VALENCIA
(Reuters) - En una junta de accionistas marcada por la abrumadora
presencia de inversores minoristas enfurecidos por la pérdida del valor
de su inversión en Bankia, el nuevo presidente de la deficitaria entidad
nacionalizada intentó sin éxito apaciguar los caldeados ánimos con
promesas de mejoras de rentabilidad y gestión.
La nacionalización ha supuesto la toma por parte del Estado del cien por cien del capital de la matriz Banco Financiero y de Ahorros y del 45 por ciento de Bankia, con el consiguiente efecto dilutivo para los accionistas, muchos de ellos clientes de Bankia que convirtieron sus ahorros en acciones.
Desde la salida a bolsa de Bankia el pasado 20 de julio a un precio de 3,75 euros, la cotización ha llegado a caer más de un 75 por ciento coincidiendo con el anuncio de la aportación de ayudas de hasta 23.465 millones de euros al grupo BFA-Bankia en lo que ha sido la mayor operación de rescate del sector financiero en la historia de España.
Bankia fue el resultado de la fusión de los negocios financieros de siete cajas de ahorros, liderada por Caja Madrid y Bancaja, en un momento de fuerte presión desde el Banco de España para que las entidades trataran de sanearse mediante operaciones de concentración.
Numerosos inversores minoristas acudieron a un abarrotado Palacio de Congresos de Valencia y a sus alrededores exigiendo responsabilidades por la pérdida de valor de sus inversiones, denunciando en muchos casos que habían sido engañados por empleados de oficinas pertenecientes a BFA en la comercialización de complejos productos de inversión.
"Yo tenía unos ahorros y le dije a la señorita que no quería acciones, que quería retirar mi dinero y la señorita me dijo que eso no era posible y yo le dije a la señorita que creía que estaba firmando mi sentencia de muerte", dijo Elisa Pedros Crespo, accionista minorista, durante su intervención en la junta.
"Tengo una inversión de 3.000 acciones y ahora solo me queda una tercera parte de este valor. Yo lo que quiero saber es dónde ha ido mi dinero y quién es el responsable y punto", manifestó esta inversora.
La tensión era visible en las numerosas intervenciones de accionistas pero también en el exterior del Palacio de Congresos, donde unas cincuenta personas organizaron una cacerolada y otros accionistas forcejeaban con los guardias de seguridad para tratar de entrar. Según el secretario general de la asociación de minoritarios AEMEC, Javier Cremades, hasta 50 accionistas vieron denegada su entrada al recinto.
Durante las intervenciones se oyeron gritos de "que se vayan los esquiroles y que entre el pueblo" y algunos accionistas de avanzada edad rompieron a llorar al tomar la palabra.
Consciente del daño causado a los inversores, Xavier Capallera Gibert, director de una sucursal del grupo BFA-Bankia en la localidad catalana de Peralada, se disculpó ante los inversores y clientes de Bankia.
"Quiero pedir perdón a los clientes de Bankia por haberles vendido acciones basándome en las informaciones que me dieron mis superiores", manifestó.
BATALLA JUDICIAL
El enfado de los inversores se produce tras conocerse las remuneraciones multimillonarias del antiguo equipo gestor de BFA-Bankia. A finales de mayo se conoció que un grupo de ocho directivos cobraron una retribución de casi 22 millones de euros en 2011, un año en el que, según las cuentas reformuladas tras la entrada de Goirigolzarri, BFA registró unas pérdidas de 3.318 millones y Bankia de casi 3.000 millones.
La propia Audiencia Nacional ha iniciado diligencias judiciales para depurar responsabilidades sobre lo sucedido en Bankia. Un juzgado de Madrid ha remitido a la Audiencia una denuncia presentada contra el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y los ex presidentes de Bankia Rodrigo Rato y Miguel Blesa por varios presuntos delitos, que van desde la malversación de caudales públicos a la imprudencia grave en el control de la entidad financiera.
Asimismo, asociaciones como Adicae han denunciado intentos de manipulación de pequeños accionistas.
La propia dirección actual de Bankia no descarta adherirse a alguna de las acciones existentes contra los antiguos gestores, dijo Goirigolzarri, que no obstante señaló que a día de hoy no encuentran indicios para ello.
"Por la información que disponemos en estos momentos este no es el caso y tengo que decir con claridad, si me lo permiten, que si en el futuro apareciese información en este sentido, lógicamente lo pondríamos en conocimiento de las autoridades o reguladores que corresponden", dijo en una intervención interrumpida por fuertes abucheos en la sala.
Las quejas de los inversores también se centraron en la comercialización de las participaciones preferentes, un producto que la banca española colocó entre pequeños inversores por importe de 40.000 millones de euros con el fin de recapitalizarse dado el sostenido deterioro de sus activos inmobiliarios.
"Teníamos (mi mujer y yo) unos dineros a plazo fijo y Bancaja me los sacó del plazo fijo y me los puso en preferentes, engañándome miserablemente con mentiras. Deseo que ese dinero pase donde estaba íntegramente, todo el que me sacaron y que lo paguen los que lo han robado", dijo Miguel García Tribaldo, jubilado de 85 años, que no pudo levantarse ni leer su queja por sus propios medios por llevar un aparato de respiración.
La comercialización de las participaciones preferentes -títulos de carácter perpetuo que sólo pagan interés en caso de haber beneficios y cuya liquidez es mínima en los actuales mercados- ha sido objeto de críticas por parte del propio ministro de Economía, accionistas minoritarios y parte de la sociedad, ya que se colocaron entre clientes de la red minorista poco acostumbrados a unos títulos demasiado sofisticados para su perfil inversor.
La matriz BFA ya dijo a principio de junio que estaba estudiando diferentes alternativas para emisiones de participaciones preferentes por valor de 3.057 millones de euros, sobre las que ha cancelado los pagos de intereses al encontrarse en pérdidas.
Goirigolzarri señaló que siguen trabajando para dar una solución a este problema, aunque reconoció que su margen de acción era reducido.
"En este trabajo hemos estado (en contacto) con las autoridades españolas y europeas y tengo que decirles que (...) el grado de libertad que tenemos es limitado", señaló.
Esta misma semana el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, dijo que las reglas para las ayudas a la banca impedían el uso de los fondos europeos para compensar a bonistas y señaló que las preferentes han de convertirse a precios de mercado, lo que supone de manera implícita una quita.
"Hay una regla, si los bancos reciben dinero público no pueden usar una parte de ese dinero para convertir las preferentes a un precio diferente al de mercado... es verdad que luego hay problemas sociales, pequeños ahorradores que han adquirido sin conocimiento", dijo Almunia.
REDUCCIÓN DEL BALANCE DEL LADRILLO A 2015
En medio de las quejas de los inversores, la estrategia de Goirigolzarri de reducir para 2015 en aproximadamente la mitad del balance de la entidad relacionado con activos inmobiliarios a 30.000 millones de euros quedó relegada a un segundo plano.
"Hoy tenemos casi 60.000 millones de euros en activos de muy escasa rentabilidad. Son activos morosos o bienes inmuebles de distinto tipo. En el próximo trienio debemos conseguir una reducción superior al 50 por ciento de estos activos", agregó.
El presidente del banco dijo que su plan también contemplaba la desinversión de activos no estratégicos. Estas líneas de actuación podrían venir determinadas por las condiciones que los socios de la Unión Europea podrían exigir a los bancos españoles a cambio de préstamos de hasta 100.000 millones de euros.
El nuevo máximo responsable de Bankia también se comprometió a mejorar la rentabilidad del grupo a medio plazo y a mejorar su ratio su ratio de eficiencia - porcentaje de los ingresos que consumen los gastos, cuanto más bajo sea más eficiente es el banco- hasta situarlo por debajo del 40 por ciento a 2015.
Goirigolzarri también manifestó que preveía culminar el próximo trimestre el plan de racionalización de consejeros de empresas filiales, que permitirá ahorrar más de 7 millones de euros.
/Por Jesús Aguado/
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