Barcelona - ATLL: aumento de tarifas

Agbar y Acciona se disputan la privatización de la empresa pública Aguas Ter-Llobregat (ATLL), que se llevará a cabo después de las elecciones del 25-N. En los despachos se dirime una guerra de intereses políticos y económicos



Bajo la espuma de la campaña electoral catalana está librando una sorda batalla empresarial de trascendentales implicaciones políticas.


En su origen, los gravísimos problemas de financiación y tesorería que sufre la Generalitat.


A continuación, el fracaso de las operaciones de privatización de los inmuebles de la Administración catalana y de las autopistas de peaje con participación pública (los túneles del Tibidabo y el túnel del Cadí).


Queda una tercera joya de la corona , la empresa pública Aguas Ter-Llobregat (ATLL), que se encarga del suministro en alta de los cinco millones de habitantes de Barcelona y su corona metropolitana.


Entre otras instalaciones, gestiona la gigantesca planta desalinizadora de El Prat. El precio estimado de la operación: 1.000 millones de euros -300, cash-que, a pesar de su pago diferido a 50 años, entrarían en vena a las exhaustas arcas de la Generalitat.


Y, en el caso de la ATLL -al contrario que los inmuebles y las autopistas-, el proceso de privatización ha levantado el interés de dos grandes empresas privadas, Agbar (participada por los franceses de GDF Suez y La Caixa) y Acciona (el brazo armado de la familia madrileña Entrecanales) , que han formalizado sus ofertas ante la conselleria de Territorio y Sostenibilidad.


Las plicas ya se han abierto y está previsto que el "proceso de deliberaciones técnicas" culmine a mediados de diciembre-justo después de las elecciones al Parlamento-, de modo que el nuevo adjudicatario pueda hacerse cargo de la ATLL a partir de el 1 de enero de 2013.


El consejero (en funciones) Lluís Recoder tiene una patata caliente sobre la mesa.


¿Para quien decantará el concurso? ¿Para los catalanes de Agbar o por madrileños de Entrecanales?


La partida de despachos, que se juega en plena campaña electoral, se presenta apasionante, más que por la identidad de los dos concursantes-perfectamente conocida-, por las implicaciones de los compañeros de viaje que forman parte del accionariado de ambas ofertas.


La candidatura encabezada por Agbar está formada por el grupo H2B (37%), el fondo de inversión australiano First State (33%) y la sociedad pública quebequense Caisse de Depot (30%). A H2B, además de Agbar, participan las empresas Aguas de Terrassa (el presidente de su fundación es Pere Navarro, el candidato del PSC a la Generalitat), Aguas de Sabadell (presidida por el ex consejero de CiU, Xavier Bigatà ) y las constructoras ACSA (de la familia leridana Sorigué), Copisa (de la familia Cornadó, aliada tradicional de CiU) y Calaf.


Es decir, es una oferta de claro perfil sociovergente que cuenta con el apoyo indisimulado de La Caixa.



Por su parte, la candidatura de la familia Entrecanales está formada por Acciona (39%), el banco brasileño de inversiones BTG Pactual ( 39%) y un grupo de empresas y fondos de inversión particulares que completan el 22% restante. Entre estas destacan Aguas, alianza de la empresa Comsa-Emte (familia Miarnau y familia Sumarroca, estrechamente vinculadas a CiU) y Aguas de Valencia (que, a pesar de contar con una participación accionarial de GDF Suez, está controlada por el búnker del PP valenciano). Además, participan los family office de las familias Torreblanca-Godia (a la vez, accionistas de referencia de Abertis, la empresa de infraestructuras de La Caixa) y Rodés (el cabeza de familia, Leopoldo Rodés, es miembro prominente de CaixaBank y uno de sus hijos, Fernando Rodés es presidente del diario Ara).


Es decir, en clave política sería una alianza CiU-PP con unas gotas de Esquerra Republicana.



En la Barcelona que manda , la de Diagonal hacia arriba, más importante que las elecciones del 25-N-donde ya se da por hecho que Artur Mas ganará cómodamente los comicios-observa con creciente pasión el j oc subterráneo que preside el proceso de privatización de la ATLL.


¿Qué hará el consejero Lluís Recoder?


¿Qué papel tiene, en todo ello, Germà Gordó, el ​​hombre de las tinieblas del Palau de la Generalitat?


¿Cómo reaccionará La Caixa ante la traición de los Rodés y Liliana Godia?


Y, en especial, ¿por donde se decantará Leonard Carcolé, el director de la ACA (y actual presidente de la ATLL), que tiene la potestad de «informar» sobre el concurso abierto?


¿Maniobrará contra su anterior empresa, Agbar, donde había sido director de Cataluña y donde vio frustrada su aspiración a ser director general?


¿Se venderá en Entrecanales para seguir mojando del negocio del agua?


En todo caso, una cosa es cierta. La privatización de la ATLL conllevará un aumento de las tarifas ... que acabaremos pagando todos.


http://www.eltriangle.eu/cat/notices...llit_32041.php