prejubilaciones.

El que se negocia ahora es el de CulturArts. Se plantea para 85 operarios, un tercio de la plantilla.

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