SUP dice que se ha cesado al jefe de la Policía Judicial para no investigar "un claro indicio de blanqueo de capitales"
MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha subrayado este lunes
que la decisión de la Dirección General de la Policía de cesar a los
seis meses de su nombramiento al comisario general de la Policía
Judicial, José Enrique Rodríguez Ulla le hace temer que España es un
país "donde la corrupción puede campar a sus anchas" y responde a una
voluntad del Ministerio de Interior de "no investigar un claro indicio
de blanqueo de capitales".
En un comunicado, el sindicato policial recuerda que "es la primera
vez" que se cesa a un miembro de la Junta de Gobierno como es el
comisario general de la Policía Judicial a los seis meses de su
nombramiento e incide que el cesado, José Enrique Rodríguez Ulla, fue
quien ordenó por escrito abrir una investigación policial para
esclarecer quién es el dueño del ático de Marbella (Málaga) alquilado
por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Precisamente, una denuncia del SUP motivó que la fiscalía ordenase
que se reanudasen las pesquisas sobre este asunto, aunque finalmente fue
archivado por la Fiscalía Anticorrupción la pasada semana.
"Mientras no se sepa quién es el dueño del ático de Marbella, el
ministro del Interior y el director general de la Policía son
sospechosos por omisión de no querer esclarecer dicho asunto", señala el
sindicato, que cifra en un millón de euros aproximadamente el dinero
sin legalizar blanqueado.
En caso de que finalmente quedara probado que el ático "es el fruto
de inversión de dinero ilícito", el SUP enfatiza que tanto Jorge
Fernández Díaz como Ignacio Cosidó "deberán asumir la responsabilidad
política y jurídica que les correspondiera".
"Desde el SUP exigimos una policía decente que cumpla la ley, y
políticos decentes, y no cejaremos en el empeño de desenmascarar a los
corruptos", concluye el sindicato en un comunicado.
La Dirección General de la Policía justifica "la remodelación" en la
cúpula de la Policía Judicial como una estrategia que refuerce la lucha
contra el crimen organizado, el narcotráfico, el blanqueo de capitales o
el cibercrimen.
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