Sus señorías los acusados - Valencia

• Hasta 11 diputados del Partido Popular valenciano están imputados, acusados o investigados en distintos casos de corrupción en curso.
• El PSPV se ofrece a garantizar a Fabra su gobernabilidad si los expulsa
• El PP se quedaría en 44 diputados, sin mayoría absoluta, si los apartase

El pasado martes la juez acusó a Rafael Blasco, portavoz del PP en las Cortes Valencianas, de haber cometido los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos por el llamado 'caso Cooperación'.

Dos días después, otro juez acusó a Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, y su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, de haber cometido los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho en relación al caso Brugal.

Tanto Alperi como Castedo son también diputados autonómicos en las Cortes.
Tras conocerse éste último auto, toda la oposición en bloque exigió la expulsión de ambos del 'grupo popular'. Ya lo habían hecho antes con Blasco. Esquerra Unida habló de un "récord mundial de imputados".

Los socialistas valencianos incluso se ofrecieron a garantizar a Fabra la gobernabilidad del PP en las Cortes si los diputados imputados "se rebelasen" y se fueran al grupo mixto.

El Partido Popular cuenta desde las últimas elecciones autonómicas con 55 diputados en el Parlamento valenciano. Diez de ellos están o bien imputados, o bien acusados en distintos casos de corrupción en curso. Una diputada más está siendo investigada. Si el PP los expulsase del partido, perdería la mayoría absoluta en las Cortes.

Ricardo Costa.
El ex secretario general del PPCV es ahora portavoz de Economía en las Cortes y secretario general del grupo 'popular'. Fue absuelto tras ser imputado por el llamado 'caso de los trajes' dentro de Gürtel, pero aún tiene pendiente resolver su imputación por la causa que investiga la presunta financiación irregular del PP valenciano. Se le acusa de un presunto delito electoral y de falsedad documental.

Vicente Rambla.
El ex vicepresidente de la Generalitat, ahora coordinador de Economía del grupo popular, está también imputado en el macrosumario de la financiación, que investiga también los contratos del Consell con Gürtel. El juez considera que existen elementos iniciales de delito de cohecho y prevaricación, así como delito electoral y falsedad documental, por su condición de vicepresidente del Consell y coordinador de la campaña electoral del PP durante los contratos con Gürtel.

David Serra.
El portavoz adjunto del PP es otro de los imputados en Gürtel como ex vicesecretario general del partido. Sus presuntos delitos en la causa de la financiación irregular son los de delito electoral y falsedad documental.

Milagrosa Martínez.
Fue presidenta de las Cortes y es la actual alcaldesa de Novelda. Al igual que Rambla está imputada por prevaricación y cohecho. En su caso se investiga su responsabilidad en los contratos adjudicados a Orange Market cuando fue consellera de Turismo.

Angélica Such.
También fue consellera de Turismo Angélica Such, actual secretaria primera de la mesa de las Cortes Valencianas. También está imputada por las supuestas irregularidades en las contrataciones de Fitur con la trama Gürtel.

Yolanda García.
Fue tesorera del grupo parlamentario popular en los tiempos en los que el partido contrataba a las empresas de Francisco Correa. Imputada también por la presunta financiación ilegal del partido y el posible delito electoral que se investiga.

Rafael Blasco.
Su imputación es inminente. La juez le atribuye delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos por su implicación en la trama que desvió fondos destinados al Tercer Mundo cuando él era conseller de Solidaridad. Es el actual portavoz del PP en las Cortes aunque no ejerce desde que fue acusado.

Sonia Castedo.
La alcaldesa de Alicante es diputada desde las últimas elecciones cuando ya estaba implicada en el 'caso Brugal'. Ahora está acusada de los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho por el supuesto amaño del Plan Urbanístico de su ciudad. Podría ser imputada por el TSJ.

Luis Díaz Alperi.
Antecesor en el cargo de Castedo. Se le atribuyen los mismos delitos que a la actual alcaldesa de Alicante. Fue alcalde de la ciudad desde 1995 hasta su dimisión en 2008 y ganó todas las elecciones municipales por mayoría absoluta.

Pedro Ángel Hernández Mateo.
Es diputado en las Cortes y ex alcalde de Torrevieja. Está imputado por el TSJ de la Comunidad Valenciana por supuestas irregularidades en el proceso de adjudiciación de un contrato de recogida de residuos sólidos. Se le acusa de prevaricación y falsedad documental. Renunció a la presidencia del PP de Torrevieja tras abrirse juicio oral contra él pero conserva su acta de diputado.

Mayte Parra.
Es alcaldesa de Ibi. No está imputada pero está siendo investigada por el juzgado de instrucción número 1 de Ibi por todas las contrataciones que ha formalizado el Ayuntamiento en los últimos años, entre ellas tres planes urbanísticos y varias adjudicaciones con sobrecostes. Una ex edil del PP en su Ayuntamiento le atribuye cuentas en Suiza.

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