Artur Mas pide un crédito urgente de 500 millones a La Caixa para poder pagar las nóminas

Artur Mas pide un crédito urgente de 500 millones a La Caixa para poder pagar las nóminas - elConfidencial.com

Las finanzas de la Generalitat se encuentran bajo mínimos. Tanto que Artur Mas ha tenido que recurrir esta semana a un crédito para poder pagar las nóminas. Según diversas fuentes consultadas por este diario, el Gobierno catalán pidió a La Caixa 500 millones de euros “a una semana vista” ante los problemas de tesorería que afronta. De acuerdo con las citadas fuentes, “se trata de problemas puntuales, de lo que denominamos punta de tesorería”. Otros interlocutores gubernamentales hablan de “tensiones de tesorería” derivadas de la falta de ingresos.

Según las fuentes, el crédito se está negociando todavía, aunque se da por hecho que no habrá muchos problemas para cerrarlo. “El Gobierno necesita liquidez inmediata para hacer frente a unos compromisos y se retornaría enseguida”, añaden. Lo que no quiere el Ejecutivo autonómico es recurrir de nuevo a la emisión de deuda, ya que las cargas financieras que soporta en la actualidad son enormes: cada año paga 1.000 millones de euros sólo en intereses por el servicio de la deuda.

La realidad es que el bajón de los ingresos y la falta de transferencias de la Administración central han abocado a la administración pública catalana a tener que recurrir a la ayuda de la entidad financiera emblemática de la comunidad para poder solventar el bache. Uno de los argumentos ofrecidos es que se debe a la falta de liquidez ante el pago de la extraordinaria de junio, aunque otras fuentes apuntan también a problemas con el sistema informático que provocó fallos en las transferencias de las nóminas a las cuentas particulares de los empleados públicos.

Lo cierto es que el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, no ha tenido más remedio que poner en marcha esa solución de emergencia ante el colapso de las finanzas. Y eso porque las nóminas de la Generalitat representan un pico: aproximadamente, más de 300 millones de euros mensuales, si tenemos en cuenta los salarios que dependen directamente de las consejerías y de los principales organismos autónomos que dependen del Gobierno, como el Instituto Catalán de la Salud (ICS) o el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC).

Fuentes del Gobierno catalán consultadas por El Confidencial señalaron a este diario que el problema de las finanzas de la Administración autonómica se han visto agravadas en los últimos meses a causa del incumplimiento de los compromisos de pago del Gobierno central, una acusación que han reiterado en los últimos días tanto el consejero de economía como Artur Mas.

Lo que debe Rajoy

El presidente de la Generalitat aludió al tema en el pleno parlamentario del pasado miércoles, en el que desveló que el Gobierno de Mariano Rajoy debe a Cataluña 759 millones en infraestructuras del año 2011 y otros 211 millones de euros del año 2012. En total, pues, 970 millones de euros que la comunidad catalana ya ha gastado y que tendría que haber cobrado.

Pero además, las fuentes consultadas añaden otras partidas pendientes de cobro. El Ejecutivo central, por ejemplo, tampoco abonó el Fondo de Competitividad del año 2011, lo que representa unos 1.450 millones de euros más. Y, por si fuera poco, existe otro capítulo relativo a los servicios del Estado que presta la Generalitat y que tampoco ha recibido, a pesar de no ser competencia suya, lo que subiría la cifra a varios cientos de millones más. El total del dinero que reclama Cataluña sobrepasaría con creces los 3.000 millones de euros.

“De la Ley de Dependencia, nosotros hemos pagado el año pasado un total de 728 millones de euros, mientras que el Gobierno central aportó sólo 258 millones. De esa partida, a nosotros nos correspondía pagar 493 millones, por lo que hemos abonado 253 millones de euros que tendría que haber puesto Madrid. En otras palabras, según la ley,Cataluña y el Estado deberían sufragar la Ley de Dependencia al 50%, pero nosotros hemos puesto el 67% y ellos menos del 24%. Eso nos representa un esfuerzo adicional considerable en estos momentos de crisis”, señalan las fuentes consultadas.

Ése es sólo un ejemplo, ya que hay varios servicios en situación parecida. ”En el tema delas infraestructuras, que corresponden a la disposición adicional tercera del Estatuto, hay un incumplimiento flagrante. El Gobierno central tenía la lista de sus compromisos y había firmado convenios que, al final, se han quedado en agua de borrajas”. En cuanto a los servicios del Estado prestados por la Generalitat , “lo que ha habido es una deslealtad institucional. Estamos hablando de normativas estatales que afectan al funcionamiento de la comunidad autónoma”.