Aunque es la tercera estadista más rica del continente americano, con
una fortuna de casi seis millones de euros declarados al fisco, Cristina
Fernández ha tramitado la pensión vitalicia de viudedad que le
corresponde por la muerte de su esposo y antecesor en la Casa Rosada,
Néstor Kirchner (2003-2007).
La exclusiva ha sido destapada por el portal Tribuna de periodistas. Hoy
la prensa porteña reproduce y amplía la noticia en sus páginas. El
diario 'La Nación' añade datos y recuerda que el patrimonio de los
Kirchner se multiplicó por 10 desde que en 2003 llegaron a la jefatura
del Estado.
Kirchner falleció repentinamente el 27 de octubre de 2010 de un ataque
cardíaco. Y menos de un mes después, el 24 de noviembre, la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el
expediente número 041-27-10433615-4-026-1 para otorgar una pensión a la
presidenta.
El expediente pasó primero por la Secretaria Legal y Técnica de la
Nación, a cargo de Carlos Zannini (mano derecha de la mandataria) y
luego fue a parar a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (no
contributivas), que depende de la ministra de Desarrollo Social, Alicia
Kirchner, hermana de Néstor, según la prensa.
En menos de dos meses, el 21 de diciembre, la Comisión aprobó la pensión
vitalicia por viudedad para la Presidenta. A cualquier argentino ese
trámite le lleva años. Ella cobra un salario bruto de 48.934 pesos
(6.999 euros) y neto de 30.991 pesos (4.427 euros). Además, percibe
dinero para gastos y viáticos.
Se desconoce a cuánto asciende la pensión aprobada, aunque podría oscilar entre los 25.000 y los 30.000 pesos.
Herencia
Hasta 2010 la fortuna declarada al fisco por el matrimonio Kirchner
ascendía a 70,5 millones de pesos (10 millones de euros). A poco de la
muerte de Néstor, los deudos iniciaron la sucesión: la presidenta
recibieron 31,6 millones de pesos (4,5 millones de euros) y los hijos
Máximo y Florencia se repartieron igual cifra.
En su última declaración, Fernández reveló que posee un patrimonio de
39,6 millones de pesos (5,6 millones de euros). Con esa posesión, se ha
convertido en la tercera estadista más acaudalada de las Américas,
detrás del chileno Sebastián Piñera y el estadounidense Barack Obama, en
ese orden.
Los datos de la riqueza presidencial se conocen a raíz de la divulgación
de las declaraciones juradas de bienes que hizo a la Oficina
Anticorrupción, un trámite al que están obligados los presidentes cuando
ingresan a la función, durante su mandato y al marcharse.
El gran 'pelotazo' de los Kirchner se remonta a la dictadura militar
(1976-1983) cuando en su estudio jurídico de Río Gallegos tramitaban los
desahucios que los bancos ejecutaban contra propietarios que no podían
devolver los créditos hipotecarios, a raíz de la ley 1050 que multiplicó
varias veces el valor de las cuotas.
Bienes inmuebles y cuentas bancarias
Luego se amplió con la compra de suelo público a precio de ganga en la
villa turística El Calafate, puerta de entrada al paradisíaco glaciar
andino Perito Moreno, regida por un alcalde kirchnerista, y su posterior
venta. Ese 'pase de manos' les dejó un beneficio de 6.167.921 pesos
(1,4 millones de euros en su momento).
La hectárea y media vendida por los Kirchner fue comprada supuestamente
por el empresario chileno Horst Paulmann, que montaría allí el primer
centro comercial de El Calafate, con un hipermercado y cines.
En total, los Kirchner son dueños de al menos 180 hectáreas en El
Calafate, todas pagadas a la comuna a un precio muy acomodado. Allí
poseen inversiones en el negocio de la hostelería: Los Sauces, ubicado
junto a su mansión, y Alto Calafate, para la exclusiva clientela de
europeos y estadounidense.
También poseen bienes inmuebles (12 pisos, algunos en el exclusivo
barrio porteño Puerto Madero, seis casas, seis terrenos y cuatro
locales), más depósitos bancarios, uno de ellos un plazo fijo de tres
millones de dólares que recientemente pesificó, en un intento de dar el
ejemplo a los argentinos de invertir en su depreciada moneda.
En 2009 el entonces matrimonio presidencial fue sobreseído del delito de
enriquecimiento ilícito en la función pública, en un fallo del juez
federal Norberto Oyarbide, que afrontaba un juicio de remoción por
supuesto mal desempeño y se libró gracias al voto de la mayoría
kirchnerista en el Senado.
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