“El riesgo con promotores inmobiliarios crece un 55%. Dé cuenta al consejo”
El Banco de España envió una carta de advertencia a Caja Madrid en 2006 y Blesa dice que transmitió el aviso
El 29 de diciembre de 2006 el director general de Supervisión del Banco
de España envió una carta, previamente aprobada por la comisión
ejecutiva del organismo supervisor, al presidente de Caja Madrid, Miguel
Blesa. En la misiva, cuya entrada en Caja Madrid fue registrada el 3 de
enero de 2007, alerta de los crecientes riesgos observados con los
créditos de la entidad vinculados al sector inmobiliario, y ordena que
se dé “cuenta íntegra” de las advertencias y recomendaciones a todos los
miembros del Consejo de Administración y de la comisión de control de
Caja Madrid. Sin embargo, media docena de exconsejeros de la caja (en
representación de sindicatos y partidos políticos) han asegurado a este
diario que nunca les llegó ese escrito de alarma ni tampoco nadie se lo
leyó en un consejo de administración. El presidente de la entidad en
aquel momento, Miguel Blesa, aunque admite que no entregó la carta,
desmiente a los consejeros y asegura que sí se les leyó.
El escrito del Banco de España, presidido por Miguel Ángel Fernández
Ordóñez, nombrado por el Gobierno socialista cinco meses antes, era
especialmente contundente en su comunicado a Blesa: “El riesgo con este
sector de actividad [promotor inmobiliario] continúa creciendo a tasas
notablemente muy elevadas que a las que lo hace el resto de los
capítulos de la inversión crediticia. Así, por ejemplo, a marzo de 2006
el riesgo dispuesto con promotores creció un 55% en términos
interanuales mientras que el conjunto de la inversión crediticia lo hizo
un 27% y representaba un 13% del riesgo total de la entidad, que con
avales y disponibles se elevaría hasta el 17%”.
Caja Madrid: "solvencia a la baja, gobernanza mejorable"
La inspección de 2006 del Banco de España que dio pie a la carta de
reproches y recomendaciones a Caja Madrid definía a la entidad como una
caja con “una solvencia aceptable, aunque a la baja en el último año” y
con una “gobernanza mejorable”. Como puntos a vigilar, además del
empeoramiento del perfil de riesgo de la cartera hipotecaria, el
supervisor apuntaba al “incremento del riesgo de mercado derivado de la
estrategia inversora en participaciones cotizadas y la creciente
dependencia de emisiones en mercados mayoristas para financiar su
actividad crediticia, con un peso superior a las entidades de su rango y
la media del sector”, según señalaba el informe.
"La información periódica al consejo podría mejorarse si se enfocara
hacia una valoración más directa al riesgo asumido”, se añadía. Y
auguraban el porvenir: “Esta estructura no preocupa tanto desde un punto
de vista de liquidez, sino en términos de impactos futuros en el margen
financiero, en escenarios de subida del coste de nuevas emisiones para
renovar a las actuales”.
La investigación de 2006 vio “políticas comerciales de riesgo” en la entidad
El Banco de España perfilaba el peligro con datos concretos. Señaló ya
en 2006 que había en Caja Madrid un “fuerte crecimiento del crédito por
encima de la media”, tanto en banca comercial, hipotecas (un 35% más) y
promotor (un 37,6% más); como en banca corporativa (un 31% más), “con
importante peso del crédito con garantía real, 65% del total,
principalmente hipotecas, el 54%, por encima del 41,4% del grupo
comparativo”.
El ladrillo fue la semilla del futuro derrumbe de la entidad. “La
cartera de hipotecas ha adquirido en los tres últimos años un perfil de
riesgo alto por el mayor peso de operaciones con LTV [porcentaje de
financiación de la compra de la vivienda] superior al 80%, sistema de
amortización creciente en progresión geométrica y cliente extranjero
(...) el riesgo principal es de crédito, con dependencia del ciclo
inmobiliario, con un riesgo de mercado al alza por la adquisición
creciente de participaciones estratégicas y financieras cotizadas”.
Carta de advertencia del Banco de España en 2006 a Caja Madrid
La liquidez vivía ya “una dependencia creciente de estos mercados
institucionales para financiar su crecimiento”. Y, de nuevo, se leía el
futuro: “En caso de producirse escenarios de crisis de liquidez de los
mercados institucionales podría suponer un alza en el coste de
renovación de las emisiones actuales, con el impacto en rentabilidad”.
Por ello reclamaba una “mayor implicación de los servicios de auditoría
interna en la revisión del riesgo de liquidez”.
El supervisor bancario recordaba en la misiva que no era el primer aviso
que ofrecía a la entidad. “Se reitera la reflexión que sobre el riesgo
promotor se hacía en el anterior escrito de recomendaciones de fecha de
22 de diciembre de 2004, en el sentido de la necesidad de controlar con
rigor la actividad promotora, pues conlleva un elevado nivel de riesgo,
máxime si por parte de los prestatarios no hay una aportación de fondos
proporcionada a la magnitud de proyecto y las expectativas de
recuperación de crédito descansan en una hipotética evolución futura de
los precios”.
La inspección del Banco de España de 2009 confirmó que los avisos de
2004 y 2006 se habían convertido ya en un problema gravísimo que
lastraba las cuentas de Caja Madrid. Según consta en esas pesquisas
posteriores, “a 31 de diciembre de 2008, el riesgo promoción dispuesto
ascendía a 22.915 millones de euros, lo que representa el 18,4% total
del riesgo crediticio. El ratio de morosidad alcanzaba el 10,92% de
morosidad frente al 5,5% general de la entidad (...) Caja Madrid no
dispone de política sobre adquisición de activos a promotores,
realizándose las actuaciones ad hoc. Estás adquisiciones están
alcanzando cifras muy importantes, desbordando las previsiones,
constituyendo una política de huida hacia delante para dotar de
viabilidad provisional a los acreditados afectados”, revelaba.
La investigación de 2006 también advertía de otros riesgos que después
tendrían también eco en el futuro. “Pueden citarse determinadas
políticas comerciales que incrementan el perfil de riesgo de la cartera,
como la generalización de préstamos cuyo importe supera el 80% del
valor de tasación de la vivienda hipotecada, que suponían el 36% del
riesgo vigente o la ampliación de los plazos de amortización”, señalaba.
El tono no era tan alarmante como en 2009 y 2010, pero alertaba de una
situación que, años más tarde, provocaría el derrumbe.
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