Caciquismo del siglo XXI

La UE lanza un ultimátum para acabar con los privilegios de los 7.000 trabajadores de estiba

J. Carrasco
El Gobierno tiene hasta diciembre para liberalizar el servicio y permitir que las empresas contraten personal ajeno a las sociedades de estiba

Ahora sí que parece que va en serio. La Comisión Europea ha dado al Gobierno español dos meses de plazo, hasta el 1 de diciembre, para que liberalice los servicios de estiba en todos los puertos del país y acabe con los privilegios del trabajadores de este sector. Este ultimátum se ha convertido en otro contratiempo para el Gobierno de Rajoy pues, de asumir la exigencia de la Unión Europea, se enfrentará a semanas de conflictividad en los puertos.

La Comisión Europea publicó el pasado 1 de octubre un dictamen en el que reclamaba al Gobierno español lo que las empresas portuarias llevan demandando durante años, esto es, que se ponga fin a la obligación de contratar trabajadores a través de las sociedades de estiba, que pasaron a denominarse Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) en la Ley de Puertos de 2010, que había sido pactada por PP y PSOE en la anterior legislatura. Hasta la fecha, las empresas portuarias están obligadas a recurrir a las SAGEP para proveerse de trabajadores para la estiba y además han de participar en el capital de estas sociedades según su volumen de carga. Las SAGEP ejercen el monopolio de la contratación: las compañías no tienen la posibilidad de buscar trabajadores fuera de ellas. Y Bruselas quiere acabar con ello porque considera que el actual modelo, que funciona desde hace décadas, impide "el libre establecimiento empresarial".

Aptitud física

Otra de las carencias indicadas por la Comisión Europea en su dictamen es la ausencia de requisitos de formación o cualificación especial para ser estibador. En la práctica sólo tienen que pasar unas pruebas de aptitud física y psicológica. Estos trabajadores se encargan de la manipulación de las mercancías en los barcos.

La Comisión Europea ha dado dos meses para reformar de nuevo la Ley de Puertos con la amenaza de que si el Gobierno español no lo hace llevará el caso al Tribunal de Justicia comunitario. Y recuerda que ya advirtió a los dos grandes partidos de la necesidad de liberalizar el sector cuando pactaron la ley de 2010.

Respuesta conjunta

El aviso de Bruselas ha contrariado a todos: al Ejecutivo de Rajoy, las autoridades portuarias y los sindicatos. Como el tiempo corre en contra se han multiplicado las conversaciones entre todas las partes afectadas para intentar acordar una respuesta conjunta ante la Unión Europea.

El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, ha recibido esta semana a los sindicatos para analizar el dictamen de Bruselas. El coordinador general de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, asegura que su sindicato "ni se plantea" la posibilidad de que las exigencias de Bruselas sean tenidas en cuenta, lo que implicaría un cambio del estatuto privilegiado de los 7.000 trabajadores de estiba. Llorca defiende que los puertos españoles son "un punto de referencia" en Europa por su "flexibilidad", y defiende que la actual Ley de Puertos fue "consensuada entre todos".

89.000 euros de sueldo

Los trabajadores de estiba cobran de media 89.000 euros anuales, sus jornadas son de seis horas y se jubilan a los 56 años. Debido al descenso de actividad, algunos puertos como los de Barcelona y Algeciras han recurrido a expedientes de regulación de empleo (ERE). El de Valencia, sin embargo, no lo ha hecho ya que sus números son mejores: de enero a agosto había movido tres millones de contenedores.

No es la primera vez que la Unión Europea trata de introducir la ley de la oferta de la oferta y la demanda en un sector cerrado a la competencia. La Directiva de Liberalización de Servicios Portuarios lo intentó, pero se encontró con el rechazo frontal de los sindicatos, que lograron tumbarla después de paralizar los puertos y de persuadir al Parlamento Europeo para que votara en contra en 2006.

Lo previsible es que si la Comisión Europea saca adelante su dictamen vuelva la conflictividad a los puertos, lo que amenazaría el comercio exterior, lo único que, junto con el turismo, funciona en la economía española.